No somos iguales

SEÑOR DIRECTOR: Desde hace tiempo se debate sobre posibles indultos presidenciales y hemos conocido diversos puntos de vista. El más incoherente proviene de un sector de la derecha que solo ha buscado liberar a los criminales de Punta Peuco. Lo ha intentado mediante todo tipo de iniciativas, discursos y proyectos de ley, como el que buscaba beneficiar a los reclusos mayores de 75 años, presentándola como una acción humanitaria para todos los presos, pero que favorecía casi exclusivamente a los condenados de Punta Peuco. En estos días hemos leído las reflexiones de Carolina Tohá y Fidel Espinoza, hijos de ejecutados políticos, por quienes siento no solo gran respeto, sino también profundo cariño. Ambos han puesto de manifiesto la enorme brecha de humanidad que nos separa de los victimarios. Suele discutirse si un condenado enfermo terminal debe morir en la cárcel o en su casa. La verdad es que en Chile todo preso que padece una enfermedad grave es trasladado a un centro médico para recibir atención y los condenados por crímenes de lesa humanidad terminan sus días en el Hospital Militar rodeados de sus familiares. La discusión es, entonces, sobre el indulto presidencial. En nuestra familia sufrimos directamente las consecuencias devastadoras de un indulto. Tras 20 años de tramitación y espera, gracias a la exhaustiva investigación del juez Sergio Muñoz, pudimos obtener justicia para mi padre, Tucapel Jiménez Alfaro. Pero después de tanto dolor e incertidumbre, uno de los autores materiales del asesinato de mi padre fue beneficiario del indulto presidencial. Una decisión incomprensible, negligente y profundamente errónea, que reabrió heridas imborrables en nuestra familia. Es la Justicia la que debe condenar o liberar de culpa en democracia, con separación de poderes. El indulto presidencial es un recurso heredado de las monarquías, ningún Presidente debiera tener la potestad de modificar penas decididas por la Justicia. El debate debe remitirse a si un condenado por delitos de lesa humanidad que sufre una enfermedad terminal, pueda morir en su hogar en lugar de un hospital. No me opongo a que terminen sus días en su hogar, siempre y cuando esa decisión no sea política, sino una determinación del Poder Judicial sustentada en evaluaciones de un equipo médico independiente. De todas formas, ya sea en su hogar o en un centro de salud, ellos terminarán sus días acompañados por sus seres queridos, dignidad que le fue negada a mi padre y a tantas otras víctimas de los criminales de lesa humanidad que purgan hoy sus delitos. Tucapel Jiménez Fuentes