Postura chilena ante el A3C

El gobierno del Presidente Kast ha señalado que por ahora Chile mantendrá el carácter de “observador” en la Coalición Contra los Carteles de América (o A3C, por sus siglas en inglés), postura que fue refrendada en la cumbre recientemente celebrada en República Dominicana, a la que asistieron representantes de cerca de una veintena de países de la región. Se trata de una decisión razonable, pues resulta evidente que en tanto no exista plena claridad sobre sus alcances, especialmente en los compromisos que implicará en materia de uso de fuerza militar para el combate del crimen organizado y otras amenazas, por ahora parecería precipitado avanzar hacia una adhesión plena. No puede obviarse que el A3C forma parte de una estrategia global lanzada por la administración de Donald Trump. A fines del año pasado, la Casa Blanca presentó su nueva Estrategia de Seguridad Nacional, que para el caso del llamado Hemisferio Occidental -que incluye a todos los países del continente americano- supone reafirmar y hacer cumplir la Doctrina Monroe a fin de restablecer la preeminencia estadounidense. En ese marco se inserta el Escudo de las Américas, una coalición regional impulsada por Trump para combatir el crimen organizado -pero cuyos alcances no se limitan solo a ello, pues el acuerdo se estructura sobre tres pilares: económico, seguridad y coordinación multilateral-, y el A3C, que operaría como su brazo militar, y cuyas operaciones serán coordinadas a través del Departamento de Defensa de EE.UU. y el Comando Sur. Aquí también resulta claro que sus objetivos son muy amplios, pues el secretario de Guerra estadounidense hizo expresa mención de que se buscará defender el hemisferio “ante cualquier amenaza a la seguridad nacional o de actores extranjeros maliciosos”. El Presidente Kast anunció en septiembre que Chile adhirió al Escudo de las Américas, una decisión que ha levantado fuertes cuestionamientos en la oposición -incluso los expresidentes Boric y Bachelet llamaron a reconsiderar este paso-, al no estar claros sus alcances y aparecer subordinados a las políticas de Trump, pero lo cierto es que era difícil para el país quedar al margen de un acuerdo al que ya se integraron la mayor parte de los países de la región y que entre otros aspectos incluye compartir información de inteligencia para el combate al crimen organizado. Las implicancias del A3C, en cambio, están recién decantándose, ante lo que resulta natural actuar con la debida prudencia, más allá de que ya cuente con 19 países miembros. Como se ha revelado por estos días, ni siquiera dentro del gabinete hay plena coincidencia sobre si adherir o no a dicho acuerdo -el ministro de Defensa ha sido en tal sentido un tenaz defensor de mantenerse como país observador-, siendo además un hecho que nuestra legislación interna no contempla que las Fuerzas Armadas participen de operaciones contra el crimen organizado. El gobierno ha señalado que recibió nuevos antecedentes sobre el A3C, información que acertadamente ha decidido socializar con otras reparticiones públicas, incluyendo parlamentarios, a fin de que el A3C sea tratado como un asunto de Estado.