Gobierno prevé recaudar más de US$100 millones al año con regulación a casinos online y firmas critican prohibición de publicidad

El gobierno ingresó una serie de indicaciones al proyecto de ley que busca regular las casas de apuestas online en el país. La iniciativa, que está en su segundo trámite legistivo, retomó el debate en la Comisión de Economía del Senado. En esta instancia el subsecretario de Hacienda, Sebastián Vallebona, expuso los cambios a la iniciativa. Lo primero que mencionó es que las indicaciones buscan reforzar los mecanismos de verificación de identidad de los usuarios, de modo de permitir la implementación continua de los medios tecnológicos “más avanzados” que se encuentren disponibles, y un control permanente y continuo de la identidad de las personas que acceden a las plataformas, así como de la verificación de las causales legales de exclusión. Esta finalidad también orienta la prohibición de publicidad de las apuestas en línea, sancionada administrativa y penalmente, y de forma agravada en caso que contenga elementos que la hagan especialmente atractiva para niños, niñas y adolescentes. Este es uno de los cambios principales que introdujo el Ejecutivo. En la iniciativa original se restringía la publicidad, en cambio ahora se avanza hacia una prohibición total en todo tipo de plataformas y sectores económicos. De acuerdo al proyecto, “se establece una norma transitoria que permite mantener por un año la publicidad de plataformas que opten por regularizarse y realizada en virtud de un contrato celebrado antes de la publicación de la ley”. En caso de no respetarse, la propuesta fija una serie de multas: para las plataformas de apuestas en línea con licencia es una infracción gravísima que puede sancionarse con revocación. Para terceros que participan, es decir que diseñan, producen, difunden o intermedian, tendrán multa de 3 a 30 UTM, y si no cumple orden de suspensión es una infracción grave con una multa de hasta 2.000 UTM o el doble del beneficio económico. Nueva tasa La propuesta también cambia la estructura impositiva. El proyecto inicial incluía la aplicación del IVA por ser un servicio de entretenimiento digital, lo que permitía a las operadoras recuperar créditos fiscales por bienes y servicios que adquieran y contraten (como publicidad y software). Al igual que los casinos tradicionales, quedaban sujetas a un impuesto específico 20% que buscaba corregir la externalidad del juego. Sin embargo, esa tasa permitía descontar el pago del IVA y los PPM. Y para fomentar el juego responsable, se establecía un aumento de la tasa del impuesto específico de 1%, con posibilidad de descontar los desembolsos realizados por dicho concepto. En cambio ahora, se aplica una tasa de impuesto específico de 3%, pero sin descontar el IVA y los PPM, por lo que la tasa efectiva sumando el IVA llegará a 22%. Junto a ello, habrá una tasa de aporte al juego responsable de 1% sobre los ingresos brutos, menos IVA y PPM, y un aporte directo del Fisco a un nuevo Fondo de Ludopatía de 60.000 UTM por 3 años. Se mantiene un gravamen anual de 1.000 UTM por licencia. El subsecretario de Hacienda, Sebastián Vallebona, planteó que “con este cambio no hay una disminución de impuestos de 20% a 3%, ya que se trata de bases imponibles distintas”. En ese sentido, el personero de gobierno explicó que “el proyecto aprobado en general establece una variedad de impuestos (IVA, impuesto específico, tasa de aporte al deporte y tasa de aporte al juego responsable) sobre cuyas bases se realizaban múltiples descuentos. Esto resultaba en una distorsión que incluso para plataformas más rentables pagaban menos impuestos, pudiendo llegar a cerca de $0”. De acuerdo a Vallebona, “la indicación del gobierno corrige esto con una tasa fija de 22%, compuesta de IVA, sin crédito tributario, y un impuesto adicional de 3% sobre ingresos brutos sin ningún descuento en la base. Esto permite una tributación predecible y fácil de fiscalizar”. Con estas modificaciones la estimación de recaudación supera los US$100 millones el primer año y llega a US$133 millones al quinto año. Esta proyección es mayor a los US$84 millones anuales del proyecto anterior. Visión de la industria Las dos agrupaciones que reúnen a las plataformas digitales que operan en Chile manifestaron su preocupación por la tramitación del proyecto de ley que busca regular, por primera vez, su operación en el país. La Agrupación Chilena de Plataformas de Apuestas en Línea (aPAL), entidad liderada por el abogado Carlos Baeza, valoró los avances de la iniciativa en el Congreso. “Destacamos especialmente la incorporación de un Reglamento de Juego Responsable de carácter preventivo y la creación de un Fondo de Prevención y Tratamiento de la Ludopatía. Ambas medidas representan importantes avances en materias que han sido centrales en la discusión parlamentaria y que consideramos necesarios para una regulación efectiva”, señaló aPAL. Sin embargo, aseveró que “para que estos avances cumplan sus objetivos es necesario, en primer lugar, asegurar que los usuarios elijan plataformas reguladas. La prohibición absoluta de publicidad y la prohibición de bonos y promociones afecta gravemente este objetivo. Si las plataformas reguladas no pueden darse a conocer ni ofrecer condiciones competitivas frente a la oferta ilegal, la más importante y primera de todas las condiciones de protección no se habrá cumplido. La regulación protege solo a quienes juegan dentro de ella”. Los miembros de aPAL son: Coolbet, Latamwin, Betway, Juegaenlinea, EpicBet, RojaBet, Bet7K y MiCasino. En la misma línea, Sandra Kemp, directora ejecutiva de iGaming Responsable (AGR), que reúne a Betano, Estelarbet, Betsala, Novibet y Juegalo, sostuvo que las indicaciones “abordan de manera adecuada cómo se entra al mercado, como el acceso por cumplimiento de estándares y no por cupos; una transición sujeta a requisitos verificables; la comprobación reforzada de identidad y edad; el registro de personas excluidas que las plataformas deberán consultar; los límites preventivos desde la apertura de cada cuenta; la segregación de los fondos de los usuarios; un tributo calculado sobre el margen del juego y no sobre el total apostado, y un fondo de prevención y tratamiento de la ludopatía radicado en el Ministerio de Salud”. Pero planteó que “necesitamos reglas estrictas sobre contenidos, frecuencia, horarios y protección de menores. La publicidad responsable también puede informar, prevenir y ayudar a distinguir a los operadores autorizados de los ilegales. Prohibir la publicidad no elimina el mercado clandestino; puede incluso dificultar que los usuarios encuentren alternativas reguladas y fiscalizadas por el Estado”.