En antesala de sesión clave y en medio de presión por su salida, Rabat revela que 40 condenados beneficiados ya tenían fallos favorables

Tras exponer en la Comisión de Constitución del Senado y dar una conferencia de prensa, el ministro de Justicia, Fernando Rabat , protagonizó una caótica escena, asediado por las cámaras de TV y los periodistas que le seguían haciendo preguntas. Tratando de escapar de la presión mediática, se dio una larga vuelta por los pasillos del Senado hasta que por fin encontró una escalera para salir del lugar. Antes de salir de los focos y la maraña de cámaras y micrófonos (incluso un camarógrafo terminó en el suelo producto del ajetreo), un impasible Rabat sacó un dulce de su bolsillo para llevárselo a la boca. Era la primera comparecencia de Rabat en el Congreso desde que estalló la crisis generada por los decretos gubernamentales que rebajaban penas a condenados por delitos sexuales contra menores. El titular de Justicia, quien desde el fin de semana se venía preparando para la seguidilla de citaciones parlamentarias, llegó con una presencia reforzada a exponer a la Comisión de Constitución, que fue convocada en forma extraordinaria para analizar un conjunto de iniciativas que buscan restringir estos beneficios carcelarios. A este encuentro llegó acompañado de los ministros Claudio Alvarado (UDI) y José García (RN), en una suerte de antesala a lo que será su presentación en la otra rama del Congreso. Debate intenso Este miércoles, la Cámara de Diputados lo convocó a una sesión especial para que explique los argumentos jurídicos detrás de los 54 decretos que concedieron rebajas y que generaron una insospechada crisis política , al punto de que voces del propio oficialismo comenzaron a pedir la renuncia de Rabat. Si bien la sesión de este miércoles será la que medirá si hay piso político para una acusación constitucional contra el titular de Justicia, el encuentro preliminar en el Senado fue también tenso. Por ejemplo, las senadoras socialistas Paulina Vodanovic y Daniella Cicardini le enrostraron nuevas revelaciones sobre el hecho de que dentro de las rebajas de penas concedidas había una banda de extorsionadores ligados supuestamente al Tren de Aragua y también la liberación de un condenado por violaciones a los derechos humanos. En respuesta, Raba t insistió en que actuó apegado a la legalidad y que la Ley 19.856 (que crea un sistema de reinserción social para los condenados basado en la observación de buena conducta), salvo situaciones muy puntuales, casi no permite hacer excepciones para negar rebajas de penas. Incluso, Rabat sostuvo que, en la mayoría de los casos que se le reprochan, había resoluciones judiciales que le obligaban a firmar los decretos. “En el caso que ha llamado la atención estos días, de los 54 casos que el Ministerio de Justicia determinó que era procedente el beneficio, hay, a lo menos, hasta este momento, 40 de ellos que tenían un recurso de amparo previo... Y la comisión (que revisa los beneficios) los había excluido porque, en su entender, estaban dentro de la situación del literal e) del artículo 17 (que regula las excepciones)”, aseguró. Y añadió: “Comprenderá usted, entonces, señor presidente, que uno puede sino cumplir una sentencia ejecutoriada de las cortes o de los tribunales superiores del país”. El secretario de Estado expuso que este problema de interpretación fue detectado inmediatamente después de la publicación de la Ley 19.856 en febrero del año 2022. “En el mismo mes de febrero se interpuso el primer recurso de amparo. Y ya la defensora de la Niñez, en la historia fidedigna de la ley, había pedido una norma transitoria que evitara, precisamente, el problema que se suscitó”, comentó. En el debate, el presidente de la Comisión de Constitución, el senador Vlado Mirosevic (liberal), propuso fusionar las cuatro iniciativas para regular este tema, entre ellas una del gobierno, con el fin de que “nunca más un ministro de Justicia ni un gobierno interprete la ley en favor” de condenados por delitos sexuales. No obstante, la senadora Claudia Pascual (PC) planteó que, más que un problema de interpretación legal, veía una falta de “prudencia” del Ejecutivo. Por su parte, en defensa de Rabat, el senador Andrés Longton (RN) insistió en que la solución debiera ser una ley interpretativa que restrinja beneficios , pero su par Arturo Squella (republicano) fue incluso más allá y s ugirió buscar un acuerdo para derogar la Ley 19.856 para que ningún condenado, no solo aquellos por delitos excluidos, se vea beneficiado por esa norma. Prueba de fuego A pesar de las explicaciones de Rabat, en el oficialismo temen que la crisis política cada día se ponga peor. Tanto en La Moneda como en el propio equipo de Rabat saben que el ministro está caminando por la cuerda floja. Abogado litigante por décadas y experto en temas civiles, ha tenido que enfrentar uno de los golpes más grandes de su carrera. Esta vez no ha sido por algún revés en la Corte, sino por un error político. Con el fantasma de la jurisprudencia reiterada y mayoritaria de la Segunda Sala de la Corte Suprema a sus espaldas, Rabat resolvió la disyuntiva de las rebajas de condenas por delitos sexuales desde una óptica netamente jurídica y, sin prever sus consecuencias, desató una bomba de tiempo que explotó la semana pasada, cuando el asunto lo destapó el medio Interferencia. La prueba de fuego de si la crisis escala tiene fecha y hora: este miércoles, a las 15:00, en la sala de la Cámara. Hasta allá tendrá que llegar el ministro para exponer ante los diputados y escuchar la intervención de las bancadas. Ahí tendrá que rendir examen ante diputados que llegarán con artillería para cuestionar la reducción de condenas a personas que estaban en la cárcel cumpliendo penas por delitos especialmente sensibles. Con el fin de prepararse para ese encuentro, que se prevé que será más difícil que el que sostuvo en el Senado, Rabat sostuvo una reunión ampliada con jefes de división y su equipo más cercano, donde abordó punto por punto los flancos que deberán enfrentar. El objetivo es que los asesores —sobre todo los de la División de Reinserción Social— hagan el levantamiento de información para que Rabat tenga los insumos para sortear con éxito su cita con los diputados. El aspecto comunicacional es otro asunto que también ha tenido que abordar. Para eso, Rabat ha recibido apoyo desde la Secom y el objetivo es sostener un relato alejado de los tecnicismos jurídicos. En La Moneda saben que Rabat pende de un hilo y que ahora depende de él que la crisis no crezca. De hecho, en el comité político hubo ministros que manifestaron que una salida pragmática era sacar al titular de Justicia, pero fue el propio Presidente José Antonio Kast quien intervino para descartar esa opción. El problema es que varios de los integrantes del comité político han recibido los mensajes de dirigentes y parlamentarios del oficialismo. Estas voces han notificado que la línea de crédito de Rabat se está agotando. Un test importante se dará tras el debate en la Cámara. Al final de la sesión especial, las bancadas procederán a votar resoluciones. Por lo general, algunas son en tono crítico y otras a favor del gobierno. Para este miércoles hay preocupación en las bancadas oficialistas porque puede haber desbandes de diputados de derecha que adhieran a declaraciones duras contra Rabat y el Ejecutivo. También hay un serio riesgo de que las resoluciones promovidas por el oficialismo, muy afines con el discurso de La Moneda, se rechacen. El resultado de esas votaciones podría ser la antesala a una eventual acusación constitucional y serviría como indicador de cómo están los ánimos en la Cámara. Desfonde oficialista Ni siquiera en los peores momentos de desempeño de las exministras Mara Sedini y Trinidad Steinert hubo un coro de parlamentarios oficialistas que pidiera su salida de forma tan decidida. Este lunes, de hecho, la senadora María José Gatica (RN) hizo ver a los ministros del comité político de La Moneda que consideraba que la renuncia del titular de Justicia era “lo mínimo” que se debía hacer. El senador Rojo Edwards, del mismo comité, dijo este lunes en Radio Infinita que “la magnitud del error es tan grande que creo que el ministro no debiese seguir y ojalá que él pueda renunciar para hacerle la vida más fácil al sector y al Presidente”. Esta mañana, dos diputados oficialistas se sumaron a esa exigencia. Omar Sabat, independiente integrante de la bancada UDI, dijo que “el ministro Rabat tiene que dar un paso al costado porque esto está perjudicando al gobierno en general. Él tiene que dejar el ministerio, porque esto es un error garrafal. No hay que olvidar que hay niños y jóvenes involucrados, y hay que protegerlos”. Por su parte, la diputada Claudia Mora, de la bancada de Renovación Nacional, planteó que “la permanencia del ministro Rabat es insostenible. La credibilidad del gobierno está en juego y la magnitud del error no deja otra alternativa. El resguardo de niños tiene que ser un sello incuestionable, y eso ya se manchó, por lo que el ministro debe dar un paso al costado”.