Tempranamente se hizo evidente que el gobierno del Presidente José Antonio Kast tenía serios problemas en materia de comunicación, lo que desde luego no solo fue consecuencia del error que significó haber puesto inicialmente como vocera a una persona que carecía de la experiencia para ello -incurriendo en sucesivos traspiés que restaron peso y credibilidad a La Moneda-, sino también producto del diseño que el propio Mandatario ha consentido, en orden a permitir que los ministros manejen agendas comunicacionales propias que incluso pueden entrar en contradicción entre ellos mismos o con las directrices fijadas a nivel central, lo que claramente se traduce en desorden y la falta de un relato claro. El cambio de gabinete que tuvo lugar en mayo fue en parte un intento por subsanar estas dificultades, para lo cual se forjó un diseño sobre la base de empoderar al ministro del Interior Claudio Alvarado, de modo que además de sus funciones como jefe de gabinete también asumiera la titularidad de la Secretaría General de Gobierno (Segegob) y con ello la vocería, dejándose en pie la subsecretaría de dicho ministerio. Con dicha apuesta el Mandatario no solo buscó avanzar en la línea de ir aglutinando ministerios -con miras a una política de racionalización del Estado-, sino además se partió de la base de que la vocería quedaba fortalecida al ser ostentada por Alvarado, reduciendo además el riesgo de errores en la comunicación. El nuevo diseño, sin embargo, no tardó en naufragar, pues fue evidente que las espaciadas vocerías del titular de Interior -la mayor parte del tiempo ha tenido que dedicarse a la negociación de reformas en el Congreso- generaron un evidente vacío comunicacional, y el propio Alvarado vio resentida su autoridad cuando se llegó al extremo de que un grupo de ministros no le comunicó que recurrirían al Tribunal Constitucional para impugnar un articulado que la oposición incluyó en el proyecto de ley de Reconstrucción, lo que fue un bochorno. Bajo este diseño no se calcularon los riesgos de exponer al jefe de Gabinete a los vaivenes de la comunicación política y las limitaciones que tenía para salir a enfrentar directamente a la oposición -uno de los roles más relevantes que debe ejercer un vocero-, pues en paralelo debe negociar con dicho sector. El Presidente Kast ha decidido poner en marcha esta semana un tercer diseño comunicacional, nombrando al exdiputado UDI Gonzalo Arenas -muy cercano a Alvarado y al propio Kast- como subsecretario de la Segegob, para que oficie como nuevo vocero de gobierno. Por cierto que lo primero que llama la atención es que dicho cargo será ejercido por alguien que no tiene el rango de ministro -algo inédito desde que dicha repartición fue elevada a rango ministerial, a mediados de los años 70-, más allá de que probablemente a Arenas se le debe haber señalado de que en los hechos gozaría de un estatus ministerial. Si bien todavía es demasiado temprano para evaluar sus destrezas como vocero -su debut, en todo caso, fue particularmente complejo, a raíz de la delicada posición en que ha quedado el ministro de Justicia y el propio gobierno producto de las rebajas de condena de que han sido objeto delincuentes condenadas por abusos o violación de menores-, resulta fácil anticipar que este nuevo diseño contiene una serie de debilidades que arriesgan a que los problemas comunicacionales se prolonguen, dañando a La Moneda. Desde luego, cuesta entender la decisión adoptada por el Presidente en orden a insistir en que el vocero no sea ministro de Estado, con lo cual el cargo parte automáticamente debilitado. Más allá de que Arenas tenga toda una trayectoria en el ámbito político, el hecho de que jerárquicamente ostente el rango de subsecretario lo coloca en una posición de poder inferior a la que pueda tener cualquier ministro. Dada la pulsión por la excesiva figuración de algunos secretarios de Estado, si ya fue difícil para el ministro Alvarado contenerlos, ello se ve menos factible aún para un subsecretario, exponiéndose a que si por alguna circunstancia se ve en la necesidad de desautorizar a un ministro, este pueda fácilmente soslayarlo. Su incorporación al comité político, que le dará acceso al corazón de las decisiones que se toman en La Moneda -y que, según ha trascendido, fue una de sus exigencias para aceptar esta nominación-, tampoco es garantía de que podrá imponer una línea comunicacional, para no mencionar lo anómalo que resulta el hecho de que dicha instancia -a la que solo concurren un puñado de secretarios de Estado- sea integrada por un personero que no tiene el rango de ministro. Tampoco es claro si la falta de estatus ministerial del vocero puede repercutir en las gestiones que la Segegob debe hacer ante el Congreso, particularmente en proyectos de ley como la modernización de TVN y otras materias a su cargo, lo que probablemente exigirá que Alvarado deba seguir a cargo, haciendo difícil su delegación. Puede que la nominación de Arenas subsane el déficit que implicaba tener una vocera sin experiencia y que aliviane la tarea del biministro Alvarado, pero el nuevo diseño ha pasado por alto la regla no escrita de que los voceros de gobierno con verdadera autoridad son quienes tienen poder real, y si bien el hecho de ser ministro no es garantía de que se podrá ejercer dicho liderazgo -como ha quedado demostrado a partir de los problemas que ha tenido Alvarado para disciplinar a los suyos- lo básico es que quien ejerza dicho rol tenga al menos las potestades propias de un ministro de Estado, es decir, que sea un par dentro del gabinete. A la luz de las enormes dificultades que ha tenido el gobierno para encontrar un tono comunicacional y mejorar la coordinación política, lo que se habría esperado es un diseño que apuntara a fortalecer el rol de la Segegob y tratar de corregir los problemas detectados, pero el empecinamiento del Mandatario por prescindir de un ministro -que por lo demás solo se está ahorrando un cargo, porque el resto de la estructura de ese ministerio se mantiene, de modo que no es un ahorro real- lo ha llevado nuevamente a incurrir en una apuesta de alto riesgo para su gobierno.
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