¿Quién defenderá a las personas con discapacidad?

En su último informe ante el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Estado de Chile presentó el Programa de Acceso a la Justicia del Servicio Nacional de Discapacidad (SENADIS) como su principal respuesta en esta materia, con asesoría jurídica especializada y gratuita. Pocas semanas después del examen en Ginebra, el proyecto de Ley de Presupuestos 2027 no le asignó recursos. El programa que se mostró con orgullo ante la ONU quedaría sin financiamiento en 2027. Las personas con discapacidad son discriminadas en el trabajo, en la salud, en el transporte y en los mismos tribunales. El acceso a la justicia les permite hacer valer sus otros derechos, y sin un abogado esos derechos pueden quedar en el papel. El programa nació en 2011 como un piloto. La idea era fortalecerlo y que luego las Corporaciones de Asistencia Judicial lo asumieran como propio, pero eso nunca ocurrió del todo. Siguió funcionando con un convenio que se renueva año a año, con un abogado por región, a menudo a media jornada, y contratos que muchas veces no permiten acumular experiencia. Aun así, con un esfuerzo que excede lo que les pagan, sus abogados han cambiado la vida de muchas personas con discapacidad. Orientan y representan a personas discriminadas, buscan acuerdos antes de llegar a juicio, capacitan a funcionarios y tribunales. Gracias a su trabajo, los tribunales obligaron a los canales de televisión a transmitir las emergencias en lengua de señas, condenaron a Metro por una estación inaccesible, sancionaron a una academia de teatro por excluir a un alumno en silla de ruedas y ordenaron facilitar el voto de las personas con discapacidad. El recorte no se explica por su costo ni por malos resultados. El programa cuesta unos 448 millones al año y en 2025 realizó casi 2.900 atenciones. El Ministerio de Desarrollo Social lo recomendó favorablemente, y aunque la Dirección de Presupuestos ha pedido mejores indicadores, ninguna de sus evaluaciones propuso cerrarlo. El gobierno lo incluyó entre los 18 programas que elimina sin dar razones. La ley que creó el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia incluye a las personas con discapacidad entre los grupos que debe proteger especialmente, pero su puesta en marcha se posterga hasta enero de 2028 en seis regiones y 2029 en las otras diez. Si el presupuesto se aprueba tal como está, desde enero no habrá programa ni Servicio. Al gobierno le corresponde explicar quién representará a las personas con discapacidad, qué pasará con los casos en curso y cómo se cumplirá con la Convención, que obliga a Chile a asegurar su acceso a la justicia. Hasta fines de noviembre hay tiempo para que se repongan estos recursos, al menos hasta que el nuevo servicio entre en operación y asuma las tareas del programa. Por Pablo Marshall, profesor de Derecho, Universidad Austral de Chile, Director alterno, Núcleo Milenio DISCA