Remoción de 18 jueces por mal uso de licencias

La Corte Suprema concluyó recientemente la vista de los cuadernos de remoción que abrió en contra de 56 jueces que viajaron fuera del país mientras se encontraban haciendo uso de una licencia médica. Luego de llevado a cabo el proceso, un total de 18 magistrados fueron removidos del Poder Judicial -entre ellos el controvertido juez de garantía Daniel Urrutia-, con lo cual el máximo tribunal ha dado una señal relevante en cuanto a no permitir que hechos sin duda graves e incompatibles con el rol que está llamado a desempeñar un juez quedaran en la impunidad. La masiva investigación que emprendió el máximo tribunal en buena medida se debió al empeño de su presidenta, Gloria Ana Chevesich, quien sostuvo el criterio de que el máximo tribunal tiene “la obligación de velar por el cuidado del Poder Judicial, por su legitimidad ante una sociedad democrática de derecho, ante malas conductas que afectan su imagen, deteriora su estatura moral degrada su credibilidad o alimenta el desprestigio de la judicatura”, haciendo valer la facultad constitucional para remover a aquellos jueces que no han mostrado un buen comportamiento, potestad que, como ella señaló, es de carácter preventivo y protector. El procedimiento no ha estado exento de controversia incluso al interior del propio Poder Judicial, pues incluso la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados señaló que la decisión de remover a jueces adoptada por el Pleno “constituye uno de los episodios más graves para la independencia judicial desde el retorno a la democracia”, optando por recurrir ante el TC, el que recientemente declaró admisible un recurso de inaplicabilidad, en el cual entre otros puntos se hacen ver que dichos procedimientos vulneran garantías fundamentales, como la falta de un debido proceso. Parece en todo caso improbable que dicha acción prospere, pues el TC ya desechó recursos que buscaban impugnar el auto acordado de la Corte Suprema en el cual regula las remociones, siendo lamentable que el gremio no se haga cargo del comportamiento reprochable en que incurrieron algunos de sus asociados, que es el origen de las remociones. El paso que ha dado el máximo tribunal ha sido enérgico -18 remociones es una cifra inédita-, pero difícilmente se podría sostener que ha sido discrecional y que se careció de un debido proceso, pues las sanciones se concentraron en aquellos casos más graves, lo que debería servir para marcar un precedente sobre los criterios que de ahora en adelante se observarán para efectos de establecer un mal comportamiento. De todos los sancionados, el caso más llamativo sin duda ha sido el del juez Urrutia. Si bien su suerte quedó sellada con dos viajes al exterior mientras hacía uso de licencia médica, lo realmente sorprendente es cómo dicho magistrado no fue apartado antes de su cargo, atendidas sus polémicas actuaciones, como por ejemplo cuando en 2020 resolvió de oficio cambiar la medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliario a miembros de la llamada “primera línea”, o cuando en otra decisión polémica otorgó una serie de beneficios a reclusos en la cárcel de alta seguridad. Con tal nivel de activismo era evidente que su rol de velar por los derechos de los imputados mutó hacia causas ideológicas, algo incompatible con la imparcialidad que se exige de un juez.