Tito Lorenzo Lovo Carretero, exdirector encargado de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno del Ministerio del Interior, confirmó que supervisó dos contratos suscritos por Deicy Alejandra Jiménez Ramírez con esa cartera, por un valor conjunto cercano a $41.000.000. Jiménez es la joven que ha sostenido públicamente que, según su denuncia a la revista Semana , recibió contratos estatales —incluso en el Senado de la República, desde 2019— como contraprestación por presuntos favores sexuales al expresidente Gustavo Petro. En cuanto a los convenios con el Ministerio del Interior dirigido por Armando Benedetti, los documentos conocidos por Infobae Colombia que soportan la existencia de dichos contratos y los señalamientos hacen parte de actuaciones que ya son conocidas por la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación. Al respecto, se conoció la versión de Lovo Carretero que, según una entrevista publicada por el diario El Tiempo , aseguró que, efectivamente, Jiménez habría firmado un primer contrato el 29 de agosto de 2025, por $11.000.000, para apoyar la gestión de la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana. El segundo fue suscrito el 21 de enero de 2026, por $30.000.000 y con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026. Lovo Carretero confirmó al medio nacional que fue supervisor de ambas órdenes de prestación de servicios (OPS) y precisó que el contrato de 2025 tuvo una remuneración mensual de $2.534.395 durante cuatro meses y medio, mientras que el de 2026 estableció pagos mensuales por $2.648.443 durante 11 meses y medio. Los convenios laborales fueron celebrados bajo la modalidad de contratación directa y contemplaron tareas de archivo, digitación, apoyo documental y asistencia a la gestión. Los soportes revisados registraron que Jiménez llegó al Gobierno Petro con título de bachiller académico y experiencia laboral en el sector audiovisual independiente. El exfuncionario justificó los contratos por falta de personal Debido a que a través de un rastreo documental se conoció que los contratos en ese momento se habrían pactado ante un caso de “insuficiencia de personal para el cumplimiento de los objetivos”, un documento conocido por el medio citado, que fue firmado por el supervisor, indicó que la justificación para asignar las labores a la joven habría radicado en “la necesidad de contratar personal de apoyo a la gestión para que preste sus servicios apoyando en la consolidación de los informes que se requieran para el seguimiento de los proyectos financiados y/o cofinanciados con recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. El exfuncionario indicó en el diálogo con la fuente citada que la contratación correspondía a necesidades operativas de la dependencia y aseguró que Deicy Jiménez cumplía con el perfil requerido para prestar apoyo a la gestión. “Con respecto a la contratación de profesionales y/o personas de apoyo a la gestión, se justifica en insuficiencia de personal de planta para cumplir con todas las funciones de la Subdirección. Es importante señalar que la Subdirección cuenta con poco personal de planta, entre seis y siete funcionarios, lo que hace necesario recurrir a la contratación de más de cien personas mediante contratos de prestación de servicios (OPS) ”, dijo al medio. Consultado sobre una posible recomendación para la vinculación de Jiménez, Lovo Carretero respondió: “ No tengo conocimiento específico ”. Entonces agregó que la decisión fue tomada en una instancia superior, ya que “ la vinculación de contratistas es una decisión de la alta dirección y allá es donde se decide por qué dependencia se vinculan” . Desde el Gobierno nacional se pronunciaron sobre el caso de Deicy Jiménez El 25 de octubre de 2026, tras conocerse las polémicas declaraciones de la joven, el Gobierno de Abelardo de la Espriella informó, a través del Ministerio del Interior, que activó una ruta de seguridad junto con la Unidad Nacional de Protección para atender posibles riesgos contra Jiménez, luego de que sus declaraciones se hicieran públicas. El Ministerio del Interior indicó que la decisión fue adoptada por instrucción del presidente y señaló que “la protección de la vida no admite dilaciones”. La cartera añadió que ninguna persona debe enfrentar amenazas, intimidaciones o represalias por entregar un testimonio o hacer públicos sus señalamientos. El testimonio de Deicy Jiménez Ramírez, que ella llevó a Semana, incluyó acusaciones de presunto “abuso y control de poder”. “No estoy de acuerdo con el abuso de poder que hubo durante el gobierno de Gustavo Petro, que prácticamente usaba mujeres jóvenes para sus beneficios propios personales a cambio de contratos. Pues no estoy de acuerdo con eso, el abuso de poder (...) Cuando las mujeres aceptaban acompañarlo en sus fiestas o en sus reuniones y a cambio les da contratos, pues es un abuso de poder, como un control que tiene para que no hablen. (...) Son bastantes mujeres las que tienen por contratos y que lo acompañan ”, dijo en entrevista con la revista.

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Tito Lorenzo Lovo Carretero, exdirector encargado de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno del Ministerio del Inte