INE, la disyuntiva

Uno tras otro, los escándalos no cesan; antes bien, se reproducen copiosamente y ahora le tocó al árbitro electoral verse envuelto en lo que parece ser una trama de intereses económicos, ambiciones políticas y hasta voliciones sentimentales que se exhiben públicamente en medios de comunicación. El otrora prestigioso e impoluto Instituto Nacional Electoral atraviesa el momento más difícil de su historia, no sólo por los cuestionamientos sobre la imparcialidad de sus determinaciones, sino, ahora, por el posible conflicto de interés y la pulcritud de su administración interna en la adjudicación de jugosos contratos a proveedores cercanos a su presidencia que han quedado expuestos al escrutinio público. La colonización del organismo electoral por parte del movimiento regenerador de la vida pública de México ha sido paulatina y constante, con la evidente finalidad de legitimar las decisiones emanadas desde las más elevadas posiciones de la estructura política para conservar el poder, convirtiéndose, en la práctica, en un instrumento indispensable para el logro de ese objetivo, más que en un árbitro confiable e imparcial que blinde con certeza y credibilidad los procesos democráticos de nuestro país. El penoso asunto que recientemente se ha ventilado en los medios pone, al menos en entredicho, la probidad con que se conduce la institución que debe ser garante de la transparencia en un ambiente democrático. La opacidad y la parcialidad en la adjudicación de contratos serían sólo una muestra de los umbrales de la ética y la respetabilidad que guían la elevada misión del organismo público autónomo. Tanto en el instituto como en la oposición y en el propio movimiento transformador, han surgido voces exigiendo explicaciones a la ahora expresidenta, quien había dejado clara su negativa a separarse del cargo, pero la presión apenas comienza y amenaza con adquirir dimensiones que, sumadas a otros escándalos aún vigentes, pondrán, una vez más, en aprietos a la clase política desde los más altos niveles, que ha tomado, paradójicamente, como bandera, la “honestidad frente a la corrupción”. Es muy probable que, como en otros temas que aún están vigentes, se opte por dejar correr el tiempo y se apueste al velo sanador del olvido, pero la carga de ilegitimidad que se cernirá sobre el organismo electoral, sobre sus integrantes y sobre su actuación en los procesos que está mandatado a organizar y vigilar su transparencia y legalidad, quedarán bajo sospecha. El tema no es menor ni intrascendente; al elegirse la remoción, se prescinde de un aliado estratégico fundamental a modo. Si se optaba por la protección, se corroboraría la parcialidad y la impunidad. Todo un dilema.