Madrid, 27 oct (EFE).- El Gobierno ha destinado este año 38 millones de euros procedentes de decomisos de bienes relacionados con el narcotráfico a la prevención y a la lucha contra el tráfico de drogas, según ha informado el Ministerio de Sanidad. En concreto, de esos 38 millones, 20 se han destinado a programas de reducción de la demanda de drogas, 16,5 millones a actuaciones de control de la oferta y 1,5 millones a los gastos de gestión del propio fondo procedente de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados. El fondo se nutre de los recursos procedentes de bienes, efectos e instrumentos decomisados por sentencia firme en procedimientos relacionados con el narcotráfico y su cuantía depende de los decomisos que se incorporan cada año. En su reunión de este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo -propuesto por la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones- que fija los criterios de distribución para 2027 de dicho fondo. Así, explica Sanidad, en materia de prevención, se financiarán programas de sensibilización sobre el consumo de drogas, las nuevas sustancias y los patrones emergentes de consumo, además de actuaciones relacionadas con las enfermedades transmisibles y los problemas de salud mental asociados a las adicciones. Las intervenciones asistenciales y de inserción social y laboral prestarán especial atención a menores en situación de riesgo, personas con problemas judiciales o de salud mental, población penitenciaria y colectivos en situación de vulnerabilidad social, especialmente mujeres y personas migrantes. El acuerdo contempla también la financiación de proyectos de investigación, formación de profesionales y voluntariado, mejora de los sistemas de información y vigilancia epidemiológica, además de actuaciones de respuesta rápida ante nuevos problemas relacionados con las adicciones. En el ámbito del control de la oferta, se financiarán actuaciones para mejorar los medios tecnológicos y materiales destinados a la investigación del tráfico de drogas y el blanqueo de capitales, la detección y análisis de sustancias, su almacenamiento y destrucción, y la formación de los profesionales implicados. También se desarrollarán proyectos de cooperación internacional, intercambio de información y buenas prácticas, prevención y asistencia, además de actuaciones conjuntas contra el tráfico ilícito de drogas. Por otra parte, el Consejo de Ministros también ha aprobado, a propuesta de Sanidad, un real decreto que regula la concesión directa de una subvención de 300.000 euros para ampliar y mejorar los servicios de la web 'Quiero Abortar', un recurso estatal de información, orientación y acompañamiento sobre el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. El objetivo es facilitar el acceso a información fiable, con independencia del lugar de residencia, y reducir las desigualdades territoriales derivadas de las diferencias en la organización de los servicios sanitarios y los procedimientos establecidos por las comunidades autónomas La subvención se concederá a L’Associació Pels Drets Sexuals i Reproductius, entidad promotora de la web con cerca de cuarenta años de experiencia en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos. La financiación permitirá reforzar los servicios de consulta y acompañamiento 'online' para ofrecer información y orientación individualizada durante todo el proceso, tanto a las mujeres que necesiten acceder a la interrupción voluntaria del embarazo como a las personas trans con capacidad de gestar. Asimismo se podrán desarrollar materiales formativos y herramientas de apoyo técnico para los profesionales sanitarios que intervienen en la atención a la salud sexual y reproductiva. "La iniciativa responde a la persistencia de diferencias entre comunidades autónomas en la disponibilidad de servicios de interrupción voluntaria del embarazo, los circuitos de derivación, la información facilitada a las usuarias y la disponibilidad de profesionales sanitarios", asevera Sanidad. EFE
Madrid, 27 oct (EFE).- El Gobierno ha destinado este año 38 millones de euros procedentes de decomisos de bienes



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