¿Y si esperamos los resultados?

La impaciencia se ha convertido en una característica de la vida política. Se exige a los gobiernos resolver en pocos meses problemas acumulados durante años o incluso décadas, se juzgan sus resultados cuando muchas decisiones apenas pueden comenzar a producir efectos. La administración del Presidente Kast no escapa a esta tendencia. Sin desconocer errores ni controversias, conviene analizar lo realizado y conceder a las políticas públicas el tiempo requerido para demostrar su eficacia. La Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social fue publicada, comienza recién a implementarse. Contiene incentivos a la inversión y medidas tributarias, cuyos efectos sobre la actividad y el empleo deberán contar meses para ver frutos. Se ha presentado el plan Chile Despega, orientado a acelerar obras, con el fin de estimular la contratación. Son iniciativas relevantes en un país que precisa recuperar dinamismo económico, aunque es prematuro medir sus logros. En seguridad, el Ejecutivo ha situado el combate al crimen organizado entre sus prioridades. La agenda legislativa incorpora nuevas herramientas para las policías y el sistema penal. La aprobación parlamentaria de las reglas sobre uso de la fuerza y ampliación de los plazos de flagrancia constituyen avances normativos. Su impacto empieza a despuntar, confiando para su plena materialización en una coordinación institucional en marcha. Con todo, otras iniciativas han encontrado objeciones que fuerzan a buscar acuerdos. También cabe apreciar los esfuerzos por reducir el gasto público, agilizar proyectos de inversión y reforzar el control fronterizo. Son ámbitos donde la dirección de las decisiones parece correcta, pero la verificación de resultados contundentes se percibirá en el mediano plazo. La prudencia política exige distinguir entre propósitos, medios y consecuencias. Gobernar no consiste únicamente en declarar objetivos correctos, supone elegir instrumentos adecuados, rectificar cuando sea necesario y perseverar frente a dificultades inevitables. Al respecto, el gobierno tiene el deber de explicar sus decisiones y responder por ellas; la oposición el de fiscalizar. Pero, al país no le sirve que se confunda el legítimo debate público con una disputa incesante por obtener pequeñas ventajas inmediatas. Dar tiempo no significa extender un cheque en blanco. Comporta valorar con criterios razonables y plazos acordes con la naturaleza de cada política. Algunas medidas pueden mostrar efectos pronto; otras demandan mayor continuidad. Chile requiere menos ansiedad por proclamar éxitos o fracasos definitivos y mayor disposición a examinar realidades. Reconocer lo que se ha avanzado, advertir aquello que falta y demandar resultados sin precipitar sentencias es una forma de responsabilidad cívica. Al final, la medida de un gobierno no será la intensidad de sus anuncios ni de sus polémicas, sino el bien concreto que haya logrado para la Nación. Por Álvaro Pezoa , Director Centro Ética y Sostenibilidad Empresarial, ESE Business School, U. de los Andes