Abogado que denunció la compra del ático de Chamberi rechaza el archivo y pide investigar un perjuicio de 437.000 euros

El abogado personado como actor público ante el Tribunal de Cuentas se ha opuesto al posible archivo de las actuaciones sobre la compra de un ático por parte de Planifica Madrid en el distrito de Chamberí al apreciar un presunto perjuicio de 437.058,46 euros para los fondos públicos. En un escrito presentado el 19 de octubre, al que tuvo acceso Europa Press, Francisco Javier Flores Vaquerizo reclama que se nombre un delegado instructor para investigar la operación y recurre, de forma cautelar, la decisión de dar una nueva audiencia al Ministerio Fiscal sin trasladar las alegaciones de la Comunidad de Madrid y de la sociedad pública a los actores personados. El letrado sostiene que no concurren los supuestos legales que permitirían archivar el procedimiento y reclama que se esclarezcan las circunstancias de la adquisición antes de adoptar una decisión sobre su continuidad. Según expone en su escrito, Planifica Madrid desembolsó 6.679.942,65 euros, incluidos impuestos y gastos, por un inmueble cuya tasación atribuía un valor de 6.242.884,19 euros. La diferencia, de 437.058,46 euros, constituiría, a su juicio, un posible perjuicio económico que debe ser investigado por el Tribunal de Cuentas. Flores Vaquerizo argumenta que el hecho de que el inmueble continúe en el patrimonio de la sociedad no elimina el posible menoscabo, dado que el daño alegado deriva del supuesto sobreprecio pagado. También destaca que una oferta pública de venta de un lote relacionado con el inmueble, por 6.694.201 euros, quedó desierta el 17 de septiembre de 2026, sin que se presentara ninguna oferta. El abogado vincula el presunto perjuicio a la escritura de compraventa otorgada el 14 de abril de 2026 y señala como posible responsable contable directo al consejero delegado de Planifica Madrid, Pedro C. R., cuya actuación solicita que se investigue. RECLAMA QUE SE ESCUCHE A LOS ACTORES PÚBLICOS La oposición al archivo se acompaña de una impugnación de la tramitación del procedimiento. El abogado sostiene que no ha recibido traslado de las alegaciones presentadas el 16 de octubre por la Comunidad de Madrid, que actuó también en representación de Planifica Madrid, ni de la documentación adjunta. Ambas representaciones solicitaron el archivo de las actuaciones. Posteriormente, una diligencia de ordenación del 19 de octubre acordó oír nuevamente al Ministerio Fiscal, por un plazo de cinco días, sobre la procedencia de nombrar un delegado instructor o archivar el procedimiento. Flores Vaquerizo considera que el artículo 46.2 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas reconoce el derecho de audiencia a quienes hayan ejercitado la acción pública y estén personados en forma. A su entender, el trámite debe permitir la intervención de todas las partes legitimadas antes de decidir sobre el archivo. Por ello, solicita que se le dé traslado de las alegaciones de la Comunidad de Madrid y de Planifica Madrid, así como de los informes de la Fiscalía, y que se le conceda un plazo común de cinco días para formular alegaciones. PIDE ACLARAR LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD PÚBLICA El letrado también reclama que se acredite el título por el que la Comunidad de Madrid representa y defiende a Planifica Madrid en el procedimiento, dado que la sociedad pública solicita el archivo de las actuaciones dirigidas a esclarecer un posible perjuicio para sus propios fondos. En concreto, pide conocer qué órgano de la sociedad decidió mantener esa posición y si los administradores afectados observaron el deber de abstención que invoca en su escrito. Asimismo, reitera la solicitud de medidas para asegurar la prueba pericial relativa al inmueble mientras continúe ofertado a la venta. En su petición final, reclama que se resuelvan las cuestiones pendientes, se proponga el nombramiento de un delegado instructor y no se acuerde el archivo antes de que pueda ejercer su derecho de audiencia.