¿Por qué apechugamos?

¿Por qué apechugamos tanto en México? Me lo pregunto al ver la efervescencia de las protestas juveniles en otras partes del mundo. Sus causas son diversas, pero comparten una exigencia de respuestas y de futuro. No es que aquí no protestemos. La CNTE ocupa calles y mantiene plantones; los transportistas paralizan carreteras; también marchan estudiantes y colectivos de víctimas. Pero al margen de estas expresiones, buena parte de la inconformidad mexicana toma otra forma: nos las arreglamos como podemos y seguimos adelante. Si falla la atención médica en los servicios públicos de salud, buscamos una consulta que podamos pagar. Si el agua sale sucia, compramos garrafones. Si nos preocupa la inseguridad, cambiamos rutas y levantamos bardas. Si nos roban, calculamos si vale la pena denunciar. Son decisiones comprensibles, pero su repetición revela algo inquietante: ante el incumplimiento del gobierno, hemos aprendido a buscar cómo prescindir de ellas. ¿Por qué preferimos esa respuesta? Cuando reclamar cuesta tiempo y rara vez produce resultados, conseguir una alternativa parece más sensato. Esta realidad me hizo pensar en Albert Hirschman y en su libro Salida, voz y lealtad. Hace más de medio siglo, Hirschman explicó que, frente al deterioro de una organización, sus integrantes pueden ejercer la voz para cambiarla o recurrir a la salida, abandonándola. En México hemos desarrollado una peculiar salida sin salida: seguimos dentro del sistema, pagamos impuestos, pero resolvemos por fuera lo que el gobierno debería proporcionarnos. Apechugar tiene un precio. El primero es económico. Quien tiene ingresos encuentra alternativas, aunque pague dos veces: con impuestos y de su bolsillo. Quien carece de ellos debe conformarse con servicios deficientes o quedarse sin ellos. La falla pública se convierte en desigualdad privada. Celebramos el ingenio para salir adelante, sin detenernos en el costo de esa adaptación. Hay otro costo, menos visible. Cada solución individual fragmenta un problema colectivo. La falta de agua se convierte en garrafones y pipas; la inseguridad, en cambio de rutinas y costos de protección; la impunidad, en denuncias que nunca se presentan. La inconformidad no desaparece, pero puede dejar de transformarse en exigencia. Y cuando disminuye la presión para corregir un servicio, disminuyen también los incentivos para mejorarlo. Apechugar puede terminar protegiendo de las consecuencias de su mal desempeño a las instituciones que deberían rendir cuentas. De ahí la tentación de confundir tranquilidad con gobernabilidad. Un país puede seguir trabajando y votando mientras millones reorganizan su vida alrededor de las fallas públicas. No hay necesariamente una gran crisis visible, sino pequeños desistimientos: dejar de denunciar, de reclamar, de esperar. No porque estemos conformes, sino porque hemos aprendido a resolver solos. Lo ocurrido en la zona metropolitana de Guadalajara hace algunos días muestra el límite de ese arreglo. Durante meses, habitantes de distintas colonias denunciaron recibir agua turbia y maloliente. Mientras podían, compraban agua pese a seguir pagando el servicio. En octubre comenzaron los bloqueos vecinales y miles marcharon para exigir agua limpia. La protesta no garantiza la solución, pero devuelve a las autoridades un problema que ninguna familia debería cargar por su cuenta. La salida se convirtió en voz. El costo más profundo, sin embargo, es político. Cuando dejamos de esperar respuestas de las instituciones, no solo perdemos confianza en un servicio: se debilita la idea de que tenemos derechos y de que el Estado está obligado a garantizarlos. Corremos el riesgo de convertirnos en consumidores de sustitutos privados en lugar de ciudadanos que exigen soluciones públicas. Ese retiro también puede deteriorar nuestra relación con la democracia. Aquí está el problema más profundo. La democracia no es responsable de que falte el agua, de que la atención médica sea deficiente o de que la justicia no funcione. La democracia es una forma de organizar el acceso al poder, establecer límites a su ejercicio y hacer posible que los ciudadanos exijan cuentas a sus gobernantes. La prestación de servicios y la solución de los problemas públicos son responsabilidades de los gobiernos y de las instituciones del Estado. Pero cuando estos incumplen, terminamos cobrándole a la democracia su ineficacia. Y ese costo puede ser enorme. Si llegamos a convencernos de que lo importante es que alguien resuelva nuestros problemas, sin importar cómo llegue al poder ni qué límites tenga para ejercerlo, estaremos dispuestos a sacrificar las reglas que nos permiten controlar a nuestros gobernantes. Apechugar no sale gratis. Podemos terminar pagando la incapacidad de nuestros gobiernos con nuestra propia disposición a defender la democracia.