Finanzas públicas y grado de inversión (II)

Hace tres semanas comenté que, en mi opinión, el Paquete Económico 2027 envía una señal de mayor certidumbre a los mercados, principalmente porque los supuestos macroeconómicos utilizados por la Secretaría de Hacienda son cercanos a las expectativas del consenso de analistas económicos. Asimismo, también señalé que las metas fiscales para 2026 se mantuvieron sin cambios relevantes con respecto a los aprobados y al documento preliminar (Pre-Criterios Generales de Política Económica) y que el gobierno presentó una ruta gradual de consolidación fiscal que, aunque imperfecta, resulta consistente con las restricciones actuales de las finanzas públicas. Al mismo tiempo, destaqué que Pemex continúa siendo el principal desafío estructural, ya que los apoyos presupuestales han contribuido a preservar la confianza de los inversionistas, pero difícilmente representan una solución permanente. En conjunto, la propuesta presupuestaria me pareció creíble y compatible con la conservación del ‘Grado de Inversión’ de México, aunque todavía persisten retos importantes para fortalecer la sostenibilidad fiscal de largo plazo (“Finanzas públicas y grado de inversión (I)”, 6 de octubre). Debido al deterioro fiscal e institucional que llevó a cabo la administración anterior, la presidenta Sheinbaum ha tenido un gobierno cuesta arriba, pero considero que con convicción ha podido ir revirtiendo algunas de las políticas más dañinas como la de “abrazos, no balazos” y la reducción del alto déficit que dejó el expresidente López Obrador de 5.9 por ciento del PIB (utilizando la métrica más amplia que incluye Pemex y CFE, i.e. Requerimientos Financieros del Sector Público o RFSP). De hecho, considero que las acciones recientes de las calificadoras de riesgo han sido consecuencia de lo que hizo el gobierno anterior. Por ejemplo, el cambio de la perspectiva de ‘neutral’ a ‘negativa’ que Moody’s llevó a cabo en noviembre de 2024, se anunció exactamente un día antes de la entrega del primer Paquete Económico de Sheinbaum. Ahora bien, como he comentado en ocasiones anteriores, hacia delante considero que nuestro país podrá mantener dicho ‘Grado de Inversión’, al menos en lo que resta de esta administración (“Difícil que México pierda ‘Grado de Inversión’”, 21 de julio). En este sentido, he tenido la oportunidad de sostener conversaciones con personal de las diferentes agencias calificadoras, que llevan a cabo las recomendaciones sobre las calificaciones de la deuda de los países a sus respectivos comités y me he llevado tres conclusiones: (1) S&P Ratings tiene la intención de rebajar la calificación de la deuda soberana de México de ‘BBB’ a ‘BBB-’, en línea con el cambio que llevó a cabo en su perspectiva de ‘estable’ a ‘negativa’ el pasado 12 de mayo. Sin embargo, noté que no hay intención de dejar la perspectiva ‘negativa’, una vez que se lleve a cabo la rebaja, por lo que México continuaría siendo ‘Grado de Inversión’; (2) no he notado intención de las otras dos grandes calificadoras a nivel global, Moody’s y Fitch Ratings, de querer llevar a cabo otra disminución en la calificación soberana de nuestro país en ‘Baa3’ y ‘BBB-’, respectivamente (mismo nivel y ‘grado de inversión’); y (3) las metodologías que utilizan estas agencias para otorgar las calificaciones soberanas son bastante amplias, tomando en cuenta aspectos institucionales y de gobernabilidad, más allá de métricas de deuda. Sin embargo, he notado dos métricas que pueden ser muy relevantes para definir si nuestro país puede llegar a perder dicho ‘Grado de Inversión’: (i) Continuar observando tasas de crecimiento del PIB de 1.0 por ciento o menos; y (ii) cociente de deuda PIB de 60 por ciento o más. Por el lado del crecimiento, considero que México puede crecer al menos 1.5 por ciento este año y alrededor de 2.0 por ciento el año que entra. Asimismo, si continuamos observando una recuperación de la inversión y mayor generación de empleo, es factible que crezcamos al menos por arriba no solo de 1.0, sino de 1.5 por ciento en los próximos años. Si bien existen varias reformas recientes que no apoyan a propagar un mejor sentimiento de inversión (e.g. reforma judicial), así como la forma en que se han instrumentado las eficiencias recaudatorias, sobre todo en los últimos años, la incertidumbre del primer año de gobierno quedó atrás. Asimismo, ahora que ya sabemos que no habrá una ‘gran revisión’ del T-MEC, sino una serie de revisiones aparentemente menores cada año –por los próximos diez años–, las empresas transnacionales que desean llevar a cabo inversiones en algún eslabón de las cadenas de suministro de manufactura –ya sea nuevas o por relocalización (nearshoring)–, ya están tomando decisiones, después de varios meses en donde pararon sus proyectos desde que el presidente Trump ganó las elecciones en EU. Poco a poco, las empresas se han dado cuenta que más allá de los temas más ‘tradicionales’ de comercio, –como aranceles, etc–, las prioridades del gobierno de los Estados Unidos en torno a las revisiones del T-MEC tienen más que ver con otros temas como el desmantelamiento de las rutas del fentanilo y que en este sentido, el gobierno mexicano haga frente al crimen organizado. Asimismo, el otro gran tema es que el gobierno mexicano continúe con los esfuerzos para parar la migración ilegal hacia EU. Por el lado del cociente deuda-PIB, como comenté en la columna anterior sobre el tema, la Secretaría de Hacienda plantea ir disminuyendo el déficit fiscal cada año de aquí al fin del sexenio (2030), tal que la deuda vaya creciendo cada vez menos y se estabilice por debajo de 60 por ciento, alrededor de 57 por ciento del PIB a partir de 2030.