La Fiscalía General de la Nación de Colombia judicializó a la jueza Miryan Alcira Martínez López, titular del Juzgado 77 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá, por un presunto pago de $1.200 millones para favorecer con una orden de libertad al ciudadano neerlandés Marcus van der Boot. El caso también involucra a la abogada Emperatriz Herrera Cuenca y a Gualdo Garavito Mejía, funcionario del Centro de Servicios Judiciales. La investigación busca establecer si los tres participaron en un plan para tramitar un hábeas corpus que permitió la salida de prisión del extranjero. La Fiscalía les imputó los delitos de cohecho propio y falsedad ideológica en documento público. Martínez López afrontará además un cargo por prevaricato por acción, debido a la decisión que adoptó como jueza. Durante la audiencia, la fiscal especial contra la corrupción Margarita Rosa López afirmó que a Martínez López “se le atribuye aceptar la promesa remuneratoria directa y posteriormente recibir dinero para sí”. El expediente quedó asignado al despacho de la jueza, que el 13 de junio ordenó la libertad inmediata de Van der Boot. La Fiscalía también señaló que se gestionó una modificación del turno judicial para que el trámite se efectuara durante el fin de semana. “La presidencia del Consejo, ajena a la intención maliciosa detrás de la solicitud, autoriza el cambio de turno del sábado 13 de junio”, sostuvo López durante su intervención. El ciudadano neerlandés ya había presentado dos recursos sin éxito Antes de la decisión cuestionada, la defensa de Van der Boot había presentado dos solicitudes de hábeas corpus que fueron rechazadas por otros despachos judiciales, según expuso la fiscal. Una fue asignada al Juzgado 47 Penal del Circuito y la segunda, al Juzgado 58 Civil del Circuito de Bogotá. “Ambas fueron despachadas desfavorablemente por los jueces en cada oportunidad, quedando ejecutoriadas esas decisiones”, afirmó López. La fiscal indicó que, tras esos rechazos, el extranjero habría acudido a Herrera Cuenca para presentar una nueva solicitud. Según la versión de la acusación, la abogada debía reclutar funcionarios que asesoraran el trámite, aseguraran el reparto y facilitaran una decisión favorable. “Según lo pactado, la abogada toma contacto con una juez de garantías y un servidor con turno de disponibilidad de reparto para el hábeas corpus, a quienes les promete dinero a cambio de lograr la libertad del neerlandés”, señaló la representante del ente acusador. La Fiscalía ubicó una reunión el jueves 4 de junio de 2026 en la sede judicial de Paloquemao, en Bogotá. De acuerdo con su relato, Herrera Cuenca ingresó a la oficina del Juzgado 77 y se reunió con Martínez López. Durante ese encuentro, siempre según la acusación, hubo una videollamada con Van der Boot. La fiscal indicó que la jueza y la abogada le habrían confirmado al detenido que continuaban con el acuerdo para gestionar su libertad. Las imputaciones formuladas por la Fiscalía no implican una condena. El proceso continuará con las actuaciones judiciales en las que la jueza, la abogada y el funcionario podrán ejercer su defensa.

QUOTE · 引述
La Fiscalía General de la Nación de Colombia judicializó a la jueza Miryan Alcira Martínez López, titular del Juzgado 77