Ronald Leonardo Ugarte Mora fue designado como nuevo director de la Cárcel y Penitenciaría de Alta y Media Seguridad de Girón, en Santander, con la misión de conducir uno de los principales establecimientos de reclusión del departamento y reforzar la seguridad, el control interno y la garantía de los derechos de la población privada de la libertad. El nombramiento fue dispuesto por la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, que ordenó su traslado desde el Complejo Carcelario y Penitenciario de Media Seguridad de Cúcuta, donde ejerció la dirección durante un año y 11 meses, según Vanguardia . Ugarte Mora reemplazará al capitán Eleasid Durán Sánchez en la dirección del penal, también conocido como cárcel de Palogordo. La Gobernación de Santander respaldó la decisión del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y afirmó que mantendrá el acompañamiento a las acciones de seguridad en el establecimiento, informó Caracol Radio. La continuidad de las medidas de seguridad en Palogordo El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández Durán, señaló que los cambios administrativos en las cárceles son decisiones que corresponden al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). La administración departamental continuará con el seguimiento de las medidas que se adopten para preservar la seguridad penitenciaria. El nuevo director tendrá la responsabilidad de sostener las estrategias de seguridad y el trabajo con las personas privadas de la libertad. La Gobernación también ratificó la coordinación con las autoridades penitenciarias ante los desafíos operativos de uno de los centros de reclusión más importantes de Santander. Oriundo de Bochalema, Norte de Santander, Ugarte Mora es teniente en retiro del Ejército Nacional, abogado y magíster en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Antes de incorporarse al sistema penitenciario, desarrolló labores en el campo operacional y como asesor jurídico en asuntos vinculados con los derechos humanos y las normas aplicables a los conflictos armados. Durante su paso por el complejo penitenciario de Cúcuta, su gestión se concentró en la seguridad, la disciplina institucional y la protección de los derechos de los internos . Además, promovió la articulación con la Gobernación de Norte de Santander, autoridades municipales, la Fuerza Pública y entidades civiles y judiciales. La información sobre su trayectoria indica que fue el director con mayor permanencia continua en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Cúcuta. Al concluir esa etapa, agradeció al Cuerpo de Custodia y Vigilancia, al personal administrativo y a las autoridades que acompañaron su gestión. Tras las polémicas cirugías de alias Pichi, Inpec removió al director de la cárcel La Dorada, Caldas La Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario ( Inpec) ordenó el traslado del mayor Edgar Iván Pérez, director de la cárcel de La Dorada, tras conocerse permisos para el ingreso de personal médico e insumos destinados a la atención de Óscar Camargo Ríos, alias Pichi. Según informó Noticias RCN , el oficial será enviado a otro establecimiento penitenciario. Pérez habría suscrito una de las autorizaciones otorgadas al recluso, condenado a 52 años de prisión y señalado como jefe de la estructura Los de San Rafa. Los documentos divulgados indican que el 25 de mayo de 2026 ingresó una profesional para realizar una valoración dermatológica. Cerca de un mes después, el penal autorizó el acceso de un médico cirujano y tres auxiliares de enfermería para una atención descrita como “dermatológica integral”. Entre los elementos permitidos figuraban 14 jeringas de ácido hialurónico, toxina botulínica, cánulas, una mentonera, cilindros portátiles, máscaras laríngeas y un monitor multiparámetros, dentro de un inventario de 39 productos. Aunque parte de estos insumos puede emplearse en procedimientos clínicos o médico-estéticos, la información conocida no establece el diagnóstico de Camargo Ríos, el tratamiento aplicado ni si todos los elementos fueron utilizados. La dirección de la cárcel habría explicado que el ingreso del personal sanitario respondió a un derecho de petición presentado por la defensa del interno

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