El juez pide al TS que diga si imputa a una eurodiputada valenciana por un caso municipal

València, 27 oct (EFE).- El Juzgado de Instrucción número 19 de València ha acordado elevar al Tribunal Supremo la causa penal que investiga al exalcalde de València Joan Ribó por la supuesta construcción irregular de una piscina municipal en Alboraia, para que determine si procede investigar también a la exvicealcaldesa y actual eurodiputada socialista Sandra Gómez. En un auto fechado el pasado 22 de octubre, al que ha tenido acceso EFE, el magistrado Alberto Jarabo Calatayud ordena remitir la totalidad de las actuaciones al Supremo, acompañadas de una exposición razonada, para que determine la posible imputación de Gómez, cuya condición de aforada atribuye la competencia al Alto Tribunal. En esta causa se investigan supuestas irregularidades en la construcción, en 2022, de una piscina municipal descubierta por parte del Ayuntamiento de Alboraia, con un coste de 1,2 millones de euros y financiación de la Diputación de Valencia. Ribó ya declaró ante el juzgado el pasado 24 de diciembre de 2025 y aseguró que él "desconocía absolutamente" la supuesta construcción irregular de una piscina municipal en Alboraia y ha señalado que el tema nunca se trató mientras él estuvo al frente de la Alcaldía de València. En el auto, el juez considera que, en esta fase del procedimiento, existen "indicios" que impiden descartar la existencia de una infracción penal y que justifican la continuación de la causa, en la que se examinan posibles responsabilidades relacionadas con los artículos 319 y 320 del Código Penal. Asimismo, en la exposición razonada, se analizan las responsabilidades atribuidas a Gómez y el magistrado señala que, durante el mandato municipal de 2019 a 2023, el entonces alcalde de Compromís "delegó" en la entonces edil socialista "mediante diversas resoluciones" competencias para ordenar la paralización de obras ejecutadas sin licencia, requerir su legalización y adoptar medidas de protección y restauración de la legalidad urbanística. El magistrado también indica que esta delegación de competencias no excluye a Ribó de "las responsabilidades del titular de la Alcaldía" y razona que existía un "deber jurídico específico de actuar y una condición de garante". La exposición manifiesta que no considera que se tengan que separar las causas respecto a los no aforados, debido a que "concurren problemas jurídicos que constituyen valoraciones preliminares, y que son comunes tanto a los denunciados por acción (alcalde y concejal del Ayuntamiento de Alboraia) como a los denunciados por omisión (alcalde y concejal del Ayuntamiento de València)". Asimismo, considera que "la dicotomía entre alcaldía/tenencia de alcaldía hace que pudieran entenderse dichas responsabilidades como alternativas o como concurrentes". Por eso, remite al Alto Tribunal la totalidad de la causa, en su integridad, para que determine la posible imputación de Gómez y los trámites consecuentes al acto, así como la extensión de la competencia a los demás investigados. EFE