El Ministerio Público de Bolivia admitió una denuncia contra la exministra Teresa Morales y otras exautoridades de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) por presuntas irregularidades en el manejo de esa institución durante el último mandato de Evo Morales (2014-2019). Según la acusación formal, durante la gestión de Morales como directora de la UIF, se omitió dar respuesta a 65 solicitudes de información presentadas por el Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción para indagar casos de presuntos delitos financieros. El actual viceministro de Transparencia, Yamil García, explicó que la denuncia se sustenta en la falta de respuesta a esos requerimientos. “La UIF tiene la obligación de emitir reportes sobre actividades sospechosas, sin embargo, hemos podido observar que solamente de los requerimientos efectuados por el Viceministerio de Transparencia , la UIF ha omitido responder estos requerimientos en 65 ocasiones”, afirmó García en entrevista con el canal Red Uno. La UIF es la entidad encargada de analizar operaciones financieras sospechosas para identificar posibles operaciones vinculadas con delitos financieros y remitir reportes a las autoridades competentes. García señaló que las omisiones durante la gestión de Teresa Morales fueron sistemáticas, según la documentación revisada por su despacho. “Es decir, no se trata de uno, dos o tres solicitudes que hayan sido omitidas, sino 65”, remarcó. Según el fiscal departamental de La Paz, Gabriel Quiroga , los presuntos delitos por los que se investiga a la exministra son revelación de secretos profesionales, uso indebido de información privilegiada e incumplimiento de deberes. Teresa Morales fue ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural durante el gobierno del expresidente Morales y luego directora de la UIF, cargo que ocupó desde marzo de 2018 hasta la crisis política de 2019 que provocó la caída del Gobierno. Durante los días posteriores a la renuncia de Evo Morales y Álvaro García Linera, la exministra jugó un rol clave como una de las encargadas de la negociación política para la transición gubernamental, que finalmente fue encabezada por la entonces senadora Jeanine Añez. Desde entonces, la exministra se ha mantenido en el círculo cercano de Morales y ha sido una de sus colaboradoras más leales. En 2025 impulsó su postulación fallida para las elecciones generales el año pasado y se presentó como una de sus voceras. Su última aparición pública se produjo a finales de septiembre cuando participó, junto a la exministra de Salud, Gabriela Montaño; en una reunión con los seguidores de Morales en la región del Trópico de Cochabamba, en la que se encuentra recluido desde hace dos años para evadir una orden de captura. “Tenemos que debatir seriamente, tenemos que recuperar el proceso de cambio”, afirmó la exministra ante el público y criticó algunas políticas económicas del Gobierno de Rodrigo Paz, a quien sugirió pedir la renuncia. “ No podemos dejar que este gobierno continúe arrebatando nuestros derechos y haciendo reformas a la constitución que consoliden ese arrebato”, arengó. Se trata de la segunda investigación abierta contra un miembro del gabinete de Morales en las dos últimas semanas. El 14 de octubre se informó sobre una denuncia contra Reymi Ferrerira y Javier Zabaleta, ambos exministros de Defensa , por presuntas irregularidades en la adquisición de radares para el control del tránsito aéreo. Junto a ellos fueron incluidos otros exfuncionarios de las administraciones de Áñez y Luis Arce.
El Ministerio Público de Bolivia admitió una denuncia contra la exministra Teresa Morales y otras exautoridades de la Un




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