La fórmula que adoptó el Ministerio de Justicia para conceder rebajas de condena a 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores terminó convirtiéndose en un problema político para La Moneda . A casi una semana de desatada la controversia, en medio de los cuestionamientos por las consecuencias de los decretos y las dudas que se han instalado sobre la continuidad del ministro Fernando Rabat, el Ejecutivo busca ahora cómo revertir las resoluciones que ya fueron cursadas . La discusión se instaló luego de que Justicia modificara el criterio aplicado durante la administración anterior para resolver estas solicitudes , invocando pronunciamientos de la Corte Suprema. La decisión desató críticas de la oposición y el oficialismo, que han cuestionado tanto el resultado de los decretos como la gestión de Rabat, quien no habría informado previamente de las resoluciones a otras autoridades del gobierno . Este domingo, en entrevista con Estado Nacional de TVN, el ministro confirmó que el Ejecutivo está estudiando dos caminos para abordar el problema: una reforma constitucional transitoria y una alternativa desde el propio Ministerio de Justicia. “Existe otra opción por la vía administrativa que nosotros estamos estudiando y ampliando, que es revocar el acto administrativo respectivo. Estamos estudiando ambas situaciones”, señaló Rabat, quien afirmó que esperan entregar una resolución final en el corto plazo. Lo planteado por el ministro, sin embargo, contrasta con lo que había señalado el viernes el vocero de gobierno, Gonzalo Arenas , respecto de los decretos que ya fueron ejecutados. “Los que están ejecutoriados, se entiende que ya pasaron todo el trámite legal y por lo tanto la suspensión no procede” , sostuvo entonces. La alternativa enfrenta, de todos modos, obstáculos jurídicos. Los expertos distinguen entre revocar un acto administrativo favorable e invalidarlo por una eventual ilegalidad . La primera vía está limitada por el artículo 61 de la Ley N° 19.880, que protege los actos que generan derechos adquiridos legítimamente. Así, un decreto que concede la rebaja y establece una nueva fecha de término de condena puede entenderse como un acto que genera un derecho para el beneficiario. La segunda, contemplada en el artículo 53, exige sostener que las resoluciones fueron dictadas contra derecho, algo complejo de defender considerando que el propio Rabat ha justificado su decisión en la jurisprudencia de la Corte Suprema . Continuidad de Rabat En paralelo a las gestiones para buscar una salida jurídica, La Moneda ha intentado contener el flanco político abierto por el caso . El viernes, durante la reunión que el Presidente José Antonio Kast sostuvo con los timoneles del oficialismo, la preocupación del Mandatario estuvo puesta en mantener a Rabat firme en su cargo y despejar las dudas sobre su continuidad, según transmiten quienes participaron en las conversaciones. Pese a la ofensiva de la oposición, que ha pedido la salida del secretario de Estado y amenazado con impulsar una acusación constitucional en su contra, y a la molestia que generó entre personeros de Palacio y dirigentes oficialistas que el ministro no advirtiera previamente de los decretos , Kast transmitió su respaldo al titular de Justicia, a quien mantiene bien evaluado. Quien se alineó con esa defensa fue el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez en Mesa Central de Canal 13. “Yo creo que no tiene que renunciar. Creo que de hecho ha sido de los ministros revelación del gabinete . No lo conocía, no viene del mundo político y creo que ha tenido un gran desempeño en el Congreso” , afirmó. El propio Rabat, por su parte, descartó dejar el gabinete, pese a los cuestionamientos que ha enfrentado durante los últimos días. “No he pensado en renunciar (…). Espero acompañar al Presidente de la República durante sus 4 años de mandato” , sostuvo en la entrevista televisiva. La controversia también abrió diferencias dentro del propio oficialismo. El exministro de Justicia de Sebastián Piñera, Hernán Larraín (UDI), publicó un escrito en el que abordó el espíritu de la ley aprobada en febrero de 2022 y el principio de irretroactividad. Su intervención puso en cuestión el fundamento jurídico de Rabat. La publicación de Larraín provocó una reacción del senador Arturo Squella en X que sorprendió incluso dentro del oficialismo por el tono y la dureza de sus palabras. El timonel republicano aludió a la relación del exministro con el caso de Paul Schäfer , en una respuesta que generó críticas y por la que posteriormente tuvo que ofrecer disculpas. Semana legislativa La historia tendrá un nuevo capítulo este lunes, cuando Rabat se reúna con parlamentarios a las 10.30 horas en el Ministerio de Justicia . La convocatoria contempla a integrantes de las comisiones de Constitución, Seguridad y Derechos Humanos del Senado y de la Cámara de Diputados . Más temprano, a las 8.30 horas, el Presidente Kast se reunirá en La Moneda con la presidenta del Senado, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados y los presidentes de los partidos oficialistas, del Partido de la Gente y del Partido Nacional Libertario, junto a los ministros del Interior, Segegob, Segpres y el propio Rabat para revisar las iniciativas legislativas que buscan modificar los requisitos para la rebaja de condenas. En el Congreso, en tanto, la oposición busca avanzar tanto en la revisión de las responsabilidades políticas como en cambios legales para impedir que condenados por delitos sexuales contra menores accedan a estos beneficios. El nuevo presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Vlado Mirosevic , anunció que este martes la instancia comenzará a discutir un proyecto de ley destinado a cerrar esa posibilidad. Según indicó, la iniciativa cuenta con respaldo transversal, entre cuyos impulsores mencionó a la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y a las senadoras Paulina Vodanovic , María José Gatica y al senador Iván Flores. La idea, añadió, es incorporar otras propuestas legislativas relacionadas con la materia. “El día martes nosotros vamos a poner en discusión en la Comisión de Constitución un proyecto que resuelve este tema y lo zanja definitivamente”, sostuvo. Mirosevic cuestionó la interpretación de la Corte Suprema sobre la legislación aprobada en 2022 y afirmó que la intención de esa normativa era impedir la entrega de beneficios a condenados por determinados delitos sexuales, con independencia de cuándo se hubieran cometido. “Aquí el gobierno prometió ser Bukele y termina dejando en libertad a los violadores de menores. Esto es realmente inexplicable y muy doloroso”, dijo. Sobre las responsabilidades políticas de Rabat, el senador planteó que, antes de evaluar una acusación constitucional, corresponde realizar una interpelación parlamentaria . “Yo creo que lo más prudente es una interpelación y después de la interpelación ver qué pasa”, señaló, y recalcó que la continuidad del ministro es una decisión que corresponde al Presidente Kast. En el oficialismo algunos creen que esta semana será clave para Rabat. Varios no esconden que sus explicaciones han sido erráticas, lo que ha generado molestia. Por lo mismo, dicen que este miércoles, cuando se haga la sesión especial en el Congreso, su desempeño tiene que ser impecable. De eso depende, advierten las mismas versiones, para evitar el fuego amigo del sector y que surjan voces que pidan su salida, lo que -hasta ahora- se ha podido contener.
La fórmula que adoptó el Ministerio de Justicia para conceder rebajas de condena a 56 personas condenadas por delitos se





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