Infraestructura estratégica: las reglas que pueden impulsar la inversión privada

La inversión en infraestructura es un componente fundamental para el desarrollo económico, pero también representa un desafío de financiamiento, coordinación institucional y distribución de riesgos. En este contexto, la nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar busca establecer un marco para desarrollar proyectos mediante la participación de los sectores público, privado y social, con mecanismos de financiamiento y contratación que permitan ampliar las posibilidades de inversión. El alcance de este marco comprende sectores estratégicos como energía, comunicaciones y transportes, agua, medio ambiente y sostenibilidad, salud, educación, infraestructura urbana, turismo, parques industriales y tecnología, entre otros. Su relevancia radica en que la infraestructura no solo requiere recursos para su construcción, sino también estructuras financieras viables, mecanismos de supervisión y condiciones contractuales que permitan sostener los proyectos durante su ejecución y operación. La ley debe evaluarse precisamente por su capacidad para convertir las prioridades de inversión pública en proyectos que también resulten atractivos y financiables para el sector privado. La publicación de los Lineamientos en Materia de Proyectos de Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, el 7 de octubre de 2026, representa un paso adicional en la implementación de este modelo. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el documento desarrolla criterios para evaluar, estructurar, contratar y supervisar los proyectos, además de establecer parámetros financieros que inciden directamente en la participación de los inversionistas. Uno de los elementos centrales es el capital de riesgo. El apartado 4.8 sobre Capital de Riesgo, establece un rango de entre 16% y 25% del valor de la obra o servicio, sin incluir el IVA ni el costo asociado al diferimiento de pagos. Por su parte, el numeral 6.5.2, apartado A, prevé que la propuesta económica para los servicios de obra representa entre 25 y 50 puntos de la evaluación, de acuerdo con el mecanismo aplicable. Según los lineamientos oficiales del Diario Oficial de la Federación, estos parámetros buscan ordenar la participación financiera y la evaluación de las ofertas; sin embargo, su aplicación deberá analizarse en función de las características y los riesgos de cada proyecto. La dimensión económica de esta estrategia es considerable. El plan de inversión pública y mixta para el periodo 2026-2030 contempla 5.7 billones de pesos. No obstante, el monto anunciado no garantiza por sí mismo que los proyectos consigan financiamiento ni que atraigan suficientes participantes. Para ello, será determinante que las condiciones de contratación, las fuentes de pago y las responsabilidades de cada parte sean claras desde la etapa de estructuración. Las primeras licitaciones de carreteras de la SICT ofrecen una oportunidad para observar cómo se traducen estas disposiciones en la práctica. Estos procesos constituyen una primera referencia para analizar las condiciones de participación empresarial y los retos que pueden surgir al implementar nuevos esquemas de contratación. El principal desafío no consiste únicamente en establecer reglas para la participación privada, sino en generar certidumbre para quienes asumirán compromisos de largo plazo. Esto exige proyectos técnicamente sólidos, una distribución razonable de los riesgos, mecanismos transparentes de selección y claridad respecto de las obligaciones contractuales y las fuentes de pago. Una estructura que no distribuya adecuadamente los riesgos puede limitar el interés de los inversionistas, mientras que una preparación insuficiente puede traducirse en retrasos, costos adicionales o concursos sin participantes. El éxito de este modelo dependerá, en última instancia, de la capacidad institucional para convertir las disposiciones legales en proyectos ejecutables, con responsabilidades definidas, supervisión efectiva y resultados verificables. La participación privada puede ampliar las posibilidades de desarrollar infraestructura estratégica, pero su continuidad estará vinculada a la confianza que generen las condiciones de contratación y la transparencia en los procesos.