Informe revela que aportes de casinos a municipios caen hasta 39% en últimos seis años, influidos por plataformas online

La industria de casinos y juegos de azar en Chile viene experimentando en los años recientes un claro y sostenido deterioro. Así, entre 2019 y 2025 el sector ha registrado una importante caída en el flujo de visitas y en sus ingresos, lo que ha derivado en un incremento en el número de operadores que reportan pérdidas. A su vez, esta contracción se ha traducido en una disminución del aporte por impuesto específico que pagan los casinos, lo que impacta directamente en los recursos que reciben los municipios y gobiernos regionales de las zonas donde estos se ubican, tendencia negativa que se ha mantenido durante 2026. Durante los últimos siete años, la industria ha debido sortear dos grandes fenómenos que alteraron drásticamente el escenario: la pandemia y la masificación de las plataformas de juego en línea que operan al margen del sistema regulado. Como resultado de estos factores, los casinos no han logrado recuperar los niveles de actividad que ostentaban hasta 2019, argumentan en el sector. Un informe elaborado por la Asociación de Casinos dimensiona esta situación, dando cuenta de que los aportes entregados por tales recintos a las respectivas comunas donde operan han sufrido bajas de hasta 39%, entre 2019 y 2025. El impuesto específico que pagan es el 20% de los ingresos brutos del juego, descontando previamente el IVA y el Pago Provisional Mensual (PPM). El 50% de esos recursos van a la municipalidad correspondiente, y el otro 50% al gobierno regional. Ambos deben destinar esos recursos a financiar obras de desarrollo. El reporte considera las 18 comunas con casinos de la Ley 19.995 que ya operaban en 2019 bajo dicho régimen, lo que excluye a los de Viña del Mar, Coquimbo y Pucón, que a esa fecha eran municipales y no pagaban impuesto específico, sino que una renta de concesión al municipio. Las comunas que lideran las caídas en sus ingresos por este concepto están encabezadas por Rinconada, con un descenso de 39%, pasando de $4.649 millones a $2.838 millones. A ella le siguen Castro (-34,2%), Coyhaique (-31,7%), Punta Arenas (-24,3%), Talca (-24,0%) y San Antonio (-23,5%). Después se ubican, con mermas más moderadas, Temuco (-19,5%), Valdivia (-17,6%), Calama (-14,9%), Talcahuano (-12,3%), Osorno (-11,4%), Santa Cruz (-9,3%), Ovalle (-8,9%), Mostazal (-4,3%) y Copiapó (-4,0%). En este escenario, las únicas comunas que exhiben un aumento en los recursos percibidos por el impuesto específico a los casinos en el período, son Antofagasta, con un alza de 11%; Los Ángeles, con 12,5%, y Arica, con 42,8%. En total, las 18 comunas consideradas recibieron $37.692 millones en 2019 por este tributo, contra $32.948 millones en 2025, lo que constituye una disminución de 12,6%. La presidenta de la Asociación de Casinos , Cecilia Valdés, plantea al respecto que “el deterioro de la industria no afecta solo a los operadores. Cuando un casino se debilita, pierden también el municipio y el gobierno regional, que dejan de recibir recursos destinados por ley a obras de desarrollo. A eso se suma el impacto sobre el empleo formal, el turismo, los hoteles, restaurantes y proveedores que dependen de esta actividad, especialmente relevante en regiones”. “Es evidente que los casinos compiten en una cancha totalmente dispareja con una industria ilegal, pero es difícil dimensionar el efecto real, ya que, al operar al margen de la ley, no transparentan datos reales del mercado nacional. Su actuar fuera de la legalidad sí ha afectado nuestra posición competitiva, y lo grave es que las autoridades han permitido que esto ocurra y se profundice durante muchos años”, acusa. La dirigenta afirma que “no podemos seguir abordando esta realidad con medidas aisladas y señales contradictorias del propio Estado. No basta con regular las apuestas online: también es necesario modernizar el marco de los casinos autorizados, para no profundizar las asimetrías existentes y asegurar condiciones de competencia justas”. Y añade que “después de más de cuatro años de discusión legislativa, lo que falta es conducción política y voluntad. Mientras tanto, el Estado debe hacer cumplir la ley vigente y perseguir a quienes operan sin autorización”. Certeza jurídica Valdés enfatiza qie “necesitamos certeza jurídica urgente. La situación de los casinos en Chile es crítica. La mitad de los operadores tiene pérdidas y si no podemos competir en igualdad de condiciones, es difícil que los procesos de licitación abiertos y los venideros sean exitosos”. “Nos parece que el Ministerio de Hacienda no está dimensionando la gravedad de esta crisis ni sus consecuencias para los ingresos de comunas y regiones. Los vemos desconectados de esa realidad y de la urgencia de actuar: se acercan las licitaciones y el tiempo se acabó. Los casinos son una actividad económica importante para muchas comunas, y hoy su sostenibilidad está en riesgo porque la autoridad no ha sido capaz de hacerse cargo de una actividad ilegal”, agrega la líder del gremio. De acuerdo a su interpretación del informe, las cifras reflejan un deterioro que exige evaluar si las condiciones regulatorias actuales siguen respondiendo a la realidad del mercado. Los casinos han realizado inversiones y asumido compromisos de largo plazo bajo determinadas condiciones, dice, en un escenario muy distinto al actual, “marcado por la expansión de una oferta ilegal que no enfrenta las mismas exigencias de operación y fiscalización”. A su juicio, la autoridad debe revisar el marco regulatorio y evaluar si las condiciones vigentes siguen siendo adecuadas frente a los cambios que ha experimentado el mercado. “Chile necesita reglas claras y estables para sostener inversiones de largo plazo”, advierte.