Dos líneas que faltaron: la parodia en la «Ley Antimemes»

El pasado 10 de octubre, durante el Congreso Anual de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual (AIPPI), celebrado en Hamburgo, expertos de 45 jurisdicciones —México incluido— adoptaron la Resolución Q298, que exhorta a todas las naciones a proteger la parodia frente a reclamaciones basadas en derechos marcarios. En la arena política, la parodia es uno de los vehículos más efectivos para ejercer la libertad de expresión; el humor permite despojar a los poderosos de su halo de autoridad y transmitir mensajes que, de otra forma, resultarían complejos para el ciudadano promedio. México tiene una orgullosa tradición de sátira política y parodia, desde las carpas de los años treinta, donde reinaba Jesús Martínez «Palillo», hasta el inmortal Mario Moreno «Cantinflas». Esa tradición continuó con Gabriel Vargas, creador de «La familia Burrón», y Héctor Suárez con su inolvidable «¿Qué nos pasa?». En épocas más recientes, Víctor Trujillo (Brozo) ha hecho mofa del gobierno utilizando escenarios que se asemejan al IMSS, el foro de «La Mañanera» y el AIFA, entre otros. Por eso preocupa la reciente reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, apodada «Ley Antimemes». En ella se introdujo el artículo 403 bis, que no encaja ni con el espíritu de la reforma ni con el objeto de protección de esta normativa. El artículo prevé de uno a cinco años de prisión para quien «utilice, reproduzca, imite o incorpore, a escala comercial, la identidad gráfica institucional» de cualquier institución pública «para inducir al error o engaño con la intención de cometer un ilícito». Si bien el artículo no prohíbe expresamente los «memes», su amplitud permite interpretar que una persona podría perder su libertad si sube a internet y monetiza un video o una caricatura con diseños que se asemejen a los utilizados por algún ente de gobierno. Una incertidumbre de ese tamaño no es aceptable en un Estado progresista. Costaba muy poco incluir, como pidió la oposición, un párrafo que excluyera expresamente la parodia, la sátira y la crítica. «Es un párrafo, son dos líneas», dijo en tribuna el diputado César Israel Damián Retes. La aplanadora legislativa lo rechazó. Preservar la libertad de expresión es una de las principales obligaciones de todo Estado que se asuma democrático. De nada sirve que los gobernantes afirmen mil veces que en el país existe libertad de expresión, si los ciudadanos no tienen la certeza de que podrán expresar sus opiniones sin miedo a represalias. En este rubro seguimos dando marcha atrás; eso está claro. POST SCRIPTUM En el Senado aguarda dictamen la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor sobre proveedores de servicios de internet. Es una reforma que amenaza con desconectar al usuario reincidente y multar al intermediario, pero que sigue sin exigir a las grandes plataformas extranjeras un domicilio o representante legal en México para responderles a los titulares y a los propios usuarios. De esa otra paradoja nos ocuparemos en una próxima entrega.