Oficios por rebaja de penas: oposición acusa “omisión” de Justicia y pide pronunciamiento de Contraloría

En medio de su ofensiva en contra del gobierno por la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad, este martes la oposición pidió el pronunciamiento de la Contraloría General de la República. La solicitud está firmada por los jefes de las bancadas de diputados de los partidos progresistas: Andrea Parra (PPD), Daniela Serrano (PC), Raúl Leiva (PS), Emilia Schneider (FA), Luis Malla (PL) y Jorge Díaz (DC). Además, cuenta con el respaldo de los timoneles de las tiendas y parlamentarios en general del sector. En concreto, la petición apunta a que el órgano liderado por Dorothy Pérez intervenga para que el Ministerio de Justicia disponga los oficios de los 56 decretos para la reducción de condenas firmados por el titular de la cartera, Fernando Rabat , los que fueron solicitados por la Defensoría de la Niñez . En el escrito se señala que al 30 de octubre pasado, “la respuesta a dicho requerimiento se encontraba pendiente, no obstante que el plazo había vencido el 29 de octubre”. Y que a la fecha de la presentación opositora -se lee en el texto- “no nos consta que el Ministerio haya dado respuesta, ni que haya puesto a disposición de la Defensoría los decretos mediante los cuales se concedieron las rebajas de condena antes referidas”. Desde el progresismo se señala que Justicia incurre en una “omisión” y que “la infracción de estos deberes genera responsabilidad administrativa, que se hace efectiva mediante las medidas disciplinarias de censura, multa, suspensión del empleo o destitución previstas en el artículo 121 del Estatuto, previa investigación sumaria o sumario administrativo”. En ese sentido, advierten que si bien la determinación de la eventual responsabilidad política de los ministros de Estado corresponde al Congreso Nacional, la solicitud se dirige a que se “establezcan las responsabilidades administrativas de los funcionarios y jefaturas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que, en la tramitación del Oficio N° 1269/2026, hayan incurrido en la omisión descrita, sin perjuicio de las acciones que esta Corporación ejerza en el ámbito de sus propias atribuciones". Así, piden que se requiera al ministerio “dar respuesta íntegra al Oficio N° 1269/2026 de la Defensoría de los Derechos de la Niñez dentro del breve plazo que la Contraloría General de la República fije, el que sugerimos no sea superior a cinco días hábiles, remitiendo a la Defensoría y al órgano contralor copia de los decretos mediante los cuales se otorgaron las 56 rebajas de condena antes referidas". “Cada día de retardo prolonga la incertidumbre de quienes fueron víctimas de estos delitos siendo niños, niñas o adolescentes, muchos de los cuales hoy podrían ser personas adultas”, se lee en la solicitud. En un punto de prensa en que dieron a conocer la solicitud al órgano contrar, el diputado y presidente del PPD, Raúl Soto , hizo un llamado al Ejecutivo. “Le pedimos al gobierno que se ponga por primera vez del lado de las víctimas. El daño ya está hecho, ya liberaron a estos delincuentes, ya les bajaron la condena, ya revictimizaron a esos niños y a sus familias. Y hoy día lo que corresponde es que entreguen toda la información para poder defenderlos como corresponde. La Defensoría de la Niñez le puso un plazo de cinco días al Ministerio de Justicia para entregar todos los antecedentes. No los entregaron y tuvieron que poner recursos de amparo en la justicia a ciegas, sin contar con esos antecedentes”, dijo. A eso agregó que se ha “conocido por goteo y por parte de informaciones de la prensa, a través de investigaciones y filtraciones, algunos de estos documentos. Pero oficialmente el gobierno no los ha querido entregar. Ya basta de opacidad” y que existen “dictámenes de la Contraloría que obligan al ministro Rabat a entregar todos los antecedentes”. La jefa de la bancada del PPD, en tanto, apuntó que “la Defensoría de la Niñez tiene atribuciones legales respecto de colocar plazos para la entrega de información. Y eso se cumplió. El 22 de octubre la Defensoría de la Niñez solicitó la información, dio cinco días de plazo legal para poder entregarla y hasta la hora nada. Hace diez días el ministro Rabat señalaba que la información era pública y después de diez días se contradice y señala que no quiere entregar los decretos. Aquí el ministro Rabat no se manda solo. Tiene una legislación y tiene una norma la cual cumplir”. Schneider (FA), por su parte, advirtió que “no vamos a descansar hasta que este gobierno, hasta que el Estado de Chile le dé una respuesta a esas víctimas. Vamos a insistir para que el gobierno sea transparente. Entregue toda la información, le dé la cara a las víctimas y se haga cargo, de una vez por todas, de esta situación tan dañina para nuestro país. Y que, de una vez por todas presenten una propuesta clara para revertir esta situación. Yo creo que el gobierno, en los hechos, lo que está haciendo es una estrategia”. El subjefe de la bancada PS, Nelson Venegas , manifestó que “Chile no puede seguir en esta lógica donde está conducido por un gobierno que ha liberado a pedófilos. El Presidente sigue sin hacer nada. Hemos agotado todas las instancias, lo lógico es que recurramos a una acusación constitucional. Y con ello, lo que estamos haciendo es recoger el reclamo de la inmensa mayoría de las chilenas y chilenos que saben que lo que está ocurriendo es dramático porque sobrepasa la política tiene que ver con la humanidad”.