Hotesur - Los Sauces, el juicio: la inmobiliaria de los Kirchner no tenía sede ni empleados, según la fiscalía

El juicio por la causa Hotesur - Los Sauces continuó este lunes con la lectura formal de los cargos y las elevaciones a juicio de los 19 acusados, entre ellos la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández , y su hijo Máximo Kirchner . Dada la extensión del requerimiento fiscal, el presidente del Tribunal Oral Federal N° 5, José Michilini , anticipó que esta etapa inicial del debate se extenderá aproximadamente diez días hábiles. De momento solo se escuchará la acusación del tramo “Los Sauces”, ya que las defensas solicitaron, a partir de la reciente unificación ordenada por Casación, que se les permita contar con los 10 días hábiles que exige la ley para preparar su intervención en el expediente “Hotesur”. Cristina Kirchner y Máximo Kirchner siguen audiencias a través de Zoom, al igual que la mayoría de los acusados. Deberán asistir a los tribunales de Comodoro Py cuando comience la etapa de declaraciones indagatorias. Terminó la audiencia Luego de repasar en detalle las contrataciones de las empresas Kank y Costilla S.A. que constan en el dictamen de la fiscalía, el Tribunal Oral Federal N° 5 interrumpió la lectura y dictó un cuarto intermedio hasta el próximo lunes 2 de noviembre. Alquilar para lavar Tras comprar propiedades, hoteles y terrenos a través de Los Sauces, la familia Kirchner “los integró inmediatamente a la maniobra de lavado de dinero con el propósito de que, a partir del mes de enero de 2009 y hasta el mes de marzo de 2016, el alquiler de aquellos fuera la causa jurídica que permitiera transferir con ropaje de legitimidad una parte del dinero de procedencia ilícita ”, acusaron los fiscales. La inmobiliaria facturó a las distintas empresas del Grupo Báez y del Grupo Indalo por alquiler de propiedades y hoteles un total de $25.968.042,30 entre 2009 y 2016 , “lo que muestra que esta firma funcionó verdaderamente como un mecanismo permanente destinado al reciclaje de activos”. “Estas cifras surgen de la reconstrucción del flujo de fondos de la empresa Los Sauces, que fue realizada por los peritos contadores y que permitió, a partir de la documentación contable —cuando fue hallada— y bancaria —para cuando aquello no fue posible—, develar la ruta del dinero que recibió la sociedad perteneciente a los expresidentes y su núcleo familiar desde los ‘empresarios amigos’”, continuó la acusación. Báez y el Grupo Indalo representaban el 88% de los negocios de la inmobiliaria , por lo que “en el proceso de reciclaje se incorporaban más fondos ilícitos que fondos legítimos generados por la propia actividad inmobiliaria, lo que da un importante indicador de que el papel de la firma Los Sauces era el de recibir fondos ilícitos desde las empresas del Grupo Báez y del Grupo Indalo en concepto de alquileres, con el propósito de legitimar su incorporación al patrimonio de la sociedad de la familia Kirchner”. San José 1111 y Florencia Kirchner La adquisición del departamento ubicado en la calle San José 1111, piso 2D, donde actualmente la expresidenta cumple prisión domiciliaria, se concretó el 11 de junio de 2015 a través de Los Sauces. La operación fue realizada por Romina de los Ángeles Mercado, en su carácter de presidente de la sociedad, quien le compró la propiedad de 236,6 m² a Jorge Edmundo Coscia por un valor de USD 370.000. Según la fiscalía, el objetivo de esta transacción fue que el departamento sirviera como vivienda particular de Florencia Kirchner, accionista y por entonces vicepresidente de la firma, sin que ella abonara ningún tipo de canon o contraprestación a la sociedad. Para financiar la compra, se estructuró una maniobra de inyección de fondos desde el exterior de la empresa. El 5 de mayo de 2015, el directorio de Los Sauces —integrado por Mercado y Florencia Kirchner— aprobó un aporte irrevocable de $4.000.000 proveniente de la sucesión de Néstor Kirchner. Al día siguiente, Cristina Fernández de Kirchner extrajo dicha suma de una cuenta personal y la depositó en la cuenta de la sociedad. Posteriormente, se utilizaron estos fondos para adquirir cuatro Certificados de Depósito para la Inversión (CEDINES) a nombre de terceras personas y firmas, los cuales fueron endosados por el contador Víctor Manzanares y entregados al vendedor para cancelar el precio total. Al analizar la operación, la acusación señala graves irregularidades y la opacidad con la que se manejaron las transacciones bancarias previas. Para realizar el movimiento de los $4.000.000, la sociedad contó con la connivencia de directivos y empleados de la sucursal Río Gallegos del Banco Nación, entre ellos Marcelo Mazú, Raúl Avarese, Lisandro Gauna, Mónica Romero y Rolando D’Avena . Estos funcionarios registraron el ingreso del dinero como un “depósito en efectivo” —ocultando que provenía de una caja de ahorros de la familia Kirchner— y omitieron deliberadamente asentar la identidad de la persona que realizó u ordenó la transacción. Sospechas sobre el chalet de Cristina La adquisición de la casa ubicada en la calle Mascarello 441, Río Gallegos, se concretó formalmente el 22 de noviembre de 2012 a través de la inmobiliaria Los Sauces. Es la vivienda personal de la exmandataria. La operación, instrumentada por Máximo Kirchner en representación de la sociedad y Osvaldo Sanfelice como vendedor y presidente de la empresa Negocios Patagónicos S.A., se pactó por un valor de USD 250.000 . Las sospechas sobre esta compra radican, en primer lugar, en la detección de maniobras financieras altamente sospechosas y precios simulados entre personas del mismo círculo de confianza. Apenas tres años antes, el 14 de agosto de 2009, la Sanfelice había comprado ese mismo inmueble a un particular por solo $200.000 . Al venderla a los Kirchner, el valor de la propiedad se había prácticamente quintuplicado en solo doce meses sin ninguna justificación aparente. “Se advierte claramente en esta operación la presencia de tres irregularidades graves: a) no se escrituró en el plazo máximo de 180 días establecido por las partes en el boleto de compraventa de fecha 14/08/2009; b) se formalizó la escritura con un poder vencido, que había expirado dos meses atrás; y c) se presentó en el registro de la propiedad inmueble un año después de la instrumentación de la escritura pública”, resaltó la acusación. Este caso ilustra de manera clara cómo la familia presidencial se beneficiaba a través de una inmobiliaria que se nutría de fondos millonarios provenientes de los alquileres pagados por los empresarios beneficiados por el Estado. La Aldea del Chaltén, el cuarto hotel de los Kirchner A principios del año 2009, la familia Kirchner decidió adquirir el Hotel La Aldea del Chaltén, que se convirtió en el cuarto complejo de su cadena hotelera. La operación fue realizada a través de Los Sauces, nuevamente con los servicios del escribano Ricardo Albornoz. La adquisición de este hotel es de suma importancia debido a la enorme disparidad entre el precio declarado y su valor real, lo que a criterio de la fiscalía evidencia la inverosimilitud del negocio. Mientras que en la escritura se asentó un valor de $200.000 , el Tribunal de Tasaciones de la Nación determinó que el valor real del complejo hotelero ascendía a $2.890.000 en esa fecha. Esto significa que la familia presidencial adquirió el inmueble por un monto más de trece veces menor a su valor real de mercado. Asimismo, el hotel cobró relevancia al convertirse en un engranaje clave para el lavado de activos. Los Kirchner “ cedieron inmediatamente el fondo de comercio a la empresa Valle Mitre, de Lázaro Báez , para que por esta vía también funcionara el mecanismo permanente de reciclaje de ganancias ilícitas”, indica la hipótesis de la acusación. Bajo contratos de locación simulados, esta firma canalizó $2.836.724 hacia Los Sauces entre 2009 y 2013. El canon mensual pactado era tan elevado que permitió a los Kirchner recuperar el valor total de la compra del hotel en apenas cinco meses de concesión. En 2013, debido a la repercusión mediática del vínculo comercial entre los Kirchner y Lázaro Báez, la firma VALLE MITRE fue reemplazada por la empresa IDEA S.A ., de Osvaldo Sanfelice . Terrenos cedidos y alquileres simulados El 25 de noviembre de 2008, Cristina Fernández y Néstor Kirchner cedieron en concepto de “aportes irrevocables” dos terrenos de su propiedad a la firma Los Sauces. Cristina Fernández transfirió un lote ubicado en la calle Alvear 391 de Río Gallegos, valuado por los aportantes en $13.500, a pesar de que el Tribunal de Tasaciones de la Nación estimó su valor real en $821.320. Por su parte, Néstor Kirchner cedió un terreno en la calle Moreno 882 de la misma ciudad, también valuado en $13.500, cuyo valor real según la tasación oficial ascendía a $752.700 . Ambas operaciones fueron instrumentadas por Máximo Kirchner ante el escribano de confianza Ricardo Albornoz . La importancia de estos terrenos radica en que, de manera paralela a la cesión y mientras Cristina Fernández ejercía la presidencia de la Nación, la constructora Loscalzo y Del Curto —propiedad del socio comercial de la familia, Lázaro Báez— ya se encontraba edificando en ellos. Al momento de formalizarse el traspaso a Los Sauces, las obras de construcción de un complejo de cuatro departamentos en cada lote presentaban un avance estimado del 60%, según la fiscalía. Báez culminó las obras y facturó a la sociedad un total de $4.185.683,65 por los trabajos. Estas edificaciones se convirtieron en un engranaje clave para la maniobra de lavado de activos investigada. Una vez terminados los complejos habitacionales, e incluso antes de que la familia presidencial pagara por la construcción, las propias empresas del Grupo Báez alquilaron la totalidad de los departamentos. El edificio de la calle Alvear fue locado a la firma Kank y Costilla, mientras que el de la calle Moreno fue alquilado inicialmente a Loscalzo y Del Curto, y luego a Austral Construcciones. A través de estos contratos de locación presuntamente simulados, las empresas de Lázaro Báez canalizaron sumas millonarias de origen ilícito hacia Los Sauces. Específicamente, se blanquearon $1.999.431,18 por medio de Kank y Costilla, $1.691.580 a través de Loscalzo y Del Curto, y $323.915,79 mediante Austral Construcciones, completando así el circuito de retorno del dinero público hacia los expresidentes y sus hijos. Cuarto intermedio El Tribunal Oral Federal N° 5, integrado por los jueces José Michilini , Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni , dispuso un cuarto intermedio de 20 minutos. Luego continuará la lectura del requerimiento fiscal. Sin sede social ni empleados Otro eje de la acusación se basa en que, además de “no tener una sede real donde operar”, Los Sauces “no tuvo personal que llevara a cabo la actividad de intermediación inmobiliaria y, cuando lo tuvo, registró a dos empleados”, entre ellos el jardinero personal de Cristina Fernández y a su hija Florencia Kirchner , “cuyas funciones en la empresa se desconocen hasta el momento”. “En efecto, según se pudo establecer, la firma Los Sauces no registró empleados hasta abril de 2010; registró únicamente un solo empleado a partir de mayo de 2010 y durante los años 2011, 2012, 2013, 2014 y los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2015″. El jardinero Ramón Ángel Díaz Díaz declaró que “trabaja para la familia Kirchner desde hace 18 o 19 años; que lo contrató Cristina Fernández; que su labor es cortar el pasto y arreglar el jardín en la casa de la expresidenta; y que desconoce dónde queda la administración de la empresa”, según recordó la fiscalía. La inmobiliaria que “no existía” La fiscalía tomó como prueba las inconsistencias sobre el lugar “donde supuestamente funcionó la empresa”. “La firma Los Sauces no tuvo sede social donde desarrollar las reuniones de directorio y asamblea, donde llevar adelante la marcha de su negocio y donde poder ser localizada por los organismos de control”, se leyó en la audiencia. En la documentación que consta en el expediente, la inmobiliaria consignó tres direcciones: Alcorta 76, 9 de Julio 161 y Monte Aymond 96, todos en la ciudad de Río Gallegos. “Lo cierto es que son falsos, en tanto en ellos nunca funcionó verdaderamente la sede social” , sostuvo la acusación. En las calles Alcorta y 9 de Julio había dos estudios contables, de los profesionales Néstor Pombo y Víctor Manzanares . La tercera dirección corresponde al domicilio personal de Máximo Kirchner. “Como se ve, pese a registrar distintos domicilios en la ciudad de Río Gallegos, en ninguno de ellos se pudo demostrar el funcionamiento de Los Sauces como empresa inmobiliaria ni tampoco la existencia de infraestructura administrativa acorde con la actividad a la que se dedicaba, lo que constituye un indicador sólido e irrefutable sobre la ilicitud de la actividad desarrollada por la sociedad de los expresidentes y sus hijos”, estableció la fiscalía. La sobrina de Néstor y Cristina La acusación ubicó en un rol preponderante a Romina de los Ángeles Mercado , sobrina de los expresidentes y acusada en el juicio. Fue presidenta de la empresa Los Sauces “a partir del año 2015 —siendo que también desde el año 2013 era presidente de Hotesur— y fue escoltada por Florencia Kirchner como vicepresidente y Máximo Kirchner como director suplente”, se desprende del requerimiento fiscal. Así, “desde la cúpula del directorio, primero Máximo y luego Florencia Kirchner y Mercado, fueron quienes se encargaron de aprobar la compra de las propiedades con las que se instrumentó el lavado de dinero , de aceptar aportes irrevocables de los accionistas, de suscribir los contratos de locación y de recibir y manejar el flujo de dinero proveniente de las empresas de Cristóbal Manuel López, Carlos Fabián De Sousa, Lázaro Báez y Osvaldo José Sanfelice”. La sobrina de los Kirchner no solo ocupó un cargo jerárquico en Los Sauces. Además, “desde la empresa Inversora M&S —de la que fue empleada desde el 02/2012 al 03/2016, es decir, simultáneamente a todo el período en que la sociedad de los ‘empresarios amigos’ y la familia Kirchner desarrollaron la maniobra de lavado de activos—, le permitía encontrarse tanto en la empresa pantalla como en aquella que canalizaba los fondos que luego eran sometidos al proceso de blanqueo”. La canalización de fondos a través de Indalo Cristóbal López y Fabián De Sousa, dueños del Grupo Indalo, recibieron del Gobierno kirchnerista “contratos de obra pública, concesiones y beneficios impositivos indebidos” que habían permitido “el crecimiento patrimonial de los empresarios”. El origen de los fondos La mayor parte de la facturación de la inmobiliaria Los Sauces “correspondía a dinero que provenía de empresas del Grupo Indalo —65%— y del Grupo Báez —23%— ”, acusó la fiscalía. Esto, siguiendo ese criterio, “exhibe que los fondos que ingresaban a la empresa provenían de la defraudación al Estado a través de la asignación irregular de obra pública vial en Santa Cruz a Lázaro Báez, o bien ingresaban con motivo del ofrecimiento y admisión de dádivas por los distintos contratos, concesiones, licencias y beneficios impositivos otorgados a Cristóbal López y Carlos Fabián De Sousa desde diferentes organismos estatales encargados del control y de la autorización de aquellos”. El “amigo de la familia presidencial” Lázaro Báez y sus empresas, luego de ser “beneficiadas con un flujo de fondos sistemático y constante como consecuencia de las obras públicas viales que le eran adjudicadas irregularmente en claro detrimento del erario público”, reciclaban los fondos para que llegaran “a manos de los expresidentes y sus hijos a través del negocio hotelero e inmobiliario desplegado por la firma Los Sauces, bajo la apariencia de legitimidad que le garantizaba el flujo de fondos mediante la fachada de una actividad lícita, lo que les aseguraba poder declarar dichos fondos ante el organismo anticorrupción y ante el fisco ocultando su verdadero origen”. El rol de Máximo Kirchner La participación del diputado nacional “no se circunscribió a su rol en la firma Los Sauces”, señaló la acusación. Máximo “resultó accionista de la firma Hotesur, vendió propiedades de sus padres a la empresa Austral Construcciones con las que fondearían la adquisición de dicha sociedad, firmó los contratos de alquiler de los hoteles y retiró fondos de aquella sociedad”. Aunque Florencia Kirchner fue sobreseída antes de llegar a juicio , la fiscalía postuló que ella “se incorporó a la asociación criminal tras el fallecimiento de su padre en octubre de 2010. A partir de allí brindaría su aval y aprobación a la operatoria ilegal que venían desarrollando sus padres y su hermano a través de la sociedad Los Sauces”. A partir del 2012, Florencia fue vicepresidenta y empleada de Los Sauces y, “al igual que Máximo, también participaría del esquema de blanqueo que en simultáneo se desarrolló a través de la empresa Hotesur, lo que expone el rol fundamental de la nombrada y el beneficio económico que aquella obtuvo de ambas maniobras de lavado”. “Néstor Kirchner y Cristina Fernández controlaban la organización criminal” La segunda jornada de juicio comenzó con la lectura de la valoración probatoria de la fiscalía. “Los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner montaron una matriz de corrupción en distintas áreas del Estado, con el objeto de enriquecer ilegítimamente a Lázaro Báez, Cristóbal López y Carlos Fabián De Sousa a expensas del erario público , antecedente necesario y buscado del propio enriquecimiento personal de la familia Kirchner que, como se ha dicho, se instrumentó mediante distintos mecanismos de reciclaje de dinero a través de la actividad inmobiliaria y hotelera”, sostiene la acusación. Para sostener la mecánica de la corrupción durante 12 años, intervinieron “funcionarios públicos de distintos organismos del Estado, los hijos del matrimonio presidencial Máximo y Florencia , los empresarios beneficiados” Báez, López y De Sousa, y “profesionales contadores y escribanos, Manzanarez, Albornoz y Ludueña”, entre otros. Todos ellos “ocuparían diferentes roles tanto en las empresas de los expresidentes como en los conglomerados societarios de los referidos empresarios”, mientras que los expresidentes, que “dirigían y controlaban la organización criminal”, se posicionarían de ambos lados del mostrador, “valiéndose de su rol y jerarquía como presidentes de la república para beneficiar ilegítimamente a los empresarios mencionados y recibiendo ya desde el lado privado una porción de lo sustraído a través de las maniobras de lavado de activos investigadas”. /judiciales/2026/10/23/hotesur-y-los-sauces-comenzo-el-juicio-oral-a-cristina-y-maximo-kirchner/