La periodista Yadiris Luis Fuentes recuerda que una llamada telefónica en octubre de 2021 confirmó un riesgo que conocía desde hacía años: el régimen cubano impedía el ejercicio del periodismo independiente y perseguía a quienes intentaban hacerlo. Exiliada en España a través de un programa de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Fuentes contó a EFE que aquella intimidación fue el inicio de una sucesión de interrogatorios, amenazas y aislamiento que precedió a su salida de Cuba en 2022. Su testimonio adquiere relevancia en vísperas del 2 de noviembre, Día Internacional para acabar con la Impunidad en los Crímenes contra Periodistas . La fecha vuelve a centrar la atención sobre la falta de protección para trabajadores de prensa en distintos países y sobre los casos sin resolución judicial. Fuentes explicó que recibió la llamada de un hombre que se presentó como militar. Le dijo que sabía dónde vivía y que podía pasar a buscarla. Tras conocer la situación, abogados de su entorno le recomendaron que no aceptara, bajo ninguna circunstancia, ir a una “casa de protocolo”, lugares que, según su relato, el régimen utiliza para interrogar a periodistas, opositores y activistas fuera de las comisarías. Las casas de protocolo, sin control ni registro para las familias Fuentes relató a EFE que esos lugares suponían un riesgo particular porque las personas retenidas permanecían incomunicadas y sus familias no tenían información sobre su paradero. “ De esas casas de protocolo mucha gente terminaba en la cárcel o yéndose del país ”, recordó Fuentes. Poco después de aquel primer contacto, recibió una citación para un interrogatorio. Para ella, ese momento abrió una etapa de deterioro de su vida cotidiana. “ Empieza a ocurrir una especie de muerte civil ”, afirmó, al describir cómo se reducían sus vínculos, sus posibilidades laborales y su margen de acción. Los últimos interrogatorios que enfrentó antes de abandonar Cuba ocurrieron, precisamente, en esas casas de protocolo. Fuentes salió de la isla en 2022 y se instaló en España mediante un programa de protección de RSF. El caso expone un problema regional y global. Por primera vez en la clasificación mundial de libertad de prensa de RSF, más de la mitad de los países se encuentran en una situación considerada “difícil” o “muy grave” para el ejercicio de la actividad periodística. América Latina y el Caribe, la región con más periodistas asesinados América Latina y el Caribe continúan como la región con mayor número de periodistas asesinados desde que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) comenzó a contabilizar los casos en 1993. El registro global supera los 1.800 homicidios de trabajadores de prensa , según los datos citados por EFE. La familia de Francisco Pacheco, diez años de impunidad y amenazas La conmemoración incluye también el caso de Priscila Romero , hija del reportero mexicano Francisco Pacheco , asesinado a balazos frente a su casa en 2016. Diez años después, su familia sostiene que el crimen sigue impune y denuncia amenazas, desplazamiento interno y falta de acceso efectivo a las medidas previstas para las víctimas. “¿Por qué después de diez años nosotros seguimos siendo perseguidos?”, planteó Romero en declaraciones telefónicas a EFE. La joven cuestionó que su familia deba continuar reclamando protección y justicia tras el asesinato de su padre, a quien describió como un periodista que murió por ejercer su trabajo. Romero afirmó que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas retiró a su familia los apoyos de vivienda y alimentación. También señaló que, pese a la existencia de una ley de víctimas en México, no acceden a las prestaciones que establece esa norma. La familia denuncia la presencia de personas y vehículos sospechosos cerca de su vivienda, además de amenazas. “ Somos víctimas indirectas del homicidio, víctimas de violaciones a derechos humanos, del no acceso a la justicia ”, sostuvo Romero, quien mencionó problemas de salud, miedo y afectaciones psicológicas entre sus familiares.

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La periodista Yadiris Luis Fuentes recuerda que una llamada telefónica en octubre de 2021 confirmó un riesgo que conocía