Fiscalía de Antofagasta acusa a 22 personas por trata de personas y pide penas que suman 642 años

La Fiscalía Regional de Antofagasta, liderada por el fiscal regional Juan Castro Bekios , presentó acusación en contra de una banda transnacional de 22 sujetos que en agosto del año pasado fueron detenidos por su participación en delitos de trata de personas con fines de explotación sexual y lavado de activos. Esto, en el marco de una operación que se denominó como “Casa de Muñecas”. Según la acusación, los imputados habrían integrado cuatro clanes familiares que mantenían en funcionamiento tres prostíbulos clandestinos y un local con patente comercial de café. Cada entidad, conforme los antecedentes que pudo acreditar la Fiscalía, mantenía funciones definidas: captación, traslado, recepción y control de las víctimas; administración; financiamiento; y uso de testaferros. Se estableció, asimismo, que las víctimas correspondían a mujeres en situación de vulnerabilidad, entre ellas una menor de edad, y quienes eran captadas en sus países de origen con falsas ofertas de trabajo o en la propia ciudad de Antofagasta. En medio de la investigación el equipo liderado por Castro Bekios fijó la labor que desarrollaba cada uno de los imputados y así, recientemente, se ingresó la acusación donde, en suma, se requieren penas que superan los 642 años de cárcel en contra de los implicados. Las solicitudes van de 17 a 47 años de cárcel por imputado, además de multas por 7.730 UTM y el comiso de los bienes incautados. Se les responsabiliza por los delitos de asociación criminal para cometer trata de personas, trata con fines de explotación sexual, promover o facilitar la entrada o salida del país para la prostitución, asociación para cometer lavado de activos, lavado de activos y, en un caso, tráfico de drogas en pequeñas cantidades. Como detallaron desde el Ministerio Público a La Tercera , el eje de la acusación es patrimonial. La investigación habría reconstruido cómo las ganancias de la explotación se introducían en la economía formal mediante comercios fachada, personas que prestaban sus cuentas, titulares aparentes de bienes e inversiones en vehículos, fondos mutuos e inmuebles sin relación con los ingresos declarados. En uno de los análisis financieros se identificaron más de 2.800 transferencias de bajo monto, un patrón que, según la Fiscalía, buscaba eludir los controles del sistema financiero. Uno de los clanes, además, habría otorgado préstamos usurarios conocidos como “gota a gota”. Al abordar este caso, el fiscal Castro Bekios hizo presente que “a una organización criminal no se la vence sólo con detenciones, se la vence cuando pierde su dinero. El patrimonio es su oxígeno, y nuestro trabajo es cortarlo”. Junto con ello, enfatizó que “en la trata, seguir el dinero no solo permite probar el lavado: permite reconstruir la explotación que lo hizo posible. Cuando una organización pierde su patrimonio, pierde también su capacidad de volver a captar”. El persecutor señaló, igualmente, que las víctimas permanecen bajo la protección de la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos (URAVIT). “Investigar la trata exige empezar por las víctimas: personas que llegan sin redes, sin documentos y con miedo. Si el Estado no las protege primero, no hay causa que resista. Por eso el trabajo de nuestra Unidad de Víctimas es tan decisivo como el de los investigadores”, manifestó. “En la trata, la frontera no es solo la que se cruza al llegar: es la que se le impone a la víctima para que no pueda salir”, recalcó Castro Bekios. Imputada clave Si bien en el marco del proceso ya hay 22 acusados, hay una pieza clave que se mantiene fuera de territorio nacional. Se trata de una ciudadana colombiana a quien la Fiscalía sindica como líder de uno de los clanes, y quien no fue detenida en el operativo porque se encontraba fuera de Chile. En abril de 2026 fue formalizada en ausencia, y en mayo la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió la solicitud de extradición activa. La Corte sostuvo que, aunque el tratado de extradición entre Chile y Colombia, firmado en 1914, no incluye la trata ni el lavado en su catálogo de delitos, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional los incorpora a todo tratado vigente entre los Estados Parte (Corte de Apelaciones de Antofagasta, 2026). Primero Chile pidió su detención provisional y, en junio, la extradición formal. Hoy la imputada está privada de libertad en Colombia, y el procedimiento de extradición sigue su curso en ese país. Si su entrega no llega a tiempo, su causa podría juzgarse por separado. “La Fiscalía Regional de Antofagasta no descansará en la persecución de quienes deban responder ante los tribunales chilenos, donde sea y por el tiempo que intenten ocultarse. La verdad que deben establecer los tribunales no tiene fronteras”, enfatizó el fiscal regional. Respecto de lo que viene, Castro Bekios adelantó que la audiencia de preparación de juicio oral se realizará el próximo 30 de noviembre. La Fiscalía ofrece 1.011 medios de prueba: 79 testigos, 7 peritos, 571 documentos y 351 otros medios, entre ellos interceptaciones telefónicas autorizadas, registros de agentes encubiertos y reveladores, análisis de evidencia digital y cuadernos de contabilidad paralela.