Quiebre entre los controladores de Pullman Bus: tribunales decretan una medida precautoria sobre inmuebles del grupo

La disputa entre los hermanos Farías, controladores de la empresa Pullman Bus, está lejos de amainar. El pasado 19 de octubre, el 4° Juzgado Civil de Santiago acogió la medida precautoria solicitada por la defensa de Rocío Farías, en la que se pidió decretar una prohibición de celebrar actos y contratos sobre una serie de bienes inmuebles pertenecientes al grupo. La medida se enmarca en el conflicto entre ambos hermanos, donde Rocío Farías acusa a su hermano, Luis Pedro Farías, del deterioro financiero del grupo y de administración desleal. Ante ello, la defensa, encabezada por la abogada Rebeca Zamora, solicitó el pasado 17 de junio una medida prejudicial precautoria pidiendo, pidiendo se decrete la prohibición de celebrar actos y contratos respecto de nueve propiedades de Inmobiliaria Nova SpA, por un total de $3.820 millones. En concreto, son tres en Talca con una tasación fiscal de $132 millones, una en Linares por $9,5 millones, otra en Los Ángeles por $266,9 millones, Osorno por $338,9 millones, y una en Antofagasta por $95,9 millones. A estos inmuebles se suman dos en Santiago, donde está ubicado el terminal San Borja, que suman una tasación fiscal por $2.976 millones. Los otros flancos En medio de la disputa entre los hermanos, la situación financiera de la empresa está tensionada. Existe una causa por tutela laboral en su contra, presentada en 2025 por un grupo de trabajadores, que demanda $23.700 millones. En el flanco civil, en septiembre Rocío Farías presentó una querella por administración desleal en contra de su hermano, acusándolo de un perjuicio patrimonial de $173.000 millones en la gestión de las sociedades de que conforman el Grupo Pullman. La acción, presentada en julio ante el 6° Juzgado de Garantía de Santiago por la abogada Rebeca Zamora, señala que “tras el fallecimiento del fundador del Grupo Pullman, en agosto de 2021, Luis Pedro Farías asumió de manera unilateral y fáctica el control absoluto de la gestión, la administración y las decisiones estratégicas de la organización, paralizando de forma sistemática el funcionamiento regular de las juntas de accionistas y los directorios”. La querella sostiene que Farías, en su calidad de director, gerente general de varias sociedades y “administrador de hecho del Grupo Pullman Bus, ejecutó una administración abusiva y contraria al interés social de manera reiterada y dolosa, irrogando a las sociedades del Grupo un perjuicio patrimonial de, a lo menos, $173.000.000.000″. Si bien “en razón de sus cargos y de la administración efectiva que ejercía sobre el Grupo, Luis Pedro Farías tenía la gestión y resguardo de patrimonios sociales ajenos”, su hermana asegura que, tras el fallecimiento de su padre, “concentró la administración del Grupo, manteniendo paralizado el funcionamiento regular de juntas de accionistas y directorios, impidiendo la renovación o integración de los órganos sociales, y excluyendo a Rocío Farías Quevedo de la gestión, fiscalización y toma de decisiones de las sociedades”. “Atendidas sus funciones dentro del Grupo, su acceso a información operacional y estratégica, el giro competitivo de la nueva sociedad y su cercanía con el querellado, esta estructura aparece como una sociedad paralela y competidora de las sociedades del Grupo, destinada a disputar el mismo giro, aprovechar oportunidades de negocio, información operacional y relaciones comerciales, y favorecer a terceros vinculados al querellado en perjuicio del patrimonio social”, señala. Según el documento, Luis Pedro Farías “no ha promovido ni permitido la citación y celebración regular de las juntas ordinarias de accionistas, instancia esencial para conocer la marcha de los negocios sociales, revisar y aprobar la memoria, balance, estados financieros e inventario, y adoptar las decisiones propias de su competencia”.