Lo impensable, lo indecible

Es difícil pensar en algo más violento y dañino que lo que han vivido los niños abusados sexualmente. Un crimen abyecto que a veces no se puede poner en palabras. Sus padres y madres viven su propio calvario. Al dolor por lo sufrido se agrega lo duro y difícil que es ayudar al niño a elaborar el trauma y reparar las heridas. Y a intentar, con todas sus fuerzas y todo su amor, a que ese acto vil no defina el futuro y el destino de su hijo o hija. La reparación es algo personal y familiar, pero también algo colectivo: encontrar paz requiere que funcione la justicia. Es inhumano, por tanto, solo pensar que a quienes han sido condenados por la justicia por estos hechos tan graves se les rebaje esa condena. Por todo esto es tan inexplicable lo que hizo el gobierno al rebajar las penas a 56 condenados que abusaron de menores de edad. Y más desconcertante aún es que hayan perseverado en este grave error durante tres días, insistiendo el ministro de Justicia, Fernando Rabat, que estaba en lo correcto. Desde que el medio Interferencia publicó la noticia de la rebaja de penas, las acciones y declaraciones del ministro –y del atribulado nuevo vocero– ahondaron en el daño. Explicaciones supuestamente técnicas, como si se estuviera hablando de personas que se robaron una bicicleta, sin empatizar, ni por un momento, con quienes han sufrido esto y sus familias, ni con la gravedad del delito. Este es un caso jurídico, claro, pero con dimensiones políticas, sociales, éticas y humanas que el gobierno no aquilató. Y que solo después de que vio el tamaño de la crisis decidió retroceder, borrando de un plumazo –o tratando de borrar– lo que había sostenido porfiadamente el ministro Rabat. El ministro había defendido su postura sobre la base de dos argumentos: que la ley era clara y que procedía solo acatarla. “Existe un principio de orden constitucional, y es que no se puede aplicar de manera retroactiva una ley en perjuicio del condenado”, aseguró, en referencia a la modificación legal de febrero de 2022 que excluyó del beneficio de reducción de condena a quienes hubieran sido condenados por determinados delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Quienes recibieron sus sentencias antes de ese cambio legal han alegado que debían regirse por la normativa anterior, sin que se les aplicará retroactivamente la nueva restricción. El gobierno del expresidente Boric decidió, frente a esta realidad, rechazar este tipo de solicitudes. Los condenados recurrieron de amparo y la Corte Suprema –en ese momento– acogió sus presentaciones, ordenando otorgar las rebajas en esos casos. El raciocinio detrás de la decisión del ministro de Justicia de entonces, Jaime Gajardo, fue claro: rechazó que abusadores sexuales rebajaran su condena. Si ellos querían alegarlo ante la justicia, estaban en todo su derecho, pero el gobierno no firmó esos decretos. El actual ministro, Fernando Rabat, cuando dice que no tuvo otro camino, no es así. Tomó una decisión muy importante, que fue no mantener el criterio anterior, una decisión que tiene consecuencias. En segundo lugar, tampoco es efectivo, como dijo, que la Suprema ofreciera jurisprudencia unánime al respecto. Su explicación era que como el máximo tribunal había decidido en cientos de casos en favor de los condenados, entonces no tenía sentido no zanjar el tema antes, en su despacho. Pero la Corte Suprema misma tiene varios dictámenes en que no aceptó la rebaja de condena. Tal como ha detallado La Tercera este viernes, en casi diez fallos revisados por este diario, la Suprema ha sostenido que la reducción de condena no forma parte de la pena propiamente tal y que, por lo tanto, la prohibición incorporada en 2022 no vulnera el principio de irretroactividad de la ley penal. La ministra María Cristina Gajardo incluso explicó en un fallo su cambio de posición y sus razones. Es incomprensible que todos estos aspectos no hayan sido tomados en cuenta durante la deliberación que le correspondió hacer al actual ministro de Justicia, y a todos quienes hayan participado en esta decisión. Y que solo hayan retrocedido –menos mal que lo hicieron– cuando ya la crisis era incontenible, anunciando que se congelaban los decretos pendientes y comprometiendo discusión inmediata a proyectos ad hoc en el Congreso. Pero la pregunta es cómo pueden cometer errores de este calibre. Cómo es posible que hayan llegado hasta allí sin darse cuenta de lo que significaba para cualquier gobierno firmar esos decretos sin dar la pelea. Más aún para el gobierno que se supone –así prometió– ser el más duro contra la delincuencia. ¿Qué habrían dicho y hecho quienes hoy gobiernan si el expresidente Boric les hubiera rebajado las penas a 56 condenados por abusos sexuales a niños y niñas? ¿Lo habrían aplaudido por respetar la ley?