Desde el pasado 2 de octubre, el Conservador de Bienes Raíces de Santiago (CBRS), Carlos Miranda , quien es titular del Registro de Hipotecas y Gravámenes, asumió la suplencia de los otros dos oficios: los de Propiedad, Comercio y Aguas y de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar. Lo anterior, tras la entrada en vigencia de la reforma a las notarías y conservadores, lo que derivó en el cese de funciones -entre otros- del histórico conservador Luis Maldonado , quien pese a su oposición dejó el oficio que ocupó por casi 30 años. A raíz de la aplicación de dicha ley, Miranda asumió la suplencia de ambos registros, trabajo que según ha dado cuenta ha sido complejo. Por lo mismo, según fuentes de La Tercera , durante los últimos días el conservador de Santiago ingresó ante el Ministerio Público un escrito para denunciar una serie de amenazas de las que estaría siendo víctima con el fin -dice- de generar intimidación y presión indebida en su nuevo cargo. En el escrito de denuncia al que tuvo acceso este medio, Miranda comienza contextualizando que antes de asumir las suplencias y, consigo, de recibir amenazas, ha vivido situaciones complejas al interior de la institución de Morandé 440, las que han derivado de la difícil relación que mantenía con Maldonado, lo que “significó una tensa relación entre los funcionarios que prestaban servicios con él y, posteriormente, los registros a su cargo y los funcionarios”. Aquello, afirma, significó que se instalan rumores “que tenían por objeto cuestionar mi imagen profesional y personal, lo que sólo lo expreso para poder comprender la dinámica que ha derivado en este grave caso de amenaza y cuestionamiento a las personas que prestan servicios en el registro a mi cargo”. Con esa misma dinámica, agrega la denuncia, a medida que se acercaba el tiempo para asumir los reemplazos en el CBRS, “se inició una nueva campaña de rumores” sobre una supuesta lista de despidos que él ejecutaría una vez que asumiera las subrogancias, por lo que era “preocupante” que encabezara los servicios. A juicio de Miranda, dichos rumores “tenían el propósito de generar inquietud entre los trabajadores y dificultar la toma de decisiones en algunas materias importantes”. Cinco cartas El pasado 21 de octubre, según detalló en su denuncia ante la Fiscalía, llegaron hasta su domicilio particular cinco cartas similares, con el mismo tenor, y que tenían el mismo remitente con una identidad no corroborable. Pese a eso, la denuncia plantea que “resulta innegable, por el tenor de los mismos, que dichos anónimos fueron elaborados y enviados por personas que trabajan en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago”. Los escritos, afirma, coinciden con el periodo en que debe “adoptar decisiones importantes”, por lo que afirma que se debe investigar “si esos anónimos tienen la clara e inequívoca intención de ejercer una presión ilegítima con el objeto de intimidarme y me abstenga de adoptar ciertas medidas que puedan afectar los intereses del o los autores de estos anónimos”. El contenido de esas cartas, denuncia Miranda, es completamente falso y contiene “expresiones gravísimas” que buscan generar un acto intimidatorio y de presión para amedrentarlo. “No se trata, por tanto, únicamente de comunicaciones que puedan generar inquietud en el ámbito laboral, sino que persiguen un propósito mayor que, por su tenor, resulta necesario investigar para esclarecer si fueron utilizadas como un mecanismo de amedrentamiento o presión indebida, dirigido tanto contra mi persona como contra quienes aparecen mencionados en ellas”, señala. En esa línea, plantea que “las circunstancias expuestas permiten plantear, con bastante fundamento, la hipótesis de que los anónimos persiguen afectar mi desempeño y menoscabar la posición de personas que ejercen cargos de jefatura de uno de los registros y debilitar el ejercicio de las atribuciones que les corresponden”. Por lo tanto, agrega, dichos propósitos podrían constituir una forma de interferencia ilegítima sobre sus funciones y para que se abstenga de “adoptar ciertas medidas que puedan afectar los intereses del o los autores de estos anónimos”. La investigación, a juicio del denuncia, permitirá esclarecer los hechos y se podrá determinar si constituyen amenazas, injurias, coacción, entre otros ilícitos en contra de su persona y honra. Una serie de diligencias En la misma denuncia de Miranda, quien es representado por el abogado Pedro Orthusteguy , el conservador pide una serie de diligencias. La primera de ellas es que se le cite a declarar, así como también que se fije una fecha y hora para que pueda entregar las cinco cartas. Así como también solicita que se declare la reserva de la indagatoria. Por último, requiere que se ordene al OS-9 de Carabineros para que investigue la autoría de las cartas, la dirección de origen de estas y “posibles vinculaciones con funcionarios del Conservador de Bienes Raíces de Santiago”.
Desde el pasado 2 de octubre, el Conservador de Bienes Raíces de Santiago (CBRS), Carlos Miranda , quien es titular del





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