Sandra Ortiz, procesada por escándalo de la Ungrd, defendió el nombramiento de su hermana en la Licorera de Boyacá: “Ha construido su trayectoria a pulso”

María Elena Ortiz Nova asumió como gerente general de la Nueva Licorera de Boyacá el 3 de noviembre de 2026, una designación formalizada por el gobernador Carlos Amaya que generó cuestionamientos por ser hermana de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones en el gobierno de Gustavo Petro, procesada penalmente por irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La empresa departamental comercializa más de 1.000.000 de botellas al año y genera miles de millones de pesos en utilidades e impuestos destinados a los sectores de salud y educación de Boyacá. Su peso dentro de las finanzas territoriales elevó la atención sobre el relevo en la gerencia. La posesión se conoció el martes 3 de noviembre de 2026 cuando Amaya difundió en su cuenta de X imágenes de la toma de juramento de varios funcionarios para la segunda etapa de su administración. “Hoy, grandes profesionales asumen nuevas responsabilidades en el equipo de la #BoyacáGrande”, escribió el gobernador. Junto con Ortiz Nova, presentó a Sara Gabriela Boada Alameda como secretaria privada; a Ángela Patricia Velandia Novoa como gerente de Regiones Boyacá, con inicio de funciones previsto para el viernes; y a William Orlando Vargas Contreras como asesor de su despacho”, expuso el mandatario local. Sandra Ortiz pidió que su familia no sea asociada a su caso judicial La decisión generó polémica en redes sociales; Sandra Ortiz, que fue senadora de la Alianza Verde, también se pronunció en redes sociales para defender a su hermana. La exconsejera dijo que María Elena construyó su carrera de manera independiente y que ha trabajado con Amaya durante más de 14 años. “Lleva más de 14 años al lado de Carlos Amaya, con quien no tengo vínculo político alguno”, escribió. Ortiz añadió que sus discrepancias con el gobernador llegaron a romper la cercanía política que tuvieron en el pasado, cuando ambos hicieron parte de la Alianza Verde y respaldaron al Gobierno de Gustavo Petro. En su mensaje, pidió que la situación judicial que enfrenta no se extienda a sus familiares. Reivindicó la presunción de inocencia y aseguró que cada persona debe responder de manera individual por sus actuaciones. “Mi hermana tiene nombre propio, méritos y derecho a que se respete su dignidad”, señaló Sandra Ortiz. A propósito, manifestó que su familia ha afrontado las consecuencias públicas del proceso y pidió que la dejen al margen de las acusaciones que la involucran. A la defensa por el nombramiento se sumó el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, que sostuvo que la designación responde a la trayectoria de María Elena Ortiz y a la cercanía política y laboral que mantienen desde hace años. Según explicó, ella lo acompañó desde su primera campaña a la Gobernación, en 2016, mientras Sandra Ortiz fue elegida alcaldesa de Paz de Río. “Ella ha estado siempre conmigo, aun en momentos complejos, y es una mujer que quiero mucho”, afirmó el mandatario. También dijo que espera que cumpla una buena gestión al frente de la licorera y destacó sus capacidades profesionales. El gobernador señaló que María Elena y Sandra Ortiz tomaron caminos políticos distintos desde entonces. Esa distancia, aseguró, se hizo visible cuando María Elena decidió respaldar su aspiración a la Gobernación de Boyacá. La trayectoria de la nueva gerente de la licorera Oriunda de Paz de Río, María Elena Ortiz Nova desarrolló buena parte de su carrera profesional y política en Boyacá, con antecedentes en cargos de dirección, asesoría y gestión pública. Su vínculo con la administración departamental se remonta al menos a 2016, cuando la Gobernación de Boyacá la identificó como secretaria de Minas y Energía. En esa presentación también fue mencionada como exalcaldesa de Paz de Río y exdirectora financiera y fiscal del departamento. En enero de 2024, Ortiz Nova fue nombrada gerente del Instituto de Fomento y Desarrollo de Boyacá. Más tarde, el Decreto 1213 del 30 de diciembre de ese año la designó nuevamente secretaria de Minas y Energía, otra vez durante la administración de Amaya.