Una supuesta oportunidad para conseguir un empleo en el Congreso de la República terminó convirtiéndose en una pesadilla económica para varias personas que confiaron en las promesas de un hombre que aseguraba tener contactos dentro del Parlamento. Se trata de Hernán Araníbar Dueñas, de 61 años, quien habría utilizado el nombre del diputado Harvey Colchado Huamaní para ofrecer puestos de trabajo con remuneraciones de hasta S/10.500 mensuales, solicitar dinero por supuestos trámites administrativos y entregar contratos que aparentaban ser documentos oficiales. El reportaje de ‘Punto Final’ expuso los testimonios de los presuntos agraviados, audios y detalles de la investigación policial que permitieron conocer cómo habría operado. La investigación periodística mostró que Araníbar se presentaba como asesor legislativo y reclutador de personal. Según los testimonios recogidos, aseguraba tener una relación cercana con Colchado y ofrecía facilitar el ingreso de personas al Congreso. Para convencerlas, hablaba de supuestas vacantes en diferentes áreas, prometía contratos y hasta coordinaba encuentros en las instalaciones del Parlamento. Sin embargo, cuando fue consultado por las acusaciones, el hombre negó haber ofrecido puestos laborales o recibido dinero a cambio de gestionar contrataciones. “Todo, todo es falso, ¿ya? Es una calumnia, que realmente me están difamando, ¿ya? Y no hay pruebas”, respondió ante las cámaras. La periodista le preguntó directamente si había ofrecido empleos en el Congreso, pero Araníbar insistió en rechazar los señalamientos. “Mentira, falso. No hay prueba, no hay prueba”, manifestó. También negó haber citado a personas en la sede parlamentaria para ofrecerles trabajo. Pese a su negativa, el informe presentó testimonios de personas que aseguran haber sido contactadas por él y haber entregado importantes cantidades de dinero con la expectativa de conseguir un puesto en el Estado. Así habría utilizado el nombre de Harvey Colchado para ofrecer empleos en el Congreso Según el reportaje, Araníbar aprovechaba sus supuestos vínculos con el diputado para generar confianza entre sus contactos. En uno de los casos, el primer acercamiento ocurrió durante una reunión de amigos, donde conoció a una mujer identificada como Daniela. El hombre le habría dicho que era promoción de Colchado y que colaboraba con él en el reclutamiento de personal para el Congreso. Después de solicitarle su currículum vitae, le comunicó que había sido seleccionada para ocupar un puesto. La oportunidad parecía concreta porque, además de hablarle sobre las funciones que desempeñaría, le aseguró que podría reunirse con el legislador para coordinar su ingreso. Cuando fue consultada sobre lo que le habían ofrecido, Daniela confirmó que se trataba de un empleo en el Parlamento. Al preguntarle qué gestión supuestamente realizaría Araníbar, explicó que él iba a reunirla con Harvey Colchado. La víctima no tenía claridad sobre el cargo específico que ocuparía, pues, según contó, le habían mencionado que había puestos de asistentes y otras funciones disponibles. No obstante, sí aseguró que le solicitaron dinero para avanzar con la supuesta contratación. El procedimiento incluía diferentes pagos que, de acuerdo con la explicación que recibió, eran necesarios para completar los documentos. Primero debía entregar S/440 por una supuesta declaración jurada. Después vendrían otros desembolsos: S/1.200 por derechos notariales y S/100 por derechos registrales. En total, los montos alcanzaban los S/1.740, sin contar otros requerimientos que habrían surgido durante el proceso. El informe también reveló que Araníbar reforzaba su historia mediante mensajes de voz que enviaba a sus potenciales víctimas. En uno de ellos, una persona que se presentaba como asesor legal de Recursos Humanos decía que necesitaba recibir el currículum de un recomendado para colocarlo en alguna dependencia del Congreso. “Doctor, ayer usted se reunió con el asesor del diputado Colchado. Me acaban de informar que por favor, este, me envíe su CV de su recomendado para colocarlo por ahí en el Congreso”, se escucha en el audio difundido por el programa. Ofrecía contratos con sueldos de S/5.500 y S/10.500 Uno de los elementos que llamó la atención de la investigación fue la entrega de documentos que simulaban ser contratos de locación de servicios profesionales de la Cámara de Diputados del Perú. En el caso de Daniela, el documento consignaba un supuesto puesto de atención al público, con una remuneración mensual de S/5.500. No obstante, el reportaje identificó irregularidades en el contrato. Entre ellas, un RUC que no correspondía al Estado y una dirección fiscal consignada en la Plaza Bolívar, detalles que despertaron cuestionamientos sobre la autenticidad del documento. Otra de las personas que habría caído en este ofrecimiento fue Tomás Jáuregui. Según el informe, Araníbar le prometió un puesto de trabajo en el Congreso y también le ofreció una oportunidad laboral a su esposa. En este caso, la confianza habría sido mayor porque ambos se conocían desde hacía años. Un representante vinculado a la investigación explicó que el acercamiento se habría producido por una relación de amistad de la infancia y antiguos vínculos escolares. Araníbar se presentaba como una persona cercana al legislador y utilizaba esa supuesta confianza para convencer a su conocido de que podía conseguirle trabajo. “El señor se acerca, ya que lo conocía por haber sido promociones de colegio e inclusive vecinos de la niñez. Y con esta confianza es que él le ofrece la oportunidad de trabajar en el Congreso de la República”, explicó durante el reportaje. También detalló que la víctima creyó en las promesas debido a que consideraba que estaba tratando con alguien a quien conocía prácticamente toda su vida. Por esa razón, terminó realizando entregas de dinero mediante transferencias bancarias y billeteras digitales. En el caso de Jáuregui, los requerimientos comenzaron con los mismos S/440 por una supuesta declaración jurada. Sin embargo, posteriormente se habrían solicitado nuevos montos hasta alcanzar S/15.000. A cambio, recibió otro contrato que supuestamente lo incorporaba como subjefe de seguridad del Congreso, con una remuneración de S/10.500 mensuales. El dinero habría llegado a la cuenta de su hermana Uno de los aspectos más delicados de la investigación está relacionado con el destino de las transferencias. Según la denuncia, los S/15.000 entregados por Tomás Jáuregui habrían llegado a una cuenta bancaria de Victoria Dueñas, hermana de Hernán Araníbar. El reportaje también recogió la versión de la mujer, quien fue consultada sobre los depósitos que recibía en su cuenta y su posible participación en las coordinaciones para conseguir los puestos de trabajo. Al preguntarle por qué recibía el dinero de las víctimas, respondió: “Soy inocente”. Sin embargo, cuando la periodista le indicó que existían pruebas y notificaciones sobre las transferencias, volvió a negar las acusaciones. “No, falso”, contestó cuando le preguntaron si se hacía pasar por una trabajadora del Congreso durante las llamadas telefónicas. La reportera insistió en que el dinero de los agraviados llegaba a su cuenta, pero la mujer mantuvo su posición: “Soy inocente”. De acuerdo con la explicación recogida durante el informe, Araníbar habría utilizado diferentes argumentos para solicitar nuevos depósitos. Una de las personas vinculadas a la investigación señaló que el investigado presentaba distintas excusas para justificar los pagos y mantener las transferencias hacia un número telefónico afiliado a una entidad financiera. “Le ponía una serie de excusas a las transferencias que hacía, toda vez que en este caso llegó a transferir hasta quince mil soles, que es mucho más inclusive de lo que le proponía como sueldo a ganar a futuro. Entonces, lo que sucedía era que bajo una excusa u otra, le venía pidiendo dinero y siempre para ser transferidos a este número de teléfono afiliado a una cuenta de una entidad financiera”, explicó. Una vez que recibía los depósitos, Araníbar entregaba los supuestos contratos para que las víctimas los revisaran. Sin embargo, los empleos nunca llegaban a concretarse. Cuando los afectados reclamaban por la demora, el hombre habría recurrido a nuevas explicaciones para mantener vigente la promesa de contratación. Citaba a sus víctimas en el Congreso para dar credibilidad a sus ofrecimientos Cuando las personas comenzaron a exigir respuestas por los pagos realizados, el supuesto reclutador habría recurrido a otra estrategia: citarlas en las instalaciones del Congreso de la República. Según la investigación, les indicaba que primero debían realizar una visita guiada por la sede parlamentaria antes de firmar los contratos de locación de servicios. De esa manera, buscaba reforzar la apariencia de que las contrataciones estaban encaminadas y que las víctimas efectivamente ingresarían a trabajar como asesores o técnicos en el despacho de Harvey Colchado. Los audios difundidos por ‘Punto Final’ permitieron escuchar parte de esas coordinaciones. En una de las grabaciones, se oye a Araníbar apurar a una persona para que realice el registro necesario para ingresar al Parlamento. “Llame urgente, mano, para que te puedas registrar para poder entrar al Congreso, ahí en la Cámara de Diputados, donde está Harvey Colchado, el presidente del Congreso. Mañana a las cinco, a las cinco voy a tu casa para ir donde la doctora, donde la esposa de, este, de Colchado”, se escucha en el registro. El hombre también fue captado durante los momentos en que acompañaba a los presuntos agraviados. En una de las intervenciones, una persona le preguntó si era asesor del congresista, a lo que respondió que no. Cuando le solicitaron su documento de identidad, manifestó que tenía una cita y trató de continuar con el ingreso. La escena cambió cuando los afectados comenzaron a identificarlo y explicar por qué se encontraban en el lugar. Una de las personas señaló que él le estaba ofreciendo un puesto de trabajo, mientras Araníbar intentaba presentar a los presentes como agraviados que lo acompañaban en otro vehículo. Harvey Colchado niega cualquier vínculo con el supuesto asesor Uno de los puntos centrales de la investigación fue establecer si Hernán Araníbar tenía alguna relación laboral o personal con el diputado Harvey Colchado Huamaní , cuyo nombre habría utilizado para convencer a las víctimas. El legislador de Ahora Nación rechazó tajantemente cualquier vínculo con el investigado y aseguró que este se aprovechaba de su identidad para obtener beneficios económicos. “No tengo ningún tipo de vínculo y quiero nuevamente que vean su fotografía. Esta persona viene estafando, tomando mi nombre, ¿y de cuántos más?, para poder obtener un beneficio económico aprovechándose de la necesidad laboral que tienen muchas, muchos ciudadanos a nivel nacional”, manifestó. Colchado también aprovechó el informe para advertir a la ciudadanía que ninguna persona debe pagar para acceder a un puesto de trabajo en el Estado. Explicó que los procesos de contratación en las entidades públicas se realizan mediante los canales correspondientes y que no existen cobros por entrevistas o por conseguir una vacante. “No se paga, no hay ningún pago para una entrevista, para obtener un trabajo, ni el Congreso ni ninguna entidad pública. No se dejen estafar”, enfatizó. El diputado también explicó cómo algunos presuntos estafadores utilizan fotografías con autoridades o políticos para aparentar una cercanía que no necesariamente existe. Según señaló, es habitual que ciudadanos se acerquen a las autoridades para conversar o tomarse fotografías, pero algunos podrían utilizar esas imágenes para convencer a otras personas de que tienen contactos capaces de conseguirles empleo. “Muchos políticos, autoridades, diputados, senadores, alcaldes, ministros, salen a la calle, conversan con la gente y muchos se toman una foto, te piden una foto, que es algo normal. Y a veces esos estafadores dicen: ‘Yo tengo una foto con el diputado tal, es mi amigo, te va a conseguir trabajo’. Señores, no se dejen engañar”, advirtió. Denuncias contra Hernán Araníbar se remontarían al 2015 El reportaje también reveló que las acusaciones contra Hernán Araníbar no serían recientes. Según la información presentada por ‘Punto Final’, el hombre registra denuncias desde 2015, cuando habría sido acusado de ofrecer supuestos ingresos a la Universidad Nacional Federico Villarreal. Además, también habría enfrentado señalamientos por ofrecer puestos laborales en la Municipalidad de Lima. Estos antecedentes fueron mencionados durante la investigación para mostrar que las denuncias por presuntas estafas vinculadas a oportunidades laborales se habrían presentado en diferentes momentos.
Y no hay pruebas”, respondió ante las cámaras. La periodista le preguntó directamente si había ofrecido empleos en el Co






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