La Fiscalía General de la República (FGR) de México salió al cruce de versiones periodísticas sobre una suspensión judicial definitiva otorgada a Ernesto Ruffo Apel en una causa por delitos en materia de hidrocarburos. El organismo aclaró que ese beneficio no representa el cierre del proceso penal en su contra. La aclaración llegó a través de un comunicado de prensa fechado el 1 de noviembre de 2026 , identificado como el boletín 770/26. En el comunicado la dependencia aseguro que Ruffo Apel se encuentra vinculado a proceso por delitos en materia de hidrocarburos. El origen de la controversia judicial Según el comunicado, el pasado 29 de octubre un juez otorgó una suspensión definitiva a favor de Ernesto Ruffo en el marco de la causa penal que se sigue en su contra. La suspensión definitiva no equivale al fin del proceso penal contra Ruffo Apel: su único efecto es pausar momentáneamente el procedimiento una vez concluida la etapa intermedia, hasta que se resuelva el juicio de amparo que la originó. Esto impide que la causa avance a la etapa de juicio oral mientras ese trámite legal siga pendiente. La FGR precisó que Ernesto Ruffo se encuentra vinculado a proceso por su posible participación en delitos relacionados con hidrocarburos. La investigación en su contra, remarcó el organismo, continúa activa. La resolución fue dictada por la jueza Azucena Lazalde Íñiguez , titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con sede en Toluca, dentro del expediente 1085/2026 . El alcance real del beneficio otorgado La Fiscalía insistió en diferenciar entre una suspensión del procedimiento y una resolución favorable al imputado. De acuerdo con el comunicado, la medida judicial solamente detiene de forma temporal el avance de la causa, sin que esto implique un sobreseimiento ni una resolución de fondo sobre la responsabilidad penal. El mecanismo descrito por la Fiscalía funciona de la siguiente manera: una vez que concluye la etapa intermedia del proceso penal, el caso queda en pausa hasta que un tribunal resuelva el juicio de amparo promovido por la defensa. Solo después de esa resolución podrá determinarse si el proceso avanza hacia la etapa de juicio oral. “La Fiscalía General de la República continuará sus investigaciones, hasta llevar a las personas responsables del caso ante la justicia”, dijo la Fiscalía en su comunicado. El caso de Ruffo Appel El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel , de 74 años, fue detenido el 16 de julio de 2026 en Ensenada, Baja California. Una semana después, la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega , del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, lo vinculó a proceso por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos. La FGR señala a Ruffo Appel como socio fundador y secretario del Consejo de Administración de la empresa Ingemar . A la compañía se le atribuyen presuntas operaciones de importación ilegal de gasolina y diésel mediante ferrotanques procedentes de Estados Unidos. Ese esquema de contrabando de combustible, conocido como huachicol fiscal, habría generado un daño al erario estimado en 4 mil millones de pesos. Tras su detención, el exmandatario permaneció cerca de dos meses y medio recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano. Un juez autorizó modificar su medida cautelar debido a su edad y problemas de salud, lo que permitió su traslado a Ensenada bajo prisión preventiva domiciliaria , custodiada por la Guardia Nacional. Este cambio se dio el 26 de septiembre del presente año. La FGR sostiene que cuenta con dictámenes periciales, entrevistas, diligencias ministeriales y análisis de información para respaldar la acusación. La Fiscalía señaló que la empresa vinculada a Ruffo registró movimientos millonarios en cuentas nacionales que resultaron incongruentes con su perfil fiscal.

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La Fiscalía General de la República (FGR) de México salió al cruce de versiones periodísticas sobre una suspensión judic