Seis ministerios y 22 programas, el foco del gobierno para pesquisar el “fraude social”

La megarreforma que fue publicada en el Diario Oficial el sábado recién pasado, incluyó una norma que permitirá al Ministerio de Hacienda y a la Dirección de Presupuestos (Dipres) revisar si los beneficios sociales que otorga el Estado están llegando correctamente a las personas que lo necesitan y cumplen los requisitos para ello. De esa manera, se busca evitar lo que el gobierno llama “fraude social”. Acorde con ello, en el proyecto de ley de Presupuestos 2027, que se tramita actualmente en el Congreso, se establece que “por el hecho de solicitar algún beneficio o prestación financiado con cargo a cada partida, se deja constancia que, de acuerdo con la normativa vigente, los solicitantes han facultado el tratamiento de todo dato personal por parte de los organismos de la Administración del Estado, para la verificación del buen uso de los recursos públicos , dentro del ámbito de sus competencias”. De esta manera, el Ejecutivo se propuso tomar acciones concretas para detectar este tipo de situaciones. Así lo explicita en un folleto en el que destaca los principales hitos de su primer Presupuesto de la Nación. “El Presupuesto 2027 protege los beneficios establecidos por ley e impulsa el cruce de datos, mejores compras públicas e indicadores de eficiencia en el Estado”, señaló el Ejecutivo en ese texto. Y agregó: “Proteger ese gasto significa asegurar que cada beneficio llegue a la persona que cumple los requisitos que fijó la ley. Para eso, el Estado cruzará información entre sus propios registros”. Al respecto, desde el gobierno detallan que la Dipres desarrollará la primera fase de estos cruces, donde se pondrá el foco en 22 programas repartidos en seis ministerios. Según se desprende del Informe de Finanzas Públicas (IFP), este es el paso inicial y con sus resultados se impulsará la extensión gradual a toda la oferta de programas sociales del Estado. “La meta es que toda la oferta programática pase cada año por estos mismos chequeos de manera automatizada, como parte del ciclo presupuestario”, se indica en el IFP. En Hacienda explican que se impulsará un sistema permanente de verificación: los mismos criterios aplicados a todos los programas, con cruces entre los registros del Estado, que se actualicen año a año. Con esto apuestan a que las inconsistencias se detecten a tiempo, se corrijan en la gestión de cada servicio y sirvan como evidencia para decidir, en cada formulación del Presupuesto, dónde asignar los recursos. “Nada de esto cambia los requisitos ni los montos que la ley fija para cada persona. Cada inconsistencia detectada se revisará caso a caso: muchas veces se trata de un dato desactualizado o de un error administrativo que hay que corregir”, enfatizan desde el gobierno. Los programas De acuerdo al Ministerio de Hacienda, este será un instrumento permanente que revisará con registros administrativos que ya existen y sin pedir información nueva a las personas, cómo se asignan los beneficios sociales. “Es la primera parte de un plan para modernizar la gestión de la oferta programática”, indican. Y aclaran que “lo que se revisará es si quienes reciben cada beneficio cumplían los requisitos al recibirlo y si los siguen cumpliendo, con datos del Servicio de Impuestos Internos (SII), del Registro Social de Hogares, del Registro Civil y de la Policía de Investigaciones”. En el desglose por ministerios, lidera Trabajo y Previsión Social con ocho programas bajo revisión . Específicamente, ahí estarán: Pensión Garantizada Universal, Subsidio Único Familiar, APS de Vejez e Invalidez, exención del 7% de salud, Aporte Familiar Permanente, Franquicia Tributaria de Capacitación, Subsidio al Empleo Joven y Bono al Trabajo de la Mujer. Luego le sigue el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, con cinco programas en escrutinio en los servicios Corfo y Sercotec: Semilla Inicia, Semilla Expande, Escalamiento, Capital Semilla Emprende y Fondo Crece. A continuación está el Ministerio de Agricultura, donde se revisarán cuatro programas dependientes del Instituto de Desarrollo Agropecuario y de la Comisión Nacional de Riego: de Desarrollo Local (Prodesal), de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI), Agropecuario para el Desarrollo Integral de los Pequeños Productores Campesinos del Secano (Padis) y Ley de Fomento al Riego y Drenaje. En el Ministerio de Educación , por su parte, se analizarán tres programas: de Subvención Escolar Preferencial, de Integración Escolar, Gratuidad y Becas de Arancel. En tanto, en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo se revisará un programa relativo a los subsidios habitacionales DS49 y DS01. El primero de ellos es un Fondo Solidario de Elección de Vivienda, y tiene por objetivo permitir, construir o comprar una vivienda sin necesidad de un crédito hipotecario. Su público objetivo son personas y familias en situación de vulnerabilidad social que no tienen vivienda. Y el segundo es un beneficio para la clase media: permite comprar una vivienda nueva o usada, o construir en sitio propio, para familias con capacidad de ahorro y posibilidad de complementar con crédito hipotecario o recursos propios. Finalmente, en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia , se analizará el programa Seguridades y Oportunidades. Desde la Dipres explican que la selección de estos ministerios y programas combinó varios criterios. En primer lugar, dicen que “ se consideraron programas de gran magnitud presupuestaria , como la Pensión Garantizada Universal (PGU) y la Gratuidad. En segundo lugar, se buscó diversidad sectorial, incorporando programas de agricultura, vivienda y economía, entre otros. Además, se priorizaron programas con criterios de asignación claros, lo que permite verificar su cumplimiento en las bases de datos disponibles y extraer aprendizajes para las fases siguientes”. Cómo será la revisión La instrucción de Hacienda es revisar la parte del gasto que se aleja de su propósito, contrastando cada requisito con registros administrativos. Cada requisito se ancla a la ley, decreto o resolución vigente a la fecha en que se otorgó el beneficio. Luego se verificará con registros que tienen el Registro Civil y el SII. Por su parte, la PDI está en incorporación. Posteriormente se recalculará el puntaje y tramos con datos administrativos, para determinar si las personas beneficiadas están dentro del porcentaje que corresponde para recibir ese beneficio. Según la cartera liderada por el ministro Jorge Quiroz, ninguna cifra tendrá un resultado antes de tres validaciones, la última, por parte del servicio responsable. Y agregan que los datos se usarán solo para este fin . Después de ese proceso se verificará si quienes recibieron el beneficio cumplían los requisitos al concederse este y si los siguen cumpliendo. “Se distinguirá si la diferencia viene de un dato desactualizado, de la aplicación del criterio o de una declaración que no coincide con el registro”, puntualizan desde Hacienda. La Dipres señala que los resultados de este proceso pueden dar lugar a distintas medidas, según lo que arroje la revisión de cada programa. “Se podrán solicitar a las personas beneficiarias que presenten antecedentes que permitan aclarar las diferencias detectadas, o revisar la responsabilidad administrativa, cuando corresponda”. Añaden que, desde el punto de vista de la política pública, “cuando se trate de inconsistencias comprobadas, las medidas pueden derivar en procesos más eficientes y en otras que apunten a mejorar procesos administrativos, haciéndolos más eficientes y trazables”. Y también, en “una mejor focalización, perfeccionando los instrumentos de los programas”. “Cuidar el gasto social también es cuidar cómo gasta el propio Estado”, aseguran. Y manifiestan que además se está implementando “un conjunto de indicadores de eficiencia institucional que mide cuánto pagan los servicios por lo que compran, cómo usan las oficinas que arriendan, cuánto gastan en horas extraordinarias y cuánta energía y agua consumen. Esa información permitirá comprar mejor y liberar recursos para las personas. Además, se revisarán los programas con malos resultados, como parte del vínculo entre evaluación y presupuesto”.