Una investigación sostiene que Diosdado Cabello habría facilitado una finca en el estado venezolano de Apure para ocultar a Luz Amanda Pallares Pallares, alias Silvana Guerrero, comandante del Ejército de Liberación Nacional (ELN). La información fue expuesta por el periodista de investigación venezolano Casto Ocando, atribuyó los datos a fuentes vinculadas con operaciones del dirigente chavista y la guerrilla colombiana en esa zona fronteriza. Según Ocando, la guerrillera estaría o habría estado en la finca El Chaparralito, una propiedad que, de acuerdo con su versión, fue expropiada hace unos años y quedó bajo control de Cabello . “La prueba más importante es esta protección que se le está dando en estos momentos a Silvana Guerrero en esta finca”, dijo el comunicador en declaraciones a La FM , y reproducidas por NTN24. El periodista agregó que la información sobre la presunta presencia de la comandante insurgente surgió de “personas que han estado metidas” en las operaciones de Cabello y el ELN en Apure. La versión ubica a la comandante en una finca de Apure El reporte sitúa a “Silvana Guerrero” en El Chaparralito, en el estado de Apure, una región limítrofe con el departamento colombiano de Arauca. Ocando destacó que el lugar habría servido como refugio en medio de operativos militares venezolanos contra estructuras guerrilleras en la frontera, acciones que ahora mismo viene desplegando en zona de frontera el Gobierno de Abelardo de la Espriella. “Esta guerrillera es perfectamente conocida para el régimen, tiene una alianza con Diosdado Cabello”, expuso el periodista, que de paso planteó que la supuesta relación respondería a coincidencias ideológicas y a intereses comunes. La denuncia aparece después de un operativo militar venezolano en la zona fronteriza, del que no se difundieron detalles oficiales sobre eventuales bajas, objetivos ni personas capturadas. Desde el noticiero se cuestionó si las acciones contra el ELN podrían coexistir con una presunta protección a algunos de sus mandos, a lo que uno de los inivtados al espacio de opinión, el director de Araguaney News y presidente de Primero Justicia en el exterior Eduardo Battistini pidió cautela ante la falta de pruebas públicas. “Decirte si es cierto o no sería especular porque no tengo pruebas al respecto”, señaló Battistini y, aún así, sostuvo que el chavismo ha mantenido durante años vínculos y una actitud de protección hacia el ELN en territorio venezolano. El director del mismo medio alternativo mencionó como antecedente una operación de 2021 en Apure contra el Frente 10 de las disidencias de las Farc. De acuerdo con su visión, aquella ofensiva respondió a disputas entre facciones armadas y no a una ruptura general con los grupos irregulares presentes en la frontera, detalló Battistini. El dirigente opositor venezolano expresó en la charla que “en Apure manda el ELN, ahí controlan todo”. Ocando también involucró a Gustavo Petro en su relato Durante la entrevista, Ocando afirmó que el Gobierno de Gustavo Petro conocía la ubicación y la situación de Silvana Guerrero. Para lo anterior, el periodista basó esa apreciación en la participación de la comandante del ELN en las negociaciones que la guerrilla mantuvo con el Estado colombiano en Caracas. “El gobierno de Petro no solamente estaba al tanto de todo esto, sino que alentó”, dijo Ocando, pero no presentó documentación o declaraciones oficiales ni otras fuentes independientes que permitieran corroborar esa acusación. En cambio, Battistini cuestionó la política de “paz total” del gobierno colombiano y aseguró que favoreció el fortalecimiento de grupos armados. Informes de inteligencia apuntan a la Amazonía El informe del mismo noticiero añadió otra versión sobre el paradero de la dirigente guerrillera. Según una publicación del diario El Tiempo , y que citó fuentes de inteligencia, “Silvana Guerrero” permanecería en Venezuela y sus movimientos estarían orientados hacia la región amazónica. De acuerdo con ese reporte, el desplazamiento no obedecería a una expansión del ELN, sino a la búsqueda de una retaguardia que redujera las posibilidades de localización. Apure limita con Arauca y figura desde hace años entre los territorios donde distintas autoridades y organizaciones han advertido presencia de estructuras armadas colombianas. Battistini enumeró actividades ilegales atribuidas a esos grupos, como narcotráfico, extorsión, contrabando y lavado de activos. El ELN habría ampliado su control sobre el corredor de cocaína entre Colombia y Venezuela Como si el panorama en la región no fuera ya complejo, una investigación de InSight Crime sostiene que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) habría ampliado su influencia sobre laboratorios, rutas y territorios usados para el tráfico de cocaína entre Colombia y Venezuela, con una presencia reforzada en Catatumbo y el estado venezolano de Zulia. Varios frentes del ELN pasaron de cobrar el llamado gramaje a cultivadores de coca a intervenir, al parecer, en otras etapas de la cadena criminal, incluidos centros de procesamiento y corredores de transporte. El comandante del ELN, Eliécer Erlinto Chamorro, alias Antonio García, rechazó el 1 de septiembre los señalamientos sobre una participación de la guerrilla en el comercio de drogas. “El ELN nunca ha estado vinculado al narcotráfico”, afirmó en un comunicado que difundió el grupo armado ilegal. Además, el grupo guerrillero ha sostenido que a lo largo de su historia el cobro de gramaje constituye un impuesto a los cultivadores y no una intervención directa en la compra, procesamiento o traslado de cocaína. No obstante, se plantea que esa distinción se habría debilitado en algunos frentes, y en especial en la frontera colombo-venezolana. Fuentes consultadas por el mismo portal señalaron que las economías ilícitas se convirtieron en una fuente de financiación relevante para estructuras que operan en esa región. Catatumbo, en Colombia; y Zulia, en Venezuela, concentran cultivos, laboratorios y rutas transfronterizas La ofensiva del ELN en Catatumbo, intensificada desde enero de 2025, habría fortalecido su posición en una zona de alta producción de coca. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (Ocha) registró 51.938 personas desplazadas forzosamente en medio de esa crisis. El informe refiere que el grupo habría extendido actividades hacia Zulia, en Venezuela, donde mantendría presencia en zonas rurales y apartadas. La presión de operativos contra laboratorios en Colombia habría contribuido al traslado de centros de procesamiento hacia municipios venezolanos como Jesús María Semprún, destacó el medio especializado en crimen organizado. Por su parte, y aún cuando estaba en el poder, el expresidente Gustavo Petro atribuyó parte del control de esas operaciones a la Estructura de Finanzas y Economías para la Revolución (Efer), unidad señalada de manejar recursos ilícitos y coordinar actividades en Colombia y Venezuela bajo el Frente de Guerra Nororiental, del que es comandante “Silvana Guerrero”. El Lago de Maracaibo y las costas venezolanas figuran entre las rutas de salida La investigación describe rutas que parten desde Zulia y cruzan el Lago de Maracaibo rumbo al Caribe. Otros trayectos saldrían desde Falcón hacia Aruba, Bonaire y Curazao antes de continuar hacia Europa. Además, se recalcaron posibles despachos desde Carabobo y La Guaira hacia islas cercanas, así como vuelos desde pistas clandestinas ubicadas en Zulia con destino a Centroamérica. Otra de las rutas que se dibjua es la del río Orinoco, que aparece en el reporte como otra ruta potencial para trasladar cargamentos desde estados con presencia del ELN hasta el Atlántico. En el municipio venezolano de Guajira, fronterizo con Colombia, el reportaje señala que el control territorial y las relaciones con autoridades locales serían factores que facilitarían el tránsito de drogas. Por esta razón, fuente consultadas sostuvieron que otras rutas se han encarecido por cobros ilegales de integrantes de organismos de seguridad.

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Una investigación sostiene que Diosdado Cabello habría facilitado una finca en el estado venezolano de Apure para oculta