Anomia selectiva

Probablemente el rasgo más básico de la civilización consiste en la disposición de los seres humanos a renunciar al uso de la fuerza, sustituyéndola por un conjunto de reglas que gobiernen nuestra convivencia. Eso significa la disposición de nuestra Constitución Política cuando establece que “en Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre”. En nuestro territorio nadie debiera estar sometido a la voluntad de otro, entre nosotros el poder se ejerce en la forma y con los límites que la ley establece. Esto, que parece tan evidente, se ha desdibujado progresivamente como un verdadero signo de los tiempos. El clímax se alcanzó en octubre del 2019, cuando distintos sectores y actores sociales legitimaron la violencia en función de la importancia o gravedad de ciertas demandas. Si alguien está convencido que se requieren cambios que para él son muy importantes, pero son imposibles por la vía institucional, entonces se justificaría el uso de la fuerza. A fin de cuentas, nos dicen que la democracia, ese conjunto de reglas que nos permiten dirimir nuestras diferencias y convivir en una sociedad plural, sería solo eso, reglas, procedimientos, meras formalidades, que deben ceder ante su noción particular del bien o la justicia. Lamentablemente, esto no es solo un rasgo de ciertos sectores, es una lógica que ha permeado la política y lleva muchas veces, en un afán por sintonizar con lo que llamamos “el chileno de a pie”, a generar un clima de linchamiento público en que se califican conductas, se exigen sanciones y se lanza el anatema de nuestro tiempo, cuando se acusa a alguien de haber hecho algo “impresentable”. Los últimos días han tenido mucho de esto, a propósito de la rentabilidad de algunos de los fondos previsionales. Nada tiene que ver esto con defender a la Administradoras, ni menos con inhibir el legítimo derecho de todos los chilenos a criticarlas, e incluso perseguirlas en las sedes que correspondan, con toda la rudeza que es propia de una sociedad libre. Pero en este, y en cualquier otro caso, hay una excepción: la de los titulares de los órganos del Estado. Ellos ejercen el poder público, por lo que su actuación está circunscrita a las reglas que regulan el poder que se les ha confiado. Muchas autoridades políticas tienen un rol de representación, tienen libertad de expresión y, en el caso de los parlamentarios, el órgano público es el Congreso. Pero la frontera es difusa, se va corriendo y se termina empujando a la institución más allá de los límites que nuestro ordenamiento jurídico le ha conferido. ¿Cuántas veces hemos visto comisiones investigadoras en las que de manera encubierta se juzga la conducta de particulares y no los actos del gobierno? En otras ocasiones es la actuación de algunos fiscales del Ministerio Público, la que parece estar motivada más por un afán de protagonismo que por su verdadero rol. No se puede hacer “cherry picking” con las normas. Una sociedad justa es una sociedad de instituciones y no de justicieros.