¿Y si dejamos de pagar por la educación?

Hay promesas que, después de repetirse durante décadas, deberían venir acompañadas de alguna explicación. Una de ellas es que la educación permitirá a niñas, niños y jóvenes desarrollar sus capacidades, mejorar sus oportunidades y construir un futuro distinto al de sus padres. El derecho a la educación es una promesa tan importante que es responsabilidad del Estado garantizarla. ¿Pero se ha cumplido esa promesa? Los resultados de PISA 2025 nos recuerdan que siete de cada diez estudiantes mexicanos de 15 años no alcanzan el nivel básico de competencia en matemáticas y prácticamente cinco de cada diez tampoco lo hacen en lectura y ciencias. No se trata de habilidades extraordinarias, sino de cuestiones fundamentales para desenvolverse en el día a día y seguir aprendiendo. Lo más preocupante, es que llevamos más de dos décadas observando resultados que cambian muy poco. Hemos tenido reformas educativas, nuevos planes de estudio, programas de becas, cambios de libros de texto y una larga colección de promesas. Los aprendizajes, mientras tanto, parecen bastante resistentes a las buenas intenciones. ¿Y cuánto nos está costando? De acuerdo con Education at a Glance de la OCDE, México se encuentra entre los países que menos invierten por estudiante. En la edición de 2025 se reportó que el gasto anual por alumno, de primaria a educación superior, disminuyó de 4,079 dólares en 2015 a 3,650 en 2022. En contraste, el promedio de la OCDE aumentó durante ese periodo. La edición de 2026 añade otro dato: entre 2015 y 2023, el gasto gubernamental en educación, medido como proporción del PIB, pasó en México de 4.4% a 2.9%, muy lejos del 8% que compromete la Ley General de Educación. Es decir, además de no obtener los resultados que esperamos, hemos reducido nuestro esfuerzo de inversión. Entonces, ¿no invertimos y estamos manteniendo una estructura que no se ajusta a las nuevas necesidades del sistema? Porque el objetivo de la inversión educativa no debería ser únicamente sostener lo que existe, también garantizar que las niñas y los niños aprendan. Ante este panorama, podríamos plantearnos una solución bastante radical. Si el Estado lleva tantos años prometiendo educación de calidad sin conseguirla, ¿por qué no dejar de financiarla? Una de las respuestas que podemos dar a esto es que cada familia pague por la educación de sus hijos. Que elija entre las opciones disponibles, compare precios, evalúe resultados y compre el servicio que mejor se ajuste a sus necesidades. Si una escuela no ofrece buenos resultados, que sus clientes se vayan a otra. Y si una familia no puede pagar, bueno, ya sabemos cómo funciona el mercado. Una propuesta así nos hace caer en la trampa de que se simplifican enormemente las responsabilidades del gobierno. Pero tiene un problema difícil de ignorar: el derecho a la educación dejaría de estar garantizado para depender de la capacidad de pago de las familias. Y, por supuesto, las oportunidades educativas quedarían todavía más condicionadas por las circunstancias en las que nace cada persona. La educación dejaría entonces de ser una bien público. Hay, afortunadamente, otra posible solución, menos radical, pero mucho más compleja: tomarnos en serio la obligación de hacer funcionar la educación pública. El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 propone aumentar el gasto educativo solamente 6.8% en términos reales. Parece una buena noticia, pero cuando revisamos a dónde se van esos recursos, aparecen algunas contradicciones. En educación básica, alrededor de ocho de cada diez pesos del Ramo 11 se destinan a la Beca Rita Cetina. A las becas no podemos pedirles no podemos pedirles que enseñen a leer, resuelvan problemas matemáticos, formen docentes o reparen escuelas. En contraste La Escuela es Nuestra tendría menos recursos en 2027. Y mientras esperamos que los docentes atiendan las dificultades de aprendizaje, los recursos identificados para su formación también disminuyen en términos reales. A partir del análisis que realizamos en Mexicanos Primero, nos damos cuenta de que quizá la autoridad ha confundido financiar la asistencia a la escuela con financiar las condiciones necesarias para aprender. Se pueden seguir anunciando presupuestos más grandes, multiplicando programas y celebrando el número de beneficiarios. O podemos empezar a exigir que esas decisiones se traduzcan en una verdadera garantía del derecho a aprender.