La seguridad se vive

La seguridad no se mide únicamente por los delitos que disminuyen, sino por la libertad que recuperan las personas. Poder caminar sin miedo, utilizar el transporte público, abrir un negocio o permitir que nuestros hijos salgan de casa: ahí comienza la verdadera evaluación de cualquier política de seguridad. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, correspondiente a septiembre de 2026, ofrece una señal alentadora y una advertencia que no debemos ignorar. La población adulta que considera insegura su ciudad pasó de 63.0% en septiembre de 2025 a 58.1% un año después. Es una mejora relevante. Pero significa también que casi seis de cada diez personas siguen sintiéndose inseguras en el lugar donde viven. No hay contradicción en reconocer avances y exigir mejores resultados. El error sería convertir una cifra favorable en una declaración de victoria, o desconocerla por conveniencia. La seguridad exige datos verificables, continuidad y una visión integral. El promedio nacional tampoco cuenta toda la historia. En ciudades como Irapuato, Chilpancingo y Mazatlán, la percepción de inseguridad supera 85%. La realidad de una comunidad puede ser muy distinta de la de otra. Por eso, las estrategias deben diseñarse para cada territorio, con diagnósticos precisos, objetivos públicos y responsables identificables. El miedo tiene consecuencias que rara vez aparecen en las estadísticas delictivas. Cambia nuestros horarios, modifica trayectos, limita las visitas familiares y restringe la autonomía de niñas, niños y mujeres. En la ENSU, las mujeres reportan una percepción de inseguridad considerablemente mayor que los hombres. Cuando una persona renuncia a su libertad cotidiana por temor, la sociedad entera pierde oportunidades. También debemos entender que seguridad y calidad de vida están relacionadas. Baches, fallas en el suministro de agua, drenajes obstruidos, alumbrado insuficiente, transporte deficiente y servicios de salud insatisfactorios forman parte de los problemas que los ciudadanos identifican en sus ciudades. No son equivalentes al crimen, pero sí influyen en la experiencia diaria de abandono o atención institucional. Lo esencial no puede fallar. Existe otro dato que merece especial atención: apenas alrededor de tres de cada diez ciudadanos consideran eficaz a su gobierno local para resolver los principales problemas urbanos. Y mientras la Marina y el Ejército reciben evaluaciones de desempeño relativamente altas, la policía municipal obtiene una valoración mucho menor. Son instituciones con funciones diferentes, pero la brecha revela un desafío: fortalecer a quienes atienden primero las emergencias y conviven diariamente con la comunidad. La respuesta no puede reducirse a más patrullas, operativos o discursos. Necesitamos policías locales profesionales, bien capacitadas, supervisadas y respaldadas; inteligencia para prevenir delitos; coordinación efectiva entre autoridades; ministerios públicos capaces de investigar; y justicia que reduzca la impunidad. La extorsión, el control criminal de territorios y la corrupción requieren atención prioritaria, sin confundir percepción ciudadana con incidencia delictiva comprobada. Propongo cinco compromisos concretos: prevenir con información territorial; investigar y sancionar con resultados medibles; fortalecer las capacidades municipales; recuperar espacios públicos y servicios esenciales; y publicar indicadores comprensibles que permitan evaluar avances y corregir errores. No basta informar cuántos operativos se realizaron. Importa saber cuántas víctimas recibieron respuesta, cuántos casos se esclarecieron y cuántas personas volvieron a sentirse libres. La corresponsabilidad ciudadana también es indispensable. Denunciar debe ser seguro y útil; participar en la prevención, accesible; vigilar a las autoridades, un ejercicio de ciudadanía y no de confrontación. Sin instituciones confiables no hay colaboración sostenida; sin ciudadanos involucrados, ninguna estrategia alcanza todo su potencial. La meta no es ganar una discusión sobre cifras. Es construir comunidades donde la ley proteja, los servicios funcionen y la confianza tenga razones para crecer. La seguridad debe dejar de ser una promesa y convertirse en una experiencia cotidiana, comprobable y compartida. Porque la confianza no se exige: se construye. La legitimidad no se proclama: se demuestra. Y la seguridad no se presume: se vive. Hacer el bien, haciéndolo bien.