Reforma que permite “competencia total” entre alcaldes, gobernadores y parlamentarios toma fuerza en el Congreso

Durante la redacción de la Constitución de 1925, fue el mismo presidente Arturo Alessandri Palma el que planteó la necesidad de fijar claras inhabilidades e incompatibilidades entre cargos públicos, según relatan algunos textos históricos. En 1964, su hijo, el también presidente Jorge Alessandri Rodríguez , propuso una reforma incluso más restrictiva para separar de forma categórica la carrera de un parlamentario de la de un representante municipal. Esa iniciativa, aunque no tuvo éxito, fue recogida luego por uno de sus discípulos, Jaime Guzmán , quien la plasmó en la Constitución de 1980. A más de un siglo de la obra constitucional de “don Arturo”, una nueva generación de “Alessandris”, junto a otros dirigentes comunales y regionales, gestiona una nueva reforma política sobre incompatibilidades e inhabilidades , pero con un criterio más flexible. El objetivo ahora es facilitar que alcaldes, concejales, gobernadores, cores y parlamentarios postulen y compitan en cargos cruzados. Simplemente deberían renunciar seis meses antes de la elección. Este proyecto, que busca darle más competitividad al sistema político (“competencia total”, le dicen sus autores), es empujado por el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri (RN); el titular de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI); el presidente de Agorechi y gobernador de Los Lagos, Alejandro Santana (RN), además de legisladores de bancadas oficialistas y opositoras. Este cambio a la Constitución también pretende habilitar la posibilidad de que los jefes comunales —que, al igual que los diputados, solo pueden durar en el cargo por 12 años— puedan extender su carrera municipal postulando por una comuna distinta. La actual jurisprudencia constitucional impide que un parlamentario, un alcalde, un concejal, un core o un gobernador evadan el límite a la reelección presentándose en una zona diferente. Ante esa apertura, algunos diputados también han pedido ajustar derechamente el límite a la reelección y extender su permanencia a 16 años (cuatro mandatos de 4 años), homologando el período máximo que tienen los senadores (dos mandatos de 8 años). Los promotores de estas negociaciones, que se habían manejado con reserva, ya informaron de sus gestiones a los ministros Claudio Alvarado (UDI) y José García Ruminot (RN), quienes no pusieron reparos. Incluso, el alcalde Alessandri y el gobernador Santana, junto a dirigentes de los consejeros regionales, se reunieron con García el 30 de septiembre para pedirle el respaldo gubernamental. Santana , quien fue diputado, precisa que es partidario de mantener el límite a la reelección, pero que “sí tiene que haber flexibilidad para que un diputado pueda postular a otro cargo o un alcalde pueda postular a otro. En eso estamos de acuerdo. Hay harto consenso”. Si bien la propuesta aún está en fase de redacción y revisiones, la idea es presentarla antes del receso veraniego de febrero y sacar una nueva legislación a más tardar en marzo. No obstante, primero debe superarse el actual momento de crispación por la inminente acusación constitucional contra el ministro Fernando Rabat y la etapa de tramitación de la Ley de Presupuestos, que absorbe completamente el trabajo parlamentario hasta fines de noviembre. “La papita” La primera señal pública de esta reforma política la entregó la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), quien fue invitada por el alcalde Alessandri y el titular de la Cámara a sumarse a las conversaciones. “Te voy a dar una papita”, reveló sorpresivamente Núñez en una entrevista en el medio digital Timeline, realizada por su director Jorge Ortiz. “Hay un proyecto que está concitando apoyos que le han llamado (la reforma) de las inhabilidades. Y que busca que todas las autoridades elegidas democráticamente puedan ir a todos los cargos elegidos democráticamente”, dijo la senadora, quien mencionó, por ejemplo, que hoy los legisladores no pueden renunciar (salvo por razones de salud) a su cargo para postular a una alcaldía o una gobernación regional. Actualmente, la única investidura pública a la que pueden postular todas las autoridades sin ninguna traba (inhabilidad, en términos jurídicos) es la Presidencia de la República. Y solo en caso de ser elegido para la primera magistratura, aquella autoridad cede el cargo anterior (incompatibilidad) al momento de asumir. En caso de perder la elección, puede retornar a su función anterior. La senadora informó que otra alternativa que se está evaluando es acortar a seis meses el plazo de un año que hoy se exige a alcaldes y gobernadores para renunciar y poder competir por un escaño al Congreso. Si la iniciativa habilita la renuncia de los parlamentarios, también se les aplicaría el mismo plazo. En caso de una vacante parlamentaria, operaría el mecanismo contemplado actualmente por la Constitución: la designación de un nuevo legislador por el partido que lo llevó como candidato. Consultada por cómo veía la disposición en el Senado para este proyecto, dijo: “Bueno”. “Lo único que digo es que todas estas cuestiones que son de sistema electoral deben ser lo más alejadas de las elecciones (...) Si esto vuela, ojalá que vuele de aquí a marzo. Si no, después de eso, ya no va a volar”. El diputado Jaime Araya (independiente PPD), quien en 2025 ya presentó una reforma constitucional en esta línea y se sumó a las negociaciones, dijo que la propuesta nueva busca “desatar la competencia”. “Se tienen que terminar todas las protecciones electorales que se construyeron de manera artificiosa entre parlamentarios, entre gobernadores, entre alcaldes. Nosotros queremos tener una competencia abierta, donde sea la gente la que decida”, dijo el diputado, quien no descartó que este diálogo incentive a presentar otras propuestas para mejorar el sistema político. De hecho, las bancadas de derecha están estudiando fórmulas para reducir el número de diputados y ampliar los distritos, mientras que desde la oposición hay grupos que piden terminar con los pactos electorales.