Las minutas de los asesores de Rabat que analizaron posibles riesgos tras cambio de criterio para reducir condenas

Luego de su presentación jurídica ante la sala de la Cámara, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, sigue inmerso en la crisis política que golpea al gobierno por el cambio de criterio para reducir las penas de condenados por delitos sexuales contra menores. Este jueves, Rabat retomó su agenda y, por ejemplo, participó de la ceremonia de juramento de la magistrada Marisol Rojas como ministra de la Corte Suprema. Pese a que Rabat está tratando de resistir el embate de la oposición y de algunos descolgados del oficialismo, y que cuenta con el respaldo total del Presidente José Antonio Kast , el ruido por las reducciones de penas no ha cesado. Si bien en todas sus intervenciones el ministro ha dicho que la decisión la tomó él, al interior de su cartera el asunto ha tensionado ciertos equipos. Más aún luego de que hace meses, según fuentes de gobierno, algunos asesores le representaron eventuales riesgos de modificar la manera de resolver las solicitudes de los reos, y no solo respecto de los delitos sexuales contra menores, sino que también en las causas vinculadas a condenados por delitos de lesa humanidad. Fuentes del Ejecutivo comentan que en abril los asesores de Rabat se reunieron con el ministro para abordar este asunto, algo normal en la cartera debido a la forma transversal de trabajo de Rabat. Luego hubo cerca de dos reuniones más. Para esas citas previamente los asesores confeccionaron minutas analizando el escenario y, en materia de derechos humanos, se consignaron posibles riesgos. Las diferencias de interpretación jurídica sobre un mismo hecho generaron tensión, sobre todo con funcionarios que llevaban varias décadas trabajando en Justicia, como por ejemplo la exjefa del Departamento de Reinserción Social Adultos, Marcela Corvalán , que fue desvinculada en esta administración. Ante esa tensión al interior de la cartera era evidente que esto implicaba una decisión ministerial que debía tomar Rabat y por eso se confeccionaron documentos con los distintos escenarios en función de las interpretaciones jurídicas posibles. Dichas minutas en todo caso no son actas de la reunión, ya que ese no es el estilo de trabajo en la cartera. Estas minutas, con fecha de abril, se abordaron en reuniones donde estuvieron presentes, por ejemplo, la jefa de la División de Reinserción Social, Fabiana Castro ; el jefe del Departamento de Reinserción Social Adultos, Ignacio Abarca; el asesor de gabinete Sebastián Schmoller; y la jefa de gabinete, Paula Bagioli. No estuvieron presentes los subsecretarios Luis Silva ni Pablo Mira. Fuentes de justicia comentan que el objetivo de las reuniones simplemente fue compartir “distintas miradas” para adoptar una decisión “ante distintos escenarios jurídicos”. Respecto de los condenados por delitos sexuales contra menores, uno de los documentos señala que “entre 2022 y 2026 se interpusieron 295 acciones de amparo, de las cuales el 92,5% fueron acogidas”. De aquí deriva uno de los puntos principales de la defensa de Rabat, es decir, que su criterio jurídico se basó en lo que fue durante varios años, y al menos hasta hace unos meses, la jurisprudencia mayoritaria de la Segunda Sala de la Suprema. Es decir, justamente una de las miradas jurídicas en debate. En uno de los puntos del texto al que accedió La Tercera , que lleva como epígrafe “otros delitos graves o con víctimas de especial vulnerabilidad”, se consignó que “atendida la jurisprudencia uniforme, solo la concurrencia de una causal de exclusión puede motivar el rechazo del beneficio”. Este es justamente el caso por el que estalló la crisis, ya que en atención a la interpretación que considera la irretroactividad de la ley penal, existía margen -basado en fallos sostenidos en el tiempo- para interpretar que no se podía aplicar la causal incorporada en la normativa a partir de febrero de 2022. Luego en el documento se agregó: “No obstante, recientemente se planteó la pertinencia de fundar dicho rechazo en la especial gravedad del delito o en la particular vulnerabilidad de la víctima, aún en ausencia de una causal de exclusión”. En una de las conclusiones de la minuta se expone que ante la decisión de mantener o modificar el criterio de rechazar el beneficio por delitos sexuales contra menores de edad antes de la incorporación de la causal de exclusión, se expuso que había que “ponderar el aumento de los recursos de amparo y la jurisprudencia mayoritaria versus el costo de conceder beneficios a agresores sexuales de menores de edad”. Respecto de los casos por derechos humanos, en otro texto se puede leer que si se toma el camino de conceder la reducción, “se estima que existe un riesgo político en términos de que la opinión pública podría confundir este beneficio con otros como los indultos”. “Estoy con la conciencia tranquila” Pese a la tensión que se vive al interior del Ministerio de Justicia, el ministro Rabat reiteró este jueves su posición frente a los cuestionamientos políticos que ha recibido por los decretos que permitieron que cerca de medio centenar de condenados por delitos sexuales contra menores quedaran en libertad. Asimismo, la autoridad confirmó que encargó la preparación de una querella en contra del diputado Jaime Bassa , abogado constitucionalista y militante del Frente Amplio (FA), que elucubró sin pruebas respecto a una vinculación de los beneficios con una red internacional de pedofilia. “Son declaraciones lamentables que desde luego ponen en el antejuicio el honor, la honra de mi persona. Creo que nosotros debemos siempre velar y respetar por la institucionalidad, por lo tanto he encargado de la preparación de un borrador de una querella criminal”, indicó Rabat en diálogo con TVN tras la ceremonia de nombramiento de la ministra de la Corte Suprema, Marisol Rojas. El ministro también se refirió a la acusación constitucional que la oposición anunció que se va a presentar en su contra. Sobre esa arremetida parlamentaria de la izquierda, Rabat tomó distancia y dijo que los diputados están ”haciendo un punto político”. “Agradezco a los señores diputados, señoras diputadas que me hayan escuchado ayer, porque con un poco de honestidad y apegándose a la Constitución y la ley, he obrado conforme a ella. Todo lo que se dijo ayer no son cuestiones propias de una acusación constitucional, por lo tanto, sigo estando muy tranquilo”, aseguró. Si bien el libelo acusatorio solo ha sido anunciado, y aún no está ingresada ante la Cámara, esto implicará que Rabat más adelante deba empezar a configurar su defensa. Esto a pesar de que la acusación constitucional, según comentan desde el gobierno, solo tendrá un componente político ya que la postura de Rabat tiene sustento en cientos de fallos de la Corte Suprema. Ese argumento es clave ya que a juicio del Ejecutivo implica que si Rabat tomó el mismo razonamiento jurídico que el máximo tribunal del país, pierde fuerza sostener que hubo alguna vulneración a la Constitución. Consultado por la posibilidad de renunciar, insistió en que cuenta con el apoyo del Presidente José Antonio Kast. “En lo que a mí respecta, estoy con la conciencia muy tranquila y le agradezco mucho al señor Presidente de la República la confianza que me ha dado ”, expresó.