Escándalo en los tribunales de La Rioja: un juez denunciado por acoso designó a la hija del magistrado que lo investiga

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja quedó envuelto en un escándalo a partir de la designación de una nueva funcionaria en un puesto clave. El nombramiento despertó sospechas de favores políticos y nepotismo y reavivó una denuncia por violencia de género y acoso sexual contra el juez Jorge Gamal Abdel Chamía , el apuntado principal en esta trama que puede llegar hasta la Corte Suprema de Justicia. El 15 de octubre, el tribunal a cargo de los juicios y la ejecución de las penas en La Rioja dictó el Acuerdo N° 18/2026. Mediante esta decisión administrativa, los magistrados Mario Eduardo Martínez y Jorge Gamal Abdel Chamía nombraron de forma interina a Daniela Belén Herrera Piedrabuena Iturbe en el cargo de jefa de Despacho. La decisión contó con la disidencia del tercer integrante del TOF, José Quiroga Uriburu , quien rechazó la incorporación de una “persona ajena” a la planta activa del tribunal. La polémica alrededor del nombramiento está a la vista: la abogada designada es hija de Daniel Herrera Piedrabuena , titular del Juzgado Federal de La Rioja, quien tiene a cargo la causa penal contra el juez Chamía por presunta violencia laboral y acoso sexual, tras la denuncia presentada por la oficial judicial María Emilia Galván . La denunciante, a su vez, es hija del exsenador radical Raúl Alfredo Galván , quien ocupó una banca en el Congreso Nacional entre 1995 y 2001 y fue subsecretario del Interior durante la presidencia de Raúl Alfonsín . Hace años está alejado de la función pública. Si bien Herrera Piedrabuena delegó la investigación en la fiscalía que subroga Rafael Alberto Vehils Ruiz , como magistrado instructor lleva los tiempos y toma las decisiones sobre el expediente. Sin su firma no puede avanzar el caso. Chamía designó a su hija apenas dos meses después de que el caso se radicara en La Rioja , ya que la denuncia se había hecho inicialmente en abril, en los tribunales porteños de la avenida Comodoro Py 2002. Infobae contactó al juez Jorge Chamía para consultarlo sobre la designación impugnada y la denuncia de acoso. No ofreció ninguna respuesta. Su abogado defensor atendió a este medio y sostuvo que se trata de una “falsa denuncia”. La causa penal está paralizada , según confirmaron fuentes judiciales. El fiscal Vehils Ruiz aún no decidió si presenta un requerimiento de instrucción para empezar a investigar o, en su lugar, desestima la denuncia. Desde el Juzgado Federal de La Rioja adelantaron a Infobae que el juez Herrera Piedrabuena se apartaría del caso si la fiscalía decide abrir la pesquisa. Este magistrado —el único con competencia electoral en la provincia— ya había sido señalado en una investigación por nepotismo en el Poder Judicial, que data de 2024. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) reveló que Herrera Piedrabuena puso a trabajar en su propio juzgado al menos a una cuñada, un concuñado, dos yernos y un primo , una práctica compartida por otros 45 jueces, según el informe. A la fecha, dos de ellos habrían renunciado. Ascensos y conflicto La vacante en la Jefatura de Despacho se produjo de manera indirecta. En primer lugar, el tribunal promovió a Alejandra del Carmen Grimaux para ocupar la Secretaría de Cámara. Esta decisión dejó libre el puesto de prosecretaria administrativa. Para cubrir dicho espacio, los tres jueces coincidieron en ascender a Ana Agustina Aguilar , una contadora con dos décadas de experiencia en el Poder Judicial. Así, el ascenso de Aguilar liberó la Jefatura de Despacho, un rol de alta relevancia que asiste directamente a los magistrados en la redacción de proyectos y sentencias. Distintas fuentes judiciales consultadas concuerdan en que este cargo es una posición “en la que muchos se retiran, aspiran toda la vida a llegar ahí”, con un salario que no baja de los 5.000.000 de pesos, dependiendo de la antigüedad. Fue en este punto donde se quebró el consenso de los tres jueces del TOF riojano. Para justificar la elección de la hija del juez Herrera Piedrabuena, según se desprende de la acordada a la que accedió Infobae , Martínez y Chamía destacaron sus antecedentes académicos, su formación en perspectiva de género y su paso previo por el tribunal como escribiente —tres escalones por debajo del cargo que asumió recientemente— entre 2019 y 2023. Los últimos años trabajó en el Ministerio Público Fiscal. El juez Quiroga Uriburu votó en contra de esta designación. Este magistrado argumentó que, según el reglamento de ascensos vigente, se debe priorizar a los trabajadores de la categoría inmediata inferior que no registren sanciones en los últimos 12 meses. Explicó que la oficial María Emilia Galván era la primera en la línea de promoción por rango , pero se encontraba impedida de ascender debido a las sanciones disciplinarias que el TOF le aplicó este año por faltar al trabajo. La mujer se mudó a Buenos Aires junto a sus hijos y dejó de ir presencialmente. Ante este impedimento, Quiroga Uriburu propuso para el cargo al escribiente Nicolás Rolando Alvares , quien trabaja en el tribunal desde 2007. Este empleado judicial, según indicaron las fuentes consultadas, obtuvo al menos 18 ascensos interinos durante su carrera . “Lo subieron y bajaron a medida que necesitaban cubrir una silla vacía, pero nunca de forma definitiva”, explicó un funcionario que sigue de cerca el detrás de escena del Tribunal. El tema no solo generó la división de los jueces, sino que provocó una reacción legal. El escribiente Alvares interpuso un recurso de reconsideración para exigir la nulidad del nombramiento. En su presentación, el empleado afirmó que la designación de una persona externa vulnera su derecho constitucional a la estabilidad y a la carrera administrativa. Sostuvo que el escalafón debe funcionar como un límite objetivo a la discrecionalidad de las autoridades y que su postergación, tras 19 años de servicio, carece de fundamentos válidos. La presentación judicial recibió el respaldo sindical de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN). El secretario general de la Regional 9, Juan Pablo Tripputi , firmó un documento de apoyo donde criticó la incorporación de personas ajenas al Poder Judicial en cargos jerárquicos, práctica a la que denominó como el ingreso de “paracaidistas” . De no prosperar la reconsideración planteada al Tribunal, el sindicato de los judiciales se prepara para llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Magistratura. El caso Galván La situación de María Emilia Galván, la oficial que no pudo acceder al cargo vacante por la sanción previa, es el trasfondo de toda la disputa. Según consta en su denuncia presentada este año, los episodios de violencia y acoso que le atribuye al juez Chamía habrían ocurrido en 2023. El magistrado había asumido el cargo un año antes, tras obtener acuerdo del Senado. En marzo de 2024, la mujer sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) que requirió una intervención quirúrgica y un prolongado tratamiento neurológico y psiquiátrico. A fines de diciembre de 2025, el Departamento de Medicina Preventiva y Laboral de la Corte Suprema de Justicia emitió un dictamen de alta médica laboral . En consecuencia, el tribunal -en pleno- dictó el Acuerdo N° 13/2025, mediante el cual dejó sin efecto su convocatoria para la feria judicial de enero de 2026 y la intimó a reintegrarse a sus funciones el primer día hábil de febrero de ese año. Galván no se presentó a trabajar presencialmente —ofreció hacerlo de forma virtual— y solicitó nuevas evaluaciones médicas, argumentando que padece secuelas graves, como aneurismas en la carótida izquierda y un cuadro psiquiátrico complejo. Por entonces aún no se había animado a denunciar el presunto acoso de su jefe. Sin embargo, el tribunal rechazó sus peticiones basándose en informes de la junta médica oficial que ratificaron su aptitud para el servicio sin recomendaciones de reducción horaria o cambio de tareas. Ante la prolongada ausencia de la agente, los jueces Martínez, Quiroga Uriburu y Chamía firmaron el Acuerdo N° 7/2026 el 13 de abril. En dicha resolución, declararon injustificadas las inasistencias de la oficial desde el 7 de marzo de 2026, ordenaron el descuento salarial correspondiente por los días no trabajados y le aplicaron una sanción de suspensión por veinte días. Esa medida disciplinaria desencadenó la denuncia de Galván. Se presentó en los tribunales de Comodoro Py para denunciar a Chamía. La causa recayó en el Juzgado Federal N° 3, a cargo de Daniel Rafecas , quien se declaró incompetente y envió las actuaciones a La Rioja, donde habrían ocurrido los hechos de violencia de género y psicológica en el ámbito laboral. En su relato, María Emilia Galvan describió diversos episodios de hostigamiento que habrían comenzado en 2023. Detalló que, en una oportunidad, mientras compartían un ascensor, Chamía se ofreció a llevarla a su casa en su auto. Al rechazar la propuesta explicando que residía temporalmente con su padre, el juez se habría burlado manifestando que era “una vergüenza” que una mujer de su edad no viviera sola. Según la denunciante, el magistrado realizó este comentario sabiendo que ella había sido víctima de un delito contra la integridad sexual en 2022. Asimismo, Galván denunció conductas de acoso sexual. Afirmó que, al presentarle proyectos de resolución en su despacho, el juez le preguntó si había sido secretaria privada de otros magistrados y le comentó que él también elegiría como asistente a “la mujer más linda que tiene plantel”, realizando gestos de índole sexual con sus manos sobre sus genitales. En otra ocasión, durante un casamiento al que ambos fueron invitados, Chamía, acompañado por su pareja, le habría dicho que “tiene un hermoso escote”. La denunciante dijo que el juez estaba “obsesionado” con ella. La empleada también describió situaciones de maltrato profesional . Aseguró que Chamía descalificaba sistemáticamente sus proyectos de despacho, obligándola a confeccionar listas de palabras prohibidas para los escritos y rehaciendo las resoluciones de manera incorrecta, incorporando normativa de la justicia provincial —donde antes trabajaba Chamía— que no correspondía al fuero federal. A su vez, Galván resaltó en su presentación que el magistrado cuenta con antecedentes por violencia laboral en la justicia de la provincia de La Rioja, presentados por su anterior secretaria, Florencia Fernández Valdez , así como supuestas situaciones de acoso denunciadas por estudiantes de la Universidad Nacional de La Rioja. Estas causas no avanzaron y Chamía aún sigue dando clases como titular de cátedra en esa casa de estudios. El abogado defensor del magistrado, Emilio Roberto Pagotto , definió la acusación de Galván como “una maniobra tendiente a obtener una medida prohibición de acercamiento entre ella y el juez denunciado, con el objetivo de justificar de ese modo su inasistencia o, de algún modo, obtener la posibilidad de trabajar virtual, aspecto que nunca fue autorizado por el tribunal”. Sostiene que es un caso “típico” de falsa denuncia. Paralelamente, Galván inició una acción de amparo contra el tribunal oral y logró el dictado de una medida cautelar que le permite continuar prestando servicios bajo la modalidad de teletrabajo desde su actual residencia en la Ciudad de Buenos Aires. Quien tomó esa decisión es, precisamente, el juez Daniel Herrera Piedrabuena. El pasado 20 de agosto, los jueces Martínez y Quiroga Uriburu ratificaron la validez de todas las sanciones aplicadas previamente a la oficial Galván. Jorge Chamía se inhibió de participar, a partir de la denuncia en su contra. No obstante, debido a la vigencia de la medida cautelar y la causa penal por violencia de género, los magistrados resolvieron suspender de manera provisoria cualquier nueva medida administrativa o disciplinaria sobre la situación de la empleada hasta que la justicia esclarezca los hechos. También giraron el caso a la Corte Suprema para que tome una decisión definitiva sobre el futuro laboral de Galván.