Soberanía, libertad y dignidad de los pueblos

La condición primera para enfrentar el flagelo del Crimen Organizado Transnacional (COT) es entablar relaciones de respeto mutuo entre los Estados y no una de subordinación. Ello se consigue únicamente reconociendo las respectivas dignidades de los invitados. La adhesión a compromisos internacionales debe sellarse de manera libre y en un marco de aceptación de los Estados de Derecho de cada uno de los participantes. Por lo tanto, una invitación a combatir el COT solo gozaría de legitimidad si ella adhiere a ley internacional, la que se sostiene sobre principios que cautelan la dignidad humana. De otro modo, suscribir un acuerdo opaco o atentatorio de esas premisas dañaría el prestigio de nuestras instituciones y del país, y de paso sería un acto que no representaría la tradición del pueblo de Chile. La soberanía es más que la defensa de nuestro territorio por medio de las instituciones permanentes de la República, es una expresión de libertad que se manifiesta en nuestras decisiones autónomas que deben ser respetadas por los demás. La adhesión a la que nos insiste Washington dice relación con dos acuerdos, uno relativo a la gobernanza regional y el otro a un plan estratégico en el marco del Escudo de las Américas, acuerdo no vinculante suscrito por Chile el pasado mes de septiembre y cuyos alcances van desde lo político a lo económico. Hasta hoy siguen siendo difusas sus implicancias. En esta ocasión el asunto sería más concreto y se insertaría en el corazón de la doctrina “Donroe”, ya que se pretendería que las Fuerzas Armadas de veinte países del continente se transformen en actores claves en el combate al COT. Situación que abre interrogantes trascendentales en el devenir de nuestra soberanía. Sobre todo, respecto al grado de subordinación que nuestras Fuerzas Armadas podrían alcanzar de las directrices o mando de las fuerzas del Comando Sur de los Estados Unidos y del marco jurídico en el cual actuarían sobre terceros territorios. En consecuencia, se valora la posición del ministro de Defensa Nacional, quien -según trascendidos de prensa- no apoyaría la adhesión del país a un compromiso de esta naturaleza, ya que de suscribirse podríamos tener como resultado la relativización de nuestra soberanía nacional y el rompimiento de nuestro apego institucional acerca de la tutela de las normas fundamentales que regulan la convivencia entre las naciones. Entendemos que en el seno del Ejecutivo existen diversas posiciones en la materia, sin embargo, se espera, por el bien de la República, que no se ceda frente a las presiones foráneas y que finalmente no se suscriba ningún acuerdo que signifique una cesión de soberanía, ni tampoco futuras acciones que pudiesen ser constitutivas de violaciones a las normas imperativas y de la regulación internacional en las que participen nuestras Fuerzas Armadas. Por Jaime Abedrapo , Director del Centro de Derecho Público y Sociedad, U. San Sebastián