La frontera invisible entre la razón jurídica y el daño económico

Piense en una planta industrial que fabrica autopartes o botellas de vidrio en el Bajío. Tras años de planeación, créditos bancarios y montaje de maquinaria, la fábrica está lista para operar. Sin embargo, su principal socio comercial rescinde de forma intempestiva el contrato de distribución en exclusiva, o la empresa contratada para construir las naves entrega las instalaciones con fallas estructurales que impiden encender las líneas de producción. La operación queda detenida por completo. Hasta ahí la fotografía del conflicto es muy clara para cualquier director general. Ocurrió un incumplimiento entre privados plenamente comprobable; las máquinas están paradas y la compañía enfrenta pérdidas inmediatas. Estimar los desembolsos ya efectuados no suele ser tan difícil, pues tienden a dejar un rastro más evidente: facturas de construcción, recibos de nómina y los intereses devengados por los créditos bancarios. Aun así, no basta con sumarlos: hay que demostrar su relación con el incumplimiento y evitar contarlos dos veces. El dilema de fondo aparece cuando el pleito no se arregla en una mesa de negociación y escala a un tribunal de arbitraje, un esquema privado donde las partes eligen a especialistas independientes para resolver controversias fuera de los juzgados públicos, cuyas resoluciones pueden ejecutarse en México y en los más de 170 países que forman parte de la Convención de Nueva York. Ahí, la empresa hipotética exige cientos de millones de pesos asegurando que, sin ese tropiezo, habría operado con utilidades crecientes durante décadas, basándose ya no únicamente en lo que perdió, sino también en lo que dejó de ganar, lo que se conoce como lucro cesante. En ese instante, el análisis deja de apoyarse sólo en lo ya ocurrido y entra al terreno contrafactual: la reconstrucción económica de cómo se habría desempeñado el negocio en un mercado real si el incumplimiento jamás hubiera tenido lugar. En la toma de decisiones corporativas suele pasarse por alto que acreditar una falta contractual o legal es apenas el primer paso; el verdadero reto radica en demostrar, con rigor financiero, que esa falta provocó una pérdida económica tangible. Una demanda puede tener un respaldo jurídico contundente y, no obstante, desplomarse cuando sus cifras se alejan de la realidad del negocio. En el arbitraje de inversión, uno de los pocos ámbitos que publican estas cifras de forma sistemática, la distancia entre lo que se pide y lo que se obtiene puede ser significativa. De acuerdo con las estadísticas del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el organismo del Banco Mundial que administra arbitrajes entre inversionistas y Estados, de todos los casos en que un tribunal concedió una compensación desde 1972, en cuatro de cada diez el monto otorgado no llegó a la cuarta parte de lo reclamado, y en uno de cada cinco no alcanzó siquiera la décima parte. Solo uno de cada cinco recibió más de tres cuartas partes de lo que pidió, y eso sin contar intereses ni costas.[1] Estas cifras no prueban que las reclamaciones estén infladas ni que los tribunales recorten de forma sistemática lo que se pide. Lo que sí muestran es que el monto de una demanda dice poco sobre su resultado; lo que pesa es qué tan bien sustentada está cada cifra. La disciplina de reconstruir el negocio que no fue La vía predilecta en las demandas corporativas para reclamar utilidades perdidas consiste en proyectar las ganancias futuras del negocio y traerlas al presente mediante una fórmula matemática que debe reflejar el riesgo de este negocio.[2] El problema surge cuando la hoja de cálculo asume condiciones que no son realistas o no están bien sustentadas en temas como el crecimiento de las ventas, el entorno competitivo y la evolución de costos. Construir un escenario alterno que suponga un mundo idílico compromete la credibilidad del caso frente al tribunal. Los tribunales arbitrales tienden a rechazar la indemnización de lucro cesante cuando el negocio carece de un historial de operación que permita estimar sus utilidades con certeza razonable. Si una planta era nueva, sin contratos de venta firmados ni años de ventas que respalden su rentabilidad, una proyección de flujos a varias décadas suele considerarse especulativa. En ausencia de historial, una proyección de este tipo requiere otros elementos que aporten esa certeza durante el horizonte proyectado, como contratos de largo plazo, precios de mercado observables, capacidad instalada, comparables de la industria o estudios de factibilidad y presupuestos elaborados antes de la disputa. El aprendizaje para las empresas en México Para las corporaciones con operaciones en México, tanto en litigios domésticos como internacionales, esta disciplina resulta indispensable. Pleitos que se prolongan por años consumen presupuestos millonarios en asesores legales y peritos, además de que distraen a los directores generales de atender su negocio ordinario. Obtener un fallo que confirme el incumplimiento de la contraparte, pero que reconozca una indemnización insignificante, representa un quebranto para cualquier compañía. Y el mismo rigor aplica a quien se defiende: negar todo daño sin un escenario alternativo sustentado deja al tribunal con una sola cifra sobre la mesa. El trabajo de los peritos, que son los expertos técnicos y financieros independientes designados por las partes o por el tribunal para evaluar los hechos, consiste en analizar, con independencia y rigor técnico, la relación entre los hechos de la disputa y el desempeño económico del negocio, distinguiendo los efectos atribuibles al incumplimiento de aquellos asociados a otros factores operativos, financieros o de mercado. La credibilidad de una empresa en una disputa no se mide por la cantidad de ceros que pone en la demanda, sino por la solidez con la que sustenta cada uno de ellos. Al final, lo que un tribunal reconoce es la cifra que resiste el contraste con la evidencia. El autor es Managing Partner de Fortantis, firma boutique internacional especializada en cuantificación de daños económicos, valuación y peritaje independiente para arbitrajes y disputas complejas en sectores de capital intensivo. Cuenta con más de 15 años de experiencia en finanzas corporativas y en la cuantificación de daños en disputas en México, Estados Unidos y Latinoamérica.[1] International Centre for Settlement of Investment Disputes. (2026). The ICSID caseload: Statistics (Issue 2026-2), gráfica 24. World Bank Group. Revisado en: https://icsid.worldbank.org/sites/default/files/publications/2026-2_ENG_TheICSIDCaseloadStatistics.pdf[2] Marboe, I. (2017). Calculation of compensation and damages in international investment law (2a ed.). Oxford University Press. Revisado en: https://academic.oup.com/book/9036