Defensoría Penal Pública lanza su primera política de uso responsable de IA

La Defensoría Penal Pública (DPP) aprobó su primera política de uso responsable de Inteligencia Artificial (IA). El objetivo de este instrumento es establecer los principios, responsabilidades y mecanismos de control que regularán la incorporación de esta tecnologías en el trabajo de los defensores. A juicio de la DPP, La política -que se oficializó mediante la Resolución Exenta N° 451 del 19 de octubre de 2026- “constituye uno de los hitos relevantes de la gestión de la defensora nacional, Verónica Encina , al impulsar una transformación tecnológica que busca mejorar la eficiencia institucional y contribuir a una defensa penal de mayor calidad, sin comprometer los derechos y garantías de las personas”. Según explica la institución, la nueva política reconoce el potencial de la IA para apoyar el análisis de información, optimizar procesos administrativos, facilitar tareas de investigación y sistematización de antecedentes y fortalecer las capacidades profesionales de los equipos de defensa. Uno de los puntos clave del documento es que se define que la IA “debe estar siempre al servicio de las personas y del ejercicio profesional de la defensa penal, y nunca reemplazar el criterio jurídico, la responsabilidad ni la independencia técnica de los defensores y defensoras”. Por eso la premisa básica que guía esta política es que “la estrategia de defensa siempre será una decisión humana”. Uno de los aspectos centrales de la nueva regulación es que establece límites expresos al uso de inteligencia artificial en causas penales, resguardando el derecho a defensa, el debido proceso y la relación de confianza entre el defensor y la persona representada. En este sentido, la política determina que ningún sistema de IA podrá definir de manera autónoma la teoría del caso, adoptar decisiones sobre procedimientos o acuerdos, determinar la presentación de recursos, evaluar la credibilidad de antecedentes, entregar el consejo jurídico definitivo ni reemplazar otras decisiones que requieran juicio profesional. Otro de los pilares de la política es la protección de la información personal y sensible de quienes reciben defensa penal pública. Asimismo, la política clasifica los usos de IA según sus niveles de riesgo -bajo, medio, alto e inadmisible- y prohíbe expresamente aquellas aplicaciones que puedan vulnerar derechos fundamentales, generar discriminación, producir evidencia falsa o sustituir decisiones que corresponden a las personas. “La IA representa una oportunidad para modernizar la defensa penal pública, fortalecer las capacidades de nuestros defensores y mejorar el acceso a la justicia. Hemos establecido un límite que es irrenunciable, ninguna tecnología puede reemplazar el criterio profesional, la independencia técnica ni la responsabilidad de quien ejerce la defensa”, explicó la Encina. La líder de la DPP luego enfatizó que “la estrategia jurídica siempre será definida por el defensor o defensora, considerando los derechos y la voluntad informada de la persona representada”. “Nuestro compromiso es avanzar hacia una defensa penal de mayor calidad, utilizando la innovación tecnológica con responsabilidad, seguridad y un profundo respeto por la dignidad de las personas”, finalizó Encina.