Reforma política: a seguir avanzando, la ventana es corta

Toda reforma política implica una tensión permanente entre representación y gobernabilidad. La recién aprobada es un avance razonable para mitigar la hiper-fragmentación, pero aún quedan deficiencias graves por resolver. El binominal permitía construir mayorías previsibles e incentivaba a buscar al votante moderado, pero generaba una paridad parlamentaria difícil de justificar ante resultados electorales desiguales. Las reformas entre 2012 y 2016 inclinaron la balanza hacia la representatividad y eliminaron casi todas las barreras de entrada, para acercar los partidos a la ciudadanía y enfrentar la crisis de legitimidad. Pasó lo contrario. Distritos grandes, pactos que permiten a partidos pequeños entrar de la mano de los grandes mediante un doble sistema proporcional que solo existe en nuestro país, financiamiento público, y el voto voluntario incentivaron la fragmentación. Aparecieron emprendedores políticos que, con un electorado pequeño obtienen escaños y alteran equilibrios parlamentarios de forma irresponsable. La consecuencia: gobiernos obligados a “pirquinear” votos proyecto a proyecto, una democracia inestable y un sistema aún más deslegitimado. El voto obligatorio redujo la fragmentación: tras la elección de 2025, se pasó de 24 fuerzas políticas a 15 partidos en el Congreso. Pero mitigar no es resolver. La reforma pone algunos gramos del lado de la gobernabilidad encareciendo la creación de partidos: exige presencia en ocho regiones, sube los afiliados a un 0,3% del padrón, limita al 50% los independientes por lista y traslada al parlamentario díscolo el costo de cambiarse de partido. Es un avance razonable, pero insuficiente. Proponemos tres ajustes viables. Lo primero, rápido y de bajo costo, es obligar a que el pacto electoral sea también pacto legislativo. Las listas que compiten juntas deberían constituir un mismo comité, y los recursos, el tiempo en sala y las presidencias de comisión se asignarían según su tamaño. No le quita el escaño a nadie, pero hace más rentable cooperar que fugarse y buena parte se resuelve en los reglamentos de cada cámara. En segundo lugar, la reforma trae el garrote, pero falta la zanahoria. Parte de las asignaciones de asesoría legislativa, hoy individuales, podría pasar a los comités. Un diputado que depende de su bancada para tener equipo técnico tendría más razones para votar alineado que uno que solo teme una sanción. Tercero, el umbral electoral, postergado en esta reforma, sigue siendo necesario, pero su aprobación amenaza a incumbentes. La salida es la gradualidad: un 3% en 2029 y un 5% en 2033. Cuando nadie sabe a quién perjudicará una regla, es más fácil acordarla pensando en el sistema y no en la propia reelección. En el sistema político se juegan la confianza y las expectativas ciudadanas, y una reforma profunda puede abrir un forado difícil de cerrar. Cargar la balanza de a poco hacia la gobernabilidad permite corregir sobre la marcha sin sacrificar la representatividad. Por Gonzalo Valdés y Gonzalo Arré, Instituto de Políticas Públicas, Universidad Andrés Bello.