Una pericia policial determinó que la firma consignada en la declaración jurada de postulación de la diputada por San Martín Jacqueline Tapullima , de Juntos por el Perú, no le pertenece, lo que se suma a un examen previo que concluyó que la huella dactilar del mismo documento tampoco corresponde a la legisladora. Según un informe difundido este domingo por Cuarto Poder , los peritos cotejaron firmas originales de la parlamentaria con la rúbrica cuestionada e identificaron nueve diferencias en los trazos, bordes y curvas. La normativa electoral exige que la declaración jurada de candidatura incluya la firma y la huella dactilar del postulante como prueba de su voluntad de participar en los comicios. Consultada por la televisora sobre cómo logró inscribirse si la firma y la huella del documento no le correspondían, Tapullima afirmó que esperará el avance de las investigaciones. La diputada enfrenta, además, una pesquisa abierta a fines de mayo por un presunto delito contra la fe pública, sancionado con entre seis y ocho años de prisión. El informe también identificó a Caroline Bracamonte, una abogada que no figura en la planilla del Congreso ni aparece oficialmente como integrante del equipo de Tapullima, pero que habría desarrollado actividades dentro de su oficina parlamentaria. El registro de visitas consigna 27 ingresos de Bracamonte a ese despacho entre agosto y octubre. Durante ese periodo acumuló 105 horas y 41 minutos en las instalaciones del Legislativo. Una de sus permanencias se extendió por diez horas y 26 minutos. Cuarto Poder difundió, además, conversaciones de WhatsApp atribuidas a la abogada, en las que coordinaría actividades relacionadas con proyectos de ley y documentos legislativos. “Todos somos un equipo y el producto final no es personal, es de todos para la diputada”, señala uno de los mensajes. Una exempleada del despacho afirmó que Bracamonte elaboraba oficios y apoyaba al personal parlamentario pese a no tener contrato, una situación sobre la que, según dijo, alertó a la legisladora. La abogada reconoció que no trabaja para el despacho congresal y explicó que acudía por la amistad que mantiene con Tapullima para formular sugerencias, aunque negó haber desempeñado funciones parlamentarias o elaborado documentos oficiales. Al ser consultada nuevamente sobre estos hechos, la congresista se limitó a responder al reportero: “Haga su investigación”. La legisladora no registra estudios superiores, trayectoria partidaria ni postulaciones anteriores. Tampoco consigna ingresos ni propiedades. Fuentes oficiales consultadas previamente por el programa señalaron que su incorporación a la lista habría tenido como único propósito cumplir con el requisito de paridad de género. “En todo el tiempo que siempre he estado realizando estas diferentes campañas con la gente que conocemos y no le conocían, tampoco nos sabían. Solamente decían Jackeline, pero no sabíamos quién era”, declaró Victoria Mejía, simpatizante de la agrupación. “También había colgado algunas fotos en las redes sociales, aparentando para poder engañar de esa manera, falsamente, a la gente diciendo que ella hizo campaña. Ella no hizo campaña en ningún momento y siempre voy a ser clara y decir las cosas como son. Ella siempre ha dicho que no tiene plata para la campaña”, agregó.
Una pericia policial determinó que la firma consignada en la declaración jurada de postulación de la diputada por San Ma



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