Defensor de la Niñez expone ante la CIDH y acusa falta de respuesta del Estado en la protección de niños migrantes

El defensor de la Niñez, Anuar Quesille , expuso este martes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ocasión en la que acusó falta de respuesta del Estado chileno en la protección de niños migrantes. Lo hizo en el marco de la audiencia temática del 197° Período de Sesiones de la CIDH, solicitada por la propia Defensoría, que tuvo lugar en Ciudad de Panamá. En concreto, apuntó que existen una serie de barreras administrativas, suspensión de solicitudes de reunificación familiar y falta de coordinación entre organismos públicos, lo que afecta -dijo- el derecho de niños, niñas y adolescentes migrantes a vivir junto a sus familias. El defensor presentó antecedentes para dar cuenta, por ejemplo, de las dificultades que enfrentan especialmente las familias haitianas. Entre ellos, destacó que, al 2 de septiembre de 2026, el Servicio Nacional de Migraciones había reconocido la suspensión de más de 3.574 solicitudes de reunificación familiar de personas haitianas , debido a dificultades para verificar documentación y a problemas de gestión consular en Haití. “Cuando hablamos de solicitudes de reunificación familiar suspendidas, no estamos hablando solo de trámites administrativos. Estamos hablando de niños y niñas que siguen esperando reencontrarse con sus familias. El tiempo que pasan separados de sus padres no se recupera. El Estado debe verificar los antecedentes y garantizar procesos seguros, pero no puede permitir que las dificultades administrativas terminen afectando el derecho de los niños a vivir junto a sus familias”, señaló. Asimismo, dando cuenta de antecedentes del Observatorio de Derechos , Quesille señaló que entre 2022 y 2024 los trámites de reunificación familiar de niños “demoraron en promedio 299 días, plazo que llegó a 330 días en el caso de la niñez haitiana”. Además, planteó que “ a ello se suma la práctica del Servicio Nacional de Migraciones de archivar solicitudes de visa de niños indocumentados , pese a que el decreto número 177 del Ministerio del Interior establece expresamente que la ausencia de documentación de origen no constituye un impedimento para la regularización migratoria de un niño o una niña”. “La expresión de este enfoque punitivo se observa en la aplicación de la categoría de hijo de extranjero transeúnte. Entre 2022 y 2024 se registraba en promedio una inscripción mensual bajo esta categoría excepcional. No obstante, tras dictarse una nueva circular administrativa en abril del año 2026, el promedio aumentó a 24,3 inscripciones mensuales, alcanzando 97 niños inscritos en apenas cuatro meses, más que todas las inscripciones acumuladas en los cinco años anteriores”, añadió. En su intervención, Quesille enfatizó que el derecho del Estado a controlar sus fronteras y regular la migración debe ejercerse “respetando los derechos de niños, niñas y adolescentes”. Por otra parte, recordó que la Policía de Investigaciones informó en 2025 que no contaba con protocolos específicos para el ingreso seguro de niños, niñas y adolescentes con visas de reunificación familiar, utilizando procedimientos generales de control migratorio.. “Hemos acudido a la Comisión Interamericana porque estas situaciones no pueden seguir resolviéndose de manera reactiva. Chile necesita una respuesta permanente, con instituciones coordinadas, responsabilidades claras y seguimiento efectivo de cada caso. Lo que estamos solicitando es que el Estado garantice el derecho de los niños y niñas migrantes a vivir en familia y que las medidas que adopte efectivamente los protejan. La protección de la niñez no puede depender de cómo se resuelva cada contingencia migratoria”, enfatizó. Ante esta situación, Quesille solicitó seguimiento internacional a las medidas que debe adoptar el Estado de Chile para garantizar la protección de los NNA migrantes en el país. Y planteó que el Estado debe entregar información pública sobre las solicitudes de reunificación familiar, implementar protocolos especializados para el ingreso seguro de niños y establecer una instancia permanente de coordinación interinstitucional que permita verificar y hacer seguimiento de sus condiciones de protección. La institución también llamó a promover un discurso público que evite la estigmatización de niños, niñas y adolescentes migrantes y sus familias, destacando que la identificación de eventuales irregularidades debe traducirse en mejores mecanismos de protección y no en restricciones generalizadas al ejercicio de sus derechos.