Crisis debe detonar limpieza electoral

Consejera electoral del IEEM . Las instituciones electorales del país pasan por un momento crucial. En pleno desarrollo del proceso electoral, donde se renovarán en todo el país 19 mil 600 cargos de representación popular de diferentes niveles, desde gubernaturas, diputaciones federales, locales, presidencias municipales y sindicaturas. La renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) pone en evidencia algo que finalmente estalló en 2026, pero que no es nuevo, ni de ahora, sino que viene arrastrándose de años atrás en un INE que perdió la brújula del concepto de ciudadanía con el cual se creó el otrora Instituto Federal Electoral (IFE), como exigencia de los y las mexicanas. La corrupción en las instituciones no se genera instantáneamente, deriva de prácticas que son toleradas y que no son denunciadas. Lemas como “así siempre se ha hecho y está bien” se mantienen como parte de las prácticas cotidianas en la toma de decisiones. Personas que llegan a los cargos públicos sin haber sido parte de la burocracia electoral, y que arriban con cierto ánimo de cambio, son cooptadas y seducidas por los privilegios, motivo por el cual deciden callar y asumirlos. Lo que ocurre en el INE no es nuevo. Es algo que se debe reconocer, no es que no existieran malas prácticas. En el pasado hubo notas periodísticas, donde se hizo referencia a los gastos erogados por exconsejeros por casi dos millones de pesos en comidas que, si bien no rebasaron lo que tenían para ese gasto, como lo refiere la información periodística, deja ver la serie de privilegios que se lograron concentrar en este tipo de cargos que ejercen recursos públicos. Otras más son las irregularidades que fueron detectadas en el período de 2014 a 2019 por más de 400 millones de pesos. Los viajes a Nueva York y Washington sin tener claridad de si se justificaba ese gasto e incluso el señalamiento de algunas de las empresas que casualmente son las mismas que están señaladas actualmente y que se encuentran ligadas no solo a contratos con el INE, sino con Organismos Públicos Locales. Sin duda el tema tenía que llegar a los institutos electorales locales, porque, es cierto, existe un oligopolio de empresas que se dedican a la fabricación de los materiales y documentación electoral. En cada proceso electoral, la demanda es muy alta por parte de los organismos locales electorales para que se pueda garantizar el contar con urnas, marcadores, paquetes electorales, actas de la jornada electoral, actas de escrutinio y cómputo que sirven para el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). Además de sobres para boletas sobrantes, canceles electorales portátiles, y marcadoras de credenciales por mencionar sólo algunos artículos. En segundo lugar, es muy grave la limitada transparencia, el déficit en los mecanismos de control que no permiten que la ciudadanía y los medios de comunicación puedan observar paso a paso los procedimientos de adquisiciones. Y tercero, la falta de auditorias externas y que las auditorias estatales sí cuenten con información, cumplan su función y no cedan a las complicidades, todo eso evitará que exista espacio para la corrupción. También existe una mala práctica que debe erradicarse en la medida de lo posible. Consiste en adquirir a través de los procedimientos de excepción que tiene la Ley, como son la invitación restringida, la adjudicación directa o las compras hechas por adjudicación directa por Comité, justificando las mismas por urgencia, por ser un proveedor único, situaciones extraordinarias o procedimientos casualmente declarados desiertos. Por supuesto, también se debe evitar el fragmentar las compras de grandes volúmenes. En el caso del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), por ejemplo, en 11 años que van de 2015 a la fecha se han hecho 658 adjudicaciones directas y solo 137 licitaciones públicas nacionales, más 190 invitaciones restringidas y 554 adjudicaciones directas por Comité, la cifra de la excepción es mucho mayor a la regla general que debe aplicarse. Hablando de contrataciones de material y documentación electoral, el IEEM ha contratado a empresas como Seriplast en 2012, por un millón 685 mil 73.51 pesos. A Formas inteligentes en 2015 por 24 millones 498 mil 532.88. En 2018 por 66 millones 889 mil 850.02, en 2024 por 100 millones 556 mil 283.43, y en 2025, 150 millones 610 mil 66.48. Gráficos Corona en 2021 por poco mas de 89 millones, y en 2023 por 9 millones 911 mil 769.72. Y a Corporativo Zeg en 2023 por poco mas de 8 millones y recientemente Cajas Graff por 16 millones 897 mil 543.45 pesos. Po ello, esta crisis que enfrentan las instituciones electorales representa una gran oportunidad para eliminar a los oligopolios de material y documentación electoral. Implica llevar a cabo auditorías externas y de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) en las instituciones electorales que tuvieron contratos, no de hoy, sino de años atrás con las empresas señaladas, además de generar controles más transparentes que permitan que la sociedad civil vigile cómo se contratan los bienes y servicios de las instituciones. Y también revisar el modelo de selección de las consejerías de los Organismos Públicos Locales, pues es un modelo agotado que exige regresar a la esencia de los organismos autónomos electorales, donde se priorice la ciudadanización de los mismos. ***