Corte Suprema remueve a Daniel Urrutia y purga por viajes con licencia médica asciende a 18 jueces expulsados

La purga judicial acaba de registrar un momento de especial tensión al interior del Poder Judicial. Luego de un largo proceso que tuvo más de algún obstáculo, tras el regreso de las vacaciones del ministro (s) Roberto Contreras , el pleno de 18 ministros de la Corte Suprema culminó la votación del cuaderno de remoción del juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago Daniel Urrutia, y por mayoría tomó el acuerdo para expulsar al magistrado del Poder Judicial . Junto con eso, se decidió remover a otros dos jueces más, por lo que la cifra final de la purga Suprema llegó a 18. La decisión del máximo tribunal pasará a la historia de la judicatura como una de las decisiones disciplinarias más duras de las últimas décadas. Si bien Urrutia se suma al listado de los otros 17 jueces que sufrieron el mismo destino, su caso es especialmente sensible al interior de la magistratura. De hecho algunos judiciales, en privado, habían deslizado previamente que todo el proceso de los cuadernos de remoción por licencias médicas -abierto en función del artículo 80 de la Constitución- en realidad tenía como objetivo sacar del camino a Urrutia, quien con sus años judiciales se había transformado en un juez extremadamente incómodo para sus pares y superiores. Por lo mismo hay quienes creen que esta decisión podría lesionar la independencia interna del Poder Judicial. Las mismas fuentes, que han sido críticas del proceso del máximo tribunal desde el inicio, estiman que esta remoción se trataría de una vendetta contra el magistrado, quien además goza de reputación en el exterior, sobre todo en sectores de izquierda. Algo que además se ha manifestado de forma especial en el sistema interamericano de derechos humanos. Pese a los reparos, fuentes del pleno de la Suprema comentan que la decisión solo responde a su conducta. Esto, debido a que los supremos no quisieron hacer vista gorda a lo que consideran una grave falta a la probidad, es decir, al hecho acreditado de que viajó a Costa Rica y Ecuador con licencia médica. Ese antecedente, para el pleno, habría implicado concluir que Urrutia registraba mala conducta y, por lo tanto, su permanencia en la judicatura se hacía insostenible. Previamente, Urrutia había enfrentado varios sumarios, pero ninguno de ellos había derivado en sanciones especialmente gravosas en su contra. En varios procesos disciplinarios había salido indemne, y solo en un par de procesos tuvo sanciones en su contra, pero todo siempre al límite, nada que lo acercara a una posible remoción. Pero los dos viajes que registró al extranjero con licencia médica -uno a Costa Rica en 2020 y otro a Ecuador en 2022- terminaron siendo letales, sellaron su destino y le pusieron fin a su trayectoria judicial. Pese a que la votación se mantendrá secreta hasta que se despache la sentencia, fuentes judiciales comentan que es probable que dentro de los 11 votos necesarios para remover estarían las supremas Gloria Ana Chevesich , María Cristina Gajardo , Jessica González , Soledad Melo y el de los supremos Ricardo Blanco , Arturo Prado , Manuel Valderrama , Jean Pierre Matus , Omar Astudillo y Gonzalo Ruz . A ellos se habrían sumado los votos de las ministras suplentes que, excepcionalmente, fueron llamadas a resolver este caso pendiente: Carolina Catepillán y Eliana Quezada. La dura decisión que acaba de tomar la Suprema es un remezón para el Poder Judicial. Si bien varios judiciales estaban esperando una decisión así, por estar más que saturados del estilo de un juez que se ha catalogado en algunos círculos como “el niño terrible”, otros lo ven con suspicacia debido a que consideran que se utilizó este proceso para sacar a un juez incómodo. Pero independiente de las reacciones que esto genere, lo cierto es que su expulsión es solo una más dentro de un proceso más amplio en que, según los supremos, se “juzgó a todos por igual” haciendo un “análisis caso a caso según su mérito”. Ahora Urrutia quedará suspendido de su cargo a la espera de que sea notificado del fallo que deberá redactarse en las próximas semanas. Tal como ha sido su estilo en los últimos años, todo indica que Urrutia no se quedará de brazos cruzados y buscará la manera de alegar en contra de su resolución. De hecho, ya ingresó previamente un recurso para anular la votación, debido a que, según la defensa de Urrutia, no se respetó el orden de votación que exige el Código Orgánico de Tribunales. Dicha nulidad fue vista por el pleno de este miércoles y se decidió convocar a un tribunal ordinario para resolverla. Más adelante, tras agotar los recursos por la vía doméstica, el magistrado tendrá a su disposición el largo camino internacional, específicamente el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una sede que conoce más que bien y en donde posteriormente, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya registra un triunfo a su favor. “Esta decisión ha sido tomada por probablemente la Corte Suprema con mayores problemas de corrupción en la historia de este país. Con tres ministros que tienen la calidad de imputados, en causas en las que Urrutia es querellante y donde se ha sometido a los jueces a un juicio ético por una integración del pleno que probablemente tenga muy poco de ética”, dijo su defensor Carlos Quezada . “Esta historia aún no termina”, añadió. Polémico historial El historial de controversias que han tenido Urrutia como protagonista comenzó a escribirse hace años. Entre los primeros episodios que registró está el que surgió a fines de 2004, cuando remitió a la Corte Suprema un informe que elaboró al cursar un diplomado en Derechos Humanos, donde proponía una serie de medidas de reparación por el rol del Poder Judicial durante la dictadura. A raíz de ello, la Corte de Apelaciones de La Serena lo sancionó con una censura por escrito, aunque posteriormente la Suprema le redujo la medida a amonestación privada y, más tarde, la dejó sin efecto. Producto de la situación, el magistrado recurrió en 2005 a la Comisión Interamericana de DD. HH., acusando una serie de vulneraciones y, finalmente, en 2020 la Corte Interamericana de DD.HH. declaró al Estado de Chile responsable por vulnerar los derechos del juez. En 2013, Urrutia también acaparó miradas al ser el juez que se pronunció sobre las cautelares que inicialmente debía cumplir una mujer que escupió al entonces presidente Sebastián Piñera , en el velorio del sacerdote Alfonso Baeza . El magistrado consideró que el hecho era una falta de respeto a la autoridad, pero no un delito de atentado contra la autoridad, por lo que no impuso cautelares. Una decisión que luego fue revocada por la Corte de Apelaciones de Santiago. Ese mismo año, Urrutia impulsó que personas en prisión preventiva pudiesen votar, lo que fue replicando los años posteriores. Por ello le abrieron investigaciones disciplinarias, pero la Corte de Santiago lo sobreseyó. Más o menos en la misma época, el juez comenzó a ser objeto de acusaciones de maltrato por parte de funcionarios del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, quienes advertían “hostigamientos y demostraciones de poder, del todo injustas y oprobiosas”. Se le iniciaron una serie de sumarios y en 2016 la Corte de Apelaciones de Santiago designó a la hoy ministra de la Corte Suprema Adelita Ravanales como visitadora del tribunal. También en 2016, Urrutia fue denunciado por prevaricación, tras su decisión de sobreseer definitivamente una causa por desórdenes públicos vinculados a una protesta de Andha Chile. Dados los pronunciamientos que ha emitido, Urrutia ha sido inhabilitado en diversas ocasiones en causas vinculadas a Carabineros. En 2020, por ejemplo, comparó el caso en que fue imputado el mayor Humberto Tapia , por disparar perdigones, con el de Matías Catrileo . También recibió una serie de reproches por dejar en libertad, durante la pandemia, a imputados vinculados a la primera línea. La Corte de Santiago revirtió la determinación y le abrió un sumario. “La mantención de prisión preventiva en los casos del estallido social tiene un alto componente político. Por eso yo sostengo que hay presos políticos. Si hay casos que bajo delitos iguales en otro tiempo no estaban en prisión preventiva y ahora sí lo están, es sólo por un tema político”, fueron algunas de sus frases. Por este sumario, como medida provisoria, fue sacado de su tribunal y por tres meses estuvo trabajando en uno de cobranza laboral y previsional. Tiempo después sumó otra polémica en medio de la presentación de una querella contra el expresidente Piñera por hechos ocurridos durante el estallido, ahí quedó inhabilitado, y en respuesta se querelló por prevaricación contra sus superiores, los ministros de la Corte de Santiago. En julio de 2023, tras ser suspendido seis meses en la Asociación de Magistrados, Urrutia renunció al gremio. Eso sí, se mantuvo como dirigente de la mano de la Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales (OTJ). Ese fuero de nada le sirvió para librarse de la remoción, ya que previamente el pleno de la Suprema determinó que respecto de un proceso por el artículo 80 de la Constitución no valía dicha protección gremial. En 2024, además, recibió fuertes reproches por conceder solicitudes de imputados privados de libertad ligados al crimen organizado, que requerían videollamadas, visitas íntimas, entre otros. Ahí también la Corte de Santiago le abrió una investigación administrativa.