Reos que fueron beneficiados por Justicia recibieron, en promedio, una rebaja de 14,7 meses en condenas por delitos sexuales

A cuentagotas se ha ido conociendo la información, desde la semana pasada, sobre los beneficios penitenciarios entregados por el Ministerio de Justicia para reducir la pena bajo la que estaban sujetos 56 condenados por diferentes delitos de connotación sexual en contra de menores de edad. Hasta ahora, según dio a conocer radio Bio-Bio, se ha podido saber el detalle de 33 de esos decretos, los que entregan mayor información respecto al perfil de los reos, los beneficios que recibieron y hasta quiénes firmaron la reducción de condena. La información, pese a la polémica, aún no ha sido dada a conocer en su totalidad por el gobierno, ya que todavía no existe claridad respecto a los detalles de los decretos que efectivamente Justicia visó, así como tampoco el actual estado procesal de quienes fueron beneficiados con esta reducción de sus penas. Los beneficiarios En términos generales, de esos 33 casos, todos corresponden a hombres condenados por delitos sexuales. De ellos, 18 casos son sujetos acusados del delito de abuso sexual, otros siete por violación y los ocho restantes por ambos ilícitos. En todos esos casos, las víctimas son menores de edad. Respecto a las condenas, los 33 acusados promediaban una pena de 8,7 años de cárcel, con una variación que parte en una condena de 541 días de presidio, hasta un caso en el que se condenó a un hombre a 22 años y un día de cárcel por los delitos de estupro, abuso sexual y violación. El rango, en promedio, es de 5 a 10 años de presidio por los delitos de connotación sexual. Sobre las polémicas reducciones de penas, los beneficios otorgados van desde la disminución de tres hasta 30 meses de reducción de condena. Según las disminuciones otorgadas a los 33 casos conocidos, se promedia una rebaja de 14,7 meses de pena para dichos reos. El menor de los beneficios, el de tres meses, fue otorgado a Juan José Soto , un hombre condenado a 541 días por el delito de abuso sexual en contra de un menor de edad, es decir, la pena de dicho reo quedó en 451 días de presidio. Los firmantes El conocimiento de los 33 decretos también ha permitido conocer quiénes son las autoridades que visaron dichos beneficios. Aquello, da cuenta que no sólo el ministro Rabat firmó los actos administrativos, ya que también existen otros nombres a los que la oposición ha aprovechado de apuntar sus dardos. De acuerdo a la misma publicación de Radio Bio-Bio, de 33 de los decretos un total de 22 fueron visados no sólo por Rabat y otros 10 fueron firmados por el subsecretario de Justicia, Luis Silva (Republicanos). Respecto del subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira (RN), él solo firmó un decreto y lo hizo solo porque había un fallo que obligó a Justicia a hacerlo. A ellos también se han sumado los tres actos visados, según dio cuenta Interferencia, por el jefe de la División Judicial, Patricio Cuevas (Republicano). La explicación apunta al orden de subrogancia. Dicha cadena establece que deben ser firmados por Rabat, pero cuando el ministro está ausente, lo subroga Silva. Si ninguno de los dos está, entra Mira. La aparición de Cuevas se explica porque el abogado durante varios meses era quien subrogaba a Silva. En el caso de los 22 decretos firmados por Rabat, destaca el de Caamaño, el hombre condenado a los 22 años de cárcel. También recibió la firma del titular de Justicia, Germán Leas , condenado a 20 años por violación y abuso sexual y quien recibió una rebaja de 36 meses en su condena. El resto de los reos cuya pena fue rebajada por los decretos firmados por el ministro, se encuentran casos cuyas condenas van desde los 5 años de cárcel y hasta los 22 años. De los diez casos firmados por Silva, el que mayor pena tenía era Juan Aceval , condenado a más de 12 años de cárcel por abuso sexual de un menor de edad y quien recibió una rebaja en su condena de 27 meses. Casos mediáticos Pero algunos de los nombres que se conocieron tras las polémicas rebajas, en más de una ocasión ya habían causado revuelo público. Uno de esos casos se remonta a fines de 2005, cuando el pastor evangélico de Talcahuano, Luis Alberto Caamaño Mora (75), conocido como el Hermano Quelo, ingresó a cumplir prisión preventiva a la cárcel El Manzano, luego de que la Fiscalía Regional del Biobío le imputara los delitos de violación, estupro y abusos sexuales contra tres menores de edad, de entre 10 y 16 años de edad. Según los reportes de ese entonces, en su condición de autoridad religiosa, Caamaño decía a sus víctimas que obtendrían “la salvación eterna” si no denunciaban los abusos. Finalmente, terminó siendo el padre de una víctima quien denunció los delitos. En su paso por la cárcel se convirtió en líder religioso en los módulos destinados a esos efectos. Fue condenado a penas que sumaban 22 años y un día. Su beneficio redujo su pena en 30 meses en un decreto firmado por el propio ministro Rabat. Otro de los beneficiados es Gabriel Hernán Reyes Rebolledo , quien cumplió 80 años el 15 de octubre. Reyes había pedido un indulto conmutativo en abril de 2020, cuando la pandemia por coronavirus estaba en su momento más candente. El condenado a 15 años por violación y abuso sexual de menor de 14 años, quien se encontraba cumpliendo su pena en el CDP de Petorca, señaló ser paciente crónico de hipertensión arterial y mantener una “conducta muy buena”. Sin embargo, se le negó con el argumento que su vida no se encontraba en riesgo. No solo mantiene delitos sexuales en su registro, también cuenta con antecedentes por robo con fuerza. Había comenzado a cumplir su condena en enero de 2014. Entre los beneficiados también hay un exmilitar. El 17 de febrero de 2015 el Tribunal de Juicio Oral de Los Andes sentenció a José Luis Hernández Paredes , en ese entonces cabo activo de Ejército, a 16 años por violación, abuso sexual y exhibición de material pornográfico. Fue acusado por el Ministerio Público por abusar de dos hijas de colegas militares sin perjuicio de que uno de esos cargos fue desestimado por el tribunal. Las denuncias recayeron sobre el exuniformado en 2012, en un caso que primero fue llevado por la Justicia Militar. Los ataques se produjeron al interior de un dormitorio de una casa que el regimiento facilitaba al cabo. El condenado daba regalos a las víctimas para que no revelaran los abusos. Las víctimas, según la acusación, en ese entonces tenían 6 y 7 años, y una de ellas sufrió abusos por unos cinco años. Fue condenado a 16 años de cárcel.