SEÑOR DIRECTOR: Las licencias médicas son parte del tratamiento y una herramienta valiosa para recuperar la salud. Su uso indebido y el lucro de quienes las emiten sin fundamento han dañado su legitimidad. Fiscalizar y sancionar estos abusos es indispensable. Ojalá la disminución de licencias por salud mental refleje menos fraude y una población más sana. Pero una baja en su emisión no demuestra, por sí sola, una mejoría en la salud mental. El reporte de la Suseso de enero a septiembre de 2026 se centra en licencias de origen común. Sin embargo, no debemos desatender la salud mental laboral: aunque aún no hay cifras comparables para 2026, en 2025 el 76% de las enfermedades profesionales correspondió a trastornos de salud mental. Casi ocho de cada diez. Salud, administración pública y educación, sectores con alta participación femenina, concentran estas patologías. Para dejar de contar personas enfermas, debemos cambiar las condiciones que las enferman. Los liderazgos destructivos y la violencia se asocian a más del 50% de los casos. Las jefaturas deben ejercer autoridad sin dañar y gestionar conflictos: estos son inherentes a las organizaciones; la violencia no. El desafío es profundo. Los cambios normativos, culturales y tecnológicos desestabilizan la autoridad en la familia, la escuela y el trabajo, con consecuencias para la regulación social, la violencia y la salud mental. Urge fortalecer formas legítimas de autoridad que permitan criar, educar y producir sin violencia, y promover relaciones laborales saludables que prevengan el daño a las personas y sus altos costos para las organizaciones y el Estado. Fiscalizar licencias es esencial; transformar el trabajo que enferma también lo es. Elisa Ansoleaga IP, Instituto Milenio ASOR, Investigadora PEPET-UDP
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